Reinado de Amadeo de Saboya (1871-73)

Asesinato del general Prim (28 de diciembre de 1870)

En la tarde del 27 de diciembre de 1870, Prim fue a las Cortes para votar sobre el presupuesto de la nueva Casa Real. Al terminar la sesión, se entretuvo un rato hablando con algunos diputados. Quedó con uno de ellos en que aquella noche asistiría a un banquete organizado por una sociedad masónica en la fonda de Las Cuatro Estaciones; pero lo haría a la hora de los postres, después de cenar en casa con su familia. A las siete y media de la tarde, Prim subió a un carruaje tirado por dos caballos. Se dirigía a su residencia del palacio de Buenavista, que hoy es el Cuartel General del Ejército. Era un trayecto corto, de menos de un kilómetro de distancia. Lo acompañaban su secretario personal, González Nandín, y su ayudante, el general Moya.

Por increíble que parezca, Prim no tenía escolta. Los miembros de su círculo más próximo siempre intentaban convencerlo de la necesidad de protegerse, y con razón: en una época tan convulsa, era una temeridad que el primer ministro no tuviese guardaespaldas; el riesgo de que un adversario político atentase contra su vida era muy elevado. Pero Prim siempre había despreciado al peligro. No tenía miedo; sus enemigos lo sabían, y se aprovecharon de este exceso de confianza.

La noche había caído sobre Madrid, y una nevada densa cubría la ciudad. El carruaje de Prim avanzaba hacia su destino sin incidencias. Pero, al llegar al cruce entre la calle del Sordo (actual Zorrilla) y la del Turco (actual Marqués de Cubas), otros dos vehículos se atravesaron en la vía. Uno se colocó delante de la berlina de Prim, y otro detrás. Entonces, el general y sus acompañantes oyeron un silbido. Era una señal: les habían tendido una emboscada.

Desde el interior del carruaje, Moya vio a unos hombres. Se dirigían hacia ellos, e iban armados. Entonces, alertó a Prim: «¡Mi general, nos hacen fuego!».

Uno de los asaltantes rompió el cristal del coche de Prim e introdujo el cañón de su arma por la ventanilla. Nandín intentó proteger a Prim poniéndose entre él y el atacante. Pero esto no detuvo a los tiradores. Varios disparos de trabuco entraron por los dos lados del carruaje, e impactaron en el cuerpo del primer ministro y en la mano de su secretario. El cochero empezó a agitar su látigo contra los agresores, y consiguió abrir paso para que el carruaje saliese de la encerrona. A toda prisa, el coche avanzó hacia la calle Alcalá, y desde allí se dirigió al domicilio de Prim. No había tiempo que perder.

El general Prim estaba herido, pero respiraba. Según algunas fuentes, consiguió entrar en su casa por su propio pie, apoyándose en la barandilla con su brazo ileso, y dejando un reguero de sangre a su paso. Los médicos que lo visitaron enseguida comprobaron que Prim tenía varias heridas; las más graves estaban localizadas en su hombro izquierdo. Los médicos pasaron horas intentando extraer los proyectiles del cuerpo del primer ministro y tapándole las heridas con emplastos. Aunque el ataque había sido violento, en aquel momento no parecía que la vida de Prim corriese peligro. Así que las autoridades transmitieron a la población un comunicado tranquilizador, que decía lo siguiente: «El presidente del Consejo de Ministros ha sido ligeramente herido».

Nandín, el secretario personal de Prim, tenía la mano destrozada. Los médicos consiguieron salvársela, y no hubo que amputar, pero le quedó inservible de por vida.

En los días siguientes al atentado, la información sobre el estado de salud de Prim siguió siendo esperanzadora. El día 30 de diciembre, por la mañana, se emitió un comunicado que decía: «El estado general del enfermo es satisfactorio, y las heridas se presentan en situación favorable».
Pero ese mismo día, por la tarde, las cosas se complicaron. Prim tenía fiebre muy alta, y no había manera de bajársela. El cirujano más reputado de Madrid, Melchor Sánchez de Oca, fue llamado para atenderlo de urgencia. Pero era demasiado tarde. A las ocho y media, y entre delirios y sudores, Prim falleció.

El diagnóstico sobre la causa de la muerte del general Prim era claro: septicemia. Las balas que se habían incrustado en su cuerpo habían arrastrado residuos, causándole una infección generalizada. Entre esos residuos había restos del abrigo de piel (se dice que era de oso) que Prim llevaba puesto en el momento del ataque. A pesar de los esfuerzos de los médicos que lo atendieron, los medios disponibles en aquella época no pudieron salvar la vida del jefe de gobierno de España.

Las hipótesis sobre quién había disparado a Prim habían empezado a correr en cuanto se supo del atentado, y no hacían más que multiplicarse. La investigación oficial, que alcanzó los 18.000 folios, señaló como autor material del asesinato a José Paúl Angulo, un diputado federalista andaluz. Paúl había apoyado a Prim en la revolución de 1868, pero más tarde se convirtieron en rivales ideológicos. Paúl, que era republicano, llegó a atacar a Prim y a amenazarlo de muerte a través del diario que dirigía. Según el sumario judicial, Moya, el ayudante personal del general que viajaba con él en el coche, dijo ser “la voz de José Paul y Angulo la que ordenó fuego”. Paúl fue llevado a juicio, pero, aunque había indicios que lo implicaban en el atentado, fue imposible reunir pruebas sólidas contra él. González Nandín, que les acompañaba, afirmó que la voz pertenecía a “una persona de discreción” que no era Paul y Angulo. Así, el misterio del asesinato del general Prim quedó sin resolver.

Llegada de Amadeo de Saboya a España

El reinado de Amadeo I “no pudo abrirse con peores pronósticos” porque nada más arribar a Cartagena el 30 de diciembre de 1870 le comunicaron la noticia de que el general Prim, su principal valedor, había muerto víctima de un atentado que había tenido lugar en Madrid tres días antes cuando se dirigía del Congreso a su domicilio. El marqués de Dragonetti, su ayudante de campo, le aconsejó in situ que renunciara al trono, sin ni siquiera bajar del barco, pero Amadeo, impulsado por un estricto sentido del deber, se reafirmó en su compromiso de ser rey de España.

Este hecho privó a Amadeo I de un apoyo indispensable, sobre todo en los primeros momentos, y que habría sido decisivo si tenemos en cuenta que el progresismo acabó escindido entre los dos herederos de Prim, Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla.

El nuevo rey entró en Madrid el 2 de enero de 1871; su recibida fue gélida en todos los sentidos. Había nevado mucho y la ciudad estaba conmocionada por el reciente magnicidio de Prim. Las calles estaban vacías al paso de la comitiva del nuevo rey, que se empeñó en entrar a caballo, seguido por el general Serrano, su regente. Sus primeros actos fueron las conmovedoras visitas a la capilla funeraria del general Prim, en la iglesia de Atocha, y a su viuda, en el palacio de Buenavista, a la que escuchó decir que los asesinos y opositores al reinado estaban más cerca de lo imaginado. De allí se dirigió a las Cortes, donde Amadeo I juró la Constitución de 1869 e inició oficialmente su reinado rodeado de enemigos.

Gobierno de Serrano (4 de enero al 24 de julio de 1871)

Faltando el principal elemento que podría haber hablado en España para apoyar su autoridad, Amadeo de Saboya tuvo que recurrir al general Serrano para que constituyera su primer ministerio el 4 de enero. Las dificultades eran enormes. No solo carlistas, republicanos y alfonsinos le recusaban, sino que en el ambiente general del mundo aristocrático, el religioso y hasta gran parte del popular lo rechazaban por extranjero. Serrano llama para la Cartera de Estado a Cristino Martas; para la de Gracia y Justicia, a Augusto Ulloa; para la Marina, José María Beranger; para Hacienda, a Segismundo Moret; para Gobernación, a Práxedes Mateos Sagasta; para Fomento, a Manuel Ruiz Zorrilla; y para Ultramar, al poeta Adelardo López de Ayala. La Cartera de Guerra se la reservó el general Serrano para sí.

Se les antojó exigir a los funcionarios públicos el juramento de fidelidad al nuevo Rey. Esto provocó disgustos, pues se niegan a ello autoridades civiles, eclesiásticas y militares. El Gobierno trató entonces de imponerse por medio de exoneraciones, destierros y prisiones. Había grandes dificultades dentro del mismo Ministerio, ya que progresistas y demócratas dirigidos por Ruiz Zorrilla pretendían eliminar la influencia y presencia de los unionistas, que consideran como una rémora conservadora. El Ministerio, en estas condiciones, estaba condenado a morir muy pronto, como así ocurriría.

En el ambiente español provocaron gran alarma los acontecimientos desarrollados en Madrid el 18 de mayo, por lo que no se sentían defendidos los intereses materiales ni morales por la monarquía existente, expuesta siempre a un momento de furia de los republicanos. Entonces no se diferenciaba del socialismo, pues ya lo propugnaba Pi y Margan, separándose del federalismo no socialista que defendía Castelar; ni el moderantismo de Figueras, de la exaltada declamación antirreligiosa de Suñer y Capdevila.

Llevaba el Gobierno una vida precaria. Había convocado las elecciones. Los resultados les fueron contrarios a la estabilidad ministerial. En las provinciales, ganaron las oposiciones, y con mucho alambicar se pudo considerarlas favorables al Gobierno. En las generales, la coalición gubernamental obtuvo 235 escaños (130 eran progresistas, 80 eran unionistas “fronterizos” o “aostinos” y unos 20 eran demócratas monárquicos), los republicanos 52, los carlistas 51 y 18 los moderados. Por su parte, los unionistas disidentes de Ríos Rosas obtuvieron 7, que seguían defendiendo la candidatura del duque de Montpensier, y los de Antonio Cánovas del Castillo, que defendían los derechos del príncipe Alfonso de Borbón, hijo de la reina destronada Isabel II, obtuvieron 9 escaños.

La acción de los gabinetes se vio bloqueada por las constantes y agrias discusiones entre los sagastinos y zorrillistas, sin que el Rey impopular, desconocedor de la política española y que apenas hablaba castellano, pudiera intervenir de una manera decisoria.

Así, en el verano de 1871, tan solo seis meses después de formado el gabinete, el general Serrano se vio obligado a dimitir, cansado de enfrentamientos. El 15 de julio de 1871 los ministros demócratas y progresistas “radicales” Martos, Ruiz Zorrilla, Beránger y Moret dimitieron para poner fin al gobierno de conciliación de Serrano.

Primer gobierno de Ruiz Zorrilla (julio a octubre de 1871)

El Rey, que seguía siendo partidario de la conciliación, no tuvo más remedio entonces que nombrar el 24 de julio como nuevo presidente del gobierno a Manuel Ruiz Zorrilla. Esta solución supuso la derrota de los unionistas, pero también la de Sagasta y los suyos en su proyecto de mantener la unión mientras el nuevo régimen peligrara.

Antes de presentarse a las Cortes, Ruiz Zorrilla expuso el programa liberal que se proponía realizar; los republicanos lo vieron con benevolencia y hasta parecía que estaban dispuestos a suavizar su oposición.

La Hacienda española venía atravesando desde hacía años una verdadera crisis. Puede decirse que en realidad, desde Bravo Murillo, en 1851, nadie había tratado de la cuestión con interés de resolverla. La revolución la había agravado, aportando teorías donde se necesitaban realizaciones prácticas. El Gobierno de Ruiz Zorrilla creyó que el procedimiento sería reducir el presupuesto de gastos del Estado. Era economía, pero debía ser bien entendida. Montero Ríos, por su parte, presentó el proyecto de presupuesto eclesiástico inferior en diez millones de pesetas al vigente entonces. Puede decirse que esto fue toda la labor parlamentaria del Ministerio Ruiz Zorrilla.

Cerradas las Cortes, único medio por el que podía vivir el gobierno de Ruiz Zorrilla, lo aprovechó el rey Amadeo para hacer un viaje por las provincias de Valencia, Cataluña y Aragón. En Logroño se paró para visitar al general Espartero. Esta tregua permitió darse cuenta de que el Gobierno no tenía los apoyos que se suponía, aunque, como todos los viajes de esta índole, siempre bien preparado, no había habido motivo de disgusto para Amadeo.

Lo que sí supo fue la realidad de la opinión republicana en muchas poblaciones que le recibieron cortésmente. Pasadas aquellas vacaciones estivales, en las que el gobierno de Ruiz Zorrilla nada logró para consolidarse, se abrieron de nuevo las Cortes el 1 de octubre. En la votación para la presidencia del Congreso celebrada el 3 de octubre, ganó Sagasta a Rivero por 123 votos contra 113; solo hubo dos votos en blanco, por lo que a continuación Ruiz Zorrilla, que entendió el resultado como un voto de censura al gobierno, tuvo que presentar la dimisión.

Cuando Amadeo I se entrevistó con Ruiz Zorrilla, este le pidió que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, a lo que el Rey se negó porque no vio ninguna razón constitucional o parlamentaria para hacerlo; no había perdido la mayoría parlamentaria que lo apoyaba ni había habido formalmente ningún voto de censura contra el mismo.

Como Ruiz Zorrilla no cambió de opinión, entonces el Rey, después de recibir la negativa del general Espartero para presidir el nuevo gobierno alegando su avanzada edad, encargó la formación de gobierno a Sagasta, pero este le propuso, para que no pareciera que hacía oposición a Ruiz Zorrilla, que nombrara en su lugar a otro progresista de su grupo, el contralmirante José Malcampo.

A las dificultades de gobierno, la calle respondió con una creciente agitación social. Las manifestaciones de radicales se hicieron frecuentes. La propia reina, el 4 de octubre de 1871, se vio atrapada en su carroza en medio de una manifestación de estudiantes en la Puerta del Sol, que la amenazaron con insultos. Los reyes intentaron congraciarse con unos y otros programando todos los viernes, como novedad, un banquete en palacio al que estaban invitados personalidades y parlamentarios de todos los partidos, pero muchos viernes el banquete sufría el boicot de sus participantes.

Las revistas de tropas propiciaban incluso nuevas ocasiones para desairar al rey, cuando muchos batallones se negaban a gritar el preceptivo grito de “¡Viva el rey!” a su paso ante el monarca.

El gobierno de Malcampo (octubre a diciembre de 1871)

La acogida del nuevo Ministerio no fue halagadora, ya que los radicales hicieron desfilar por Madrid una gran manifestación de simpatía al Gobierno que le había precedido. En las Cortes hubo grandes debates, que duraron del 16 de octubre hasta el 10 de noviembre, sobre AIT (Asociación Internacional de Trabajadores). Se expusieron por los republicanos federales las más avanzadas teorías, temerosos de perder su ascendiente en las masas obreras, y, después de tanto hablar, se llegó a una votación, en que 121 diputados condenaron la AIT, aunque en realidad seguiría operando en España y reclutando cada día nuevos elementos.

Pero no bastaba esto para hacer precario un Gobierno que necesitaba tres semanas para tener una votación favorable que no le servía para nada sobre la cuestión obrera cuando las huelgas menudeaban, sino que los carlistas, bajo la dirección de Nocedal, presentan una proposición por la que se afirmaba que, según los preceptos constitucionales, estaban derogadas todas las leyes perseguidoras de las órdenes religiosas. Fue curioso ver cómo los más acérrimos anticatólicos diputados republicanos defendieron a la Compañía de Jesús y las órdenes católicas. En el momento de la votación, a los republicanos y carlistas se les unieron los zorrillistas. La sesión se había prorrogado hasta las siete de la mañana del 18 de octubre, hora en que Malcampo subió a la tribuna y, quitándose el gabán, leyó el Real Decreto, suspendiendo la sesión.

Con las Cortes cerradas no podía vivir una monarquía democrática, pero en aquel momento no se creyó posible más que suspenderlas para tener una tregua. Aquel pequeño intervalo le dejó a Malcampo una pausa en la lucha política para intentar reforzar su Gobierno, cediendo el Ministerio de Estado a Bonifacio de Blas, aunque este nada aportaba como refuerzo. Todo fue inútil y el 19 de diciembre dimitía el Gobierno. El designado para sustituirle fue Práxedes Mateo Sagasta, siguiendo la práctica parlamentaria de que cuando un presidente del gobierno dimitía sin causa constitucional o pérdida de la mayoría, le debía sustituir el presidente del Congreso. Sagasta formó su gobierno dos días después.

Gobierno de Sagasta (enero a mayo de 1872)

De nuevo Amadeo llamó a Sagasta y este consigue formar Gobierno, guardando para sí la Cartera de Gobernación y siguiendo en sus Ministerios De Bías, Alonso Colmenares, Malcampo y Angulo en Hacienda. En Guerra, el general don Eugenio Gaminde, pero no estando presente en Madrid, se encargó interinamente de su Ministerio el general Buenaventura Carbó. Para el Ministerio de Fomento fue llamado Alejandro Groizard y el de Ultramar lo fue Topete. Pero las disidencias entre los amadeístas tenían características propias de odios africanos, y sin consideración de que estaban hundiendo al trono que ellos mismos habían elevado, se dejaban arrastrar por pasiones políticas y personales, de todo lo cual, como es muy lógico, se aprovecharon los carlistas bajo la dirección de Nocedal y los republicanos. Apenas constituido el Ministerio Sagasta, en el circo Price hubo una manifestación magna de los radicales, junto a los cuales estaban los demócratas o cimbrios.

En este acto Echegaray llegó a decir que era preciso “crear el Real Palacio”, es decir, que se volvía a emplear la fraseología de los progresistas de 1854. Esta manifestación celebrada el 26 de diciembre, indicaba la posición tomada por zorrillistas y demócratas en contra del nuevo Gobierno. Las Cortes se abrieron el 21 de enero de 1872, y a poco, en una simple cuestión de rutina parlamentaria, fue derrotado el Gobierno por 172 votos en contra frente a 121 a favor. Ante tal resultado adverso, Sagasta se presenta a Amadeo para resignar los poderes, pero el Soberano, a fin de evitar mayores daños, intervino personalmente tratando de suavizar asperezas. Le confirmó en sus poderes, entregándole, en cambio, el decreto de disolución de las Cortes.

Pero ocurre entonces un incidente imprevisto. El general Gaminde había propuesto ciertos ascensos militares que el Consejo de Ministros había aprobado, pero que Sagasta consideraba que debía diferir la publicación de los correspondientes decretos. Gaminde se negó a todo aplazamiento, y ante su actitud se le insinúa que lo lógico era que dimitiera ante tal discrepancia, pero se negó a ello. El conflicto, pues, era grave, ya que si bien se le podía destituir por Real Orden, eso habría desencadenado una borrasca en la política española.

Amadeo, consultado, halló una solución, y fue que el Gobierno se reorganizase, dándole el plazo de un día para ello. En su consecuencia, el 20 de febrero entró en el Ministerio de la Guerra el general Antonio María Rey Caballero, que había luchado en 1848 contra Cabrera como capitán en Lorenzo de Murunys; en Hacienda fue llamado Juan Francisco Camacho; en Fomento, Francisco Romero Robledo, que tanto debía figurar en el campo alfonsino durante la llamada Restauración, y por último, a Cristóbal Martín de Herrera se le asignaba para Ultramar, exministro del Gobierno Provisional.

Las elecciones se habían convocado para el 2 de abril. Coaligados carlistas, republicanos, alfonsinos y zorrillistas, la posición de los ministeriales era extremadamente crítica.

Las elecciones del 3 de abril de 1872

En las elecciones del 3 de abril fueron elegidos 391 diputados, además de los 11 correspondientes a Puerto Rico y 18 de Cuba. La coalición Conservadora-Constitucional de Práxedes Mateo Sagasta obtuvo 236 escaños (12 conservadores, 82 del Partido Constitucional, 25 otros), 52 el Partido Republicano Democrático Federal de Francisco Pi i Margall, 42 el Partido Demócrata-Radical de Manuel Ruiz Zorrilla, 38 de la Comunión Católico-Monárquica (carlistas) de Cándido Nocedal, 11 del Partido Moderado de Alejandro Mon y Menéndez, 3 independientes y 9 sin adscripción.

Los grandes derrotados fueron los radicales, que solo obtuvieron 42 escaños, por debajo incluso de los republicanos, lo que puso en cuestión el liderazgo de Ruiz Zorrilla y lo que también les llevó a plantearse el abandono de la “vía legal” para alcanzar el gobierno.

Inicio de la insurrección carlista

Otros fueron los carlistas, que sufrieron un relativo descalabro, bajando de 51 a 38 diputados, por lo que los partidarios de la “vía insurreccional” se impusieron a los neocatólicos de Cándido Nocedal, defensores de la vía parlamentaria. Así los carlistas variaron de postura e hicieron buena la última frase del manifiesto del 8 de marzo, «ahora a las urnas, después a donde Dios nos llame».

El 14 de abril el pretendiente Carlos VII dio la orden de que los diputados electos no acudieran a las Cortes y de que se iniciara la insurrección armada, que estaba planeada y organizada desde mucho antes por si fallaba la estrategia de Cándido Nocedal, quien dimitió inmediatamente de todos sus cargos. Don Carlos (VII) proclamó en un manifiesto los motivos del levantamiento y llamó a todos los españoles a que se sumaran a él.

Así comenzaba la Tercera Guerra Carlista. El 2 de mayo entraba en España por Vera de Bidasoa el pretendiente carlista al grito de «¡Abajo el extranjero y viva España!».

La caída del gobierno de Sagasta

El gobierno de Sagasta duró poco tiempo porque al mes siguiente de celebrarse las elecciones estalló un escándalo que acabó con él. El 11 de mayo, un diputado republicano le pidió cuentas por el destino de dos millones de reales que habían sido desviados por orden del gobierno del ministerio de Ultramar al de Gobernación, previsiblemente para emplearlos en las operaciones de corrupción que se habían producido en las elecciones. Uno de los métodos utilizados era el de los “lázaros”, el uso de difuntos para engrosar la lista de votantes adictos a las candidaturas gubernamentales.​ También se dijo que el dinero habría sido destinado a evitar el escándalo de alguna de las aventuras amorosas del rey Amadeo o de la esposa del general Serrano con uno de sus ayudantes, pero parece seguro que el dinero se gastó en las corruptelas electorales.

El gobierno de Sagasta no dio una explicación satisfactoria del destino del dinero. Alegó que había servido para realizar pagos de naturaleza reservada para prevenir conspiraciones, pero los papeles que presentó para justificarlo eran inventados y registraban los pagos sin autorización alguna, además de que demostraban que se había violado la correspondencia. “Atrapado, el presidente del Consejo de Ministros pidió un voto de confianza a la mayoría que lo sustentaba, pero le fue negado. A los unionistas no les importaba tanto el destino de los dos millones como las ilegalidades y la imagen de un partido y Gobierno conservadores que acababan de iniciar su andadura”. El 22 de mayo Sagasta presentó la dimisión al Rey.

El gobierno “relámpago” de Serrano (mayo a junio de 1872)

Cuatro días después, Amadeo I nombró como nuevo presidente del Consejo de Ministros al general Francisco Serrano y Domínguez, que estaba en aquellos momentos al frente del ejército del norte que combatía a los carlistas. El rey pensó que Serrano podría gobernar porque su partido seguía teniendo la mayoría en las Cortes. De hecho, en el gobierno que formó había tres antiguos progresistas y cinco antiguos unionistas, uno de ellos de la facción que encabezaba Antonio Cánovas del Castillo, que había reconocido a Amadeo I, pero que era alfonsino.

La presentación en el Congreso de los Diputados del nuevo gobierno el 27 de mayo de 1872 corrió a cargo del presidente interino, el almirante Topete, porque Serrano aún no había vuelto a Madrid. La sorpresa la dio Manuel Ruiz Zorrilla cuando anunció que haría una oposición leal, legal y respetuosa al nuevo gobierno y que deseaba que agotara la legislatura, lo que significaba un cambio completo de actitud porque suponía aceptar las reglas propias de la monarquía constitucional, lo que fue inmediatamente contestado por buena parte de los miembros de su partido, encabezados por Cristino Martos, que no estaban dispuestos a esperar dos o tres años para acceder al poder, ni a colaborar de ese modo con la “reacción”.

Al no ver respaldada su postura por la mayoría de su partido, Ruiz Zorrilla renunció a su acta de diputado el 31 de mayo, al día siguiente de haberse entrevistado con el rey en el acto celebrado en Palacio por su cumpleaños, y se retiró a su finca de Soria “La Tablada”, alegando que le faltaba la energía suficiente para seguir en la política. Según Jorge Vilches, «el camino antidinástico y presumiblemente insurreccional que iba a tomar el progresismo democrático no quería ser presenciado por Ruiz Zorrilla estando dentro de sus filas, ni sentirse cómplice de una nueva guerra civil». Por su parte, la prensa afín al partido radical culpó al Rey y a la Reina de la marcha de Ruiz Zorrilla.

Mientras tanto, la firma del Convenio de Amorebieta a punto estuvo de dar al traste con el gobierno de Serrano, pues inicialmente todos los ministros se mostraron contrarios al mismo, especialmente con la base 4ª que reintegraba a los oficiales rebeldes al estamento militar, porque era “depresiva para la dignidad de nuestro ejército [generales destacados habían protestado ante el ministro de la Guerra] y del Gobierno que la sancionase”, pero el respaldo del Rey a Serrano acabó con la crisis y el Convenio de Amorebieta fue ratificado no solo por el gobierno, sino también por las Cortes, donde solo votaron en contra los republicanos, mientras los radicales se abstuvieron. El 4 de junio Serrano juró su cargo como nuevo presidente del gobierno.

A pesar de haber superado el trámite parlamentario, los radicales encabezados por Martos, tras la retirada de Ruiz Zorrilla de la vida política, y los republicanos cuestionaron la legitimidad del gobierno de Serrano. Una de las razones era que había incluido en él a un alfonsino​ y el lenguaje prerrevolucionario se extendió por la prensa radical y por la republicana con lemas como «¡La revolución ha muerto! ¡Viva la revolución!» y con críticas no solo contra el gobierno conservador de Serrano, sino contra los reyes. En un artículo de El Imparcial publicado el 10 de junio se aludió implícitamente a la Reina en un artículo titulado «La loca del Vaticano».

El 6 de junio, solo dos días después de haber jurado Serrano su cargo, los radicales convocaron en la Plaza Mayor de Madrid a la Milicia Nacional, concretamente a los Voluntarios de la Libertad de la capital, para que se manifestaran en contra del gobierno. Este entonces ordenó acuartelar a las tropas y a la Guardia Civil y solicitar al Rey el 11 de junio la firma del decreto de suspensión de las garantías constitucionales, medida que había sido refrendada por las Cortes, para poder atajar la que parecía inminente insurrección republicana, a la que parecía que iban a sumarse los radicales una vez que Ruiz Zorrilla se hubiera retirado a su finca de Soria, para lo que tenían convocada una asamblea a celebrar el 16 de junio bajo el lema «la Revolución de Septiembre y la libertad de la patria», omitiendo mencionar a la dinastía por primera vez. Entonces Amadeo I, temeroso de que los radicales se pasaran definitivamente al campo antidinástico y de que pudiera estallar un grave conflicto civil, se negó a firmar el decreto, por lo que el general Serrano presentó la dimisión. Ese mismo día, 12 de junio de 1872, los batallones de la Milicia Nacional se congregaban en la Plaza Mayor, pero al conocer la dimisión del gobierno se disolvieron.​

El general Serrano, “sin llegar a cumplir veinte días en el cargo”, se retiró a sus fincas de Arjona y declinó presentarse a las nuevas elecciones, lo que le eliminaba como alternativa de gobierno a los radicales. Fue entonces cuando le dijo a un diplomático francés, refiriéndose al Eey: «Hay que echar a ese imbécil».

El segundo gobierno de Ruiz Zorrilla (13 de junio de 1872 al 11 de febrero de 1873)

Tras la dimisión de Serrano el rey encargó la formación de gobierno al general Fernando Fernández de Córdoba, a la espera de la vuelta de Ruiz Zorrilla y las críticas a los reyes en la prensa radical cesaron. Hasta trescientos radicales encabezados por Nicolás María Rivero, José María Beránger y Francisco Salmerón fueron a la finca de «La Tablada» para convencerle para que volviera a Madrid a hacerse cargo del gobierno y varios miles fueron a recibirle a su llegada a la capital.

Ruiz Zorrilla puso como condición al Rey para aceptar la presidencia que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones, a sabiendas de que era un acto inconstitucional porque aún no habían transcurrido cuatro meses desde las últimas elecciones. Pero Amadeo I aceptó el chantaje, lo que provocó que el Rey no fuera visto a partir de entonces como “un rey de todos los españoles, árbitro de las instituciones y de los partidos”, sino como un monarca vinculado a un partido, el radical.​

Manuel Ruiz Zorrilla formó gobierno el 13 de junio, en el que él mismo asumió el ministerio de la Gobernación y en el que había dos antiguos demócratas (Martos en Estado y Echegaray en Fomento) y cuatro antiguos progresistas (Eduardo Gasset y Artime en Ultramar, Servando Ruiz Gómez en Hacienda, Eugenio Montero Ríos en Gracia y Justicia y Beránger en Marina), pero el general Fernández de Córdoba en el ministerio de Guerra. A Nicolás María Rivero se le prometió la presidencia del Congreso de los Diputados, tras la celebración de las elecciones.​ A continuación, “se procedió al habitual cambio de funcionarios públicos, echando a 40.000 de ellos para instalar a otros tantos fieles”.

El atentado contra los reyes el 18 de julio de 1872 

La sensación de soledad del Rey, que ya solo contaba con el apoyo de los radicales de Ruiz Zorrilla, se vio acentuada por el atentado que sufrió en la calle del Arenal de Madrid el 18 de julio junto a su esposa, cuando iban en coche abierto, de noche, desde su paseo en los Jardines del Buen Retiro a palacio.

Una casualidad hizo que un amigo de Topete se enterara de que Amadeo iba a ser asesinado el día 18 de julio, por lo que informó a Martos y este se lo hizo saber al Rey y a Pedro Mata, gobernador civil de Madrid. El monarca se negó a cambiar el recorrido de su paseo a pesar de las indicaciones de la reina Victoria, por lo que Mata colocó agentes en todo el trayecto, los cuales esperaron a que los regicidas dispararan para detenerles.

El Rey, harto de las continuas amenazas, se negó a cambiar de agenda: “Quiero que todos sepan que no temo morir en una emboscada como Prim”. Quiso ganarse así el respeto, al menos, por su valentía.

Al transitar por la calle del Arenal, un coche se interpuso en su camino y varios hombres dispararon desde ambos lados. Por fortuna, el Rey intuyó las sombras de los asesinos y fue capaz de tirarse antes al suelo del coche, protegiendo con su cuerpo el de la Reina, que por entonces se hallaba embarazada de su tercer hijo. Ambos salieron ilesos.

La noticia del intento de regicidio causó repulsa en la sociedad, y los reyes fueron obligados al día siguiente a salir al balcón de palacio a recibir los aplausos de centenares de ciudadanos que acudieron a mostrar su adhesión.

Esta no fue la única vejación popular de los reyes, pues su coche fue detenido y zarandeado en la calle de Alcalá por una manifestación de vendedores ambulantes. En otra ocasión se les lanzó lodo cuando paseaban por Cedaceros. Un día cerca de El Retiro, un hombre se acercó al monarca y le insultó gravemente a la cara. Otra persona se introdujo armada dentro del recinto regio. Y hasta se les tiró una piedra en una manifestación republicana cercana al Palacio Real. Esto sin contar con los insultos que vinieron del lado aristocrático, como la famosa anécdota de las mantillas, los desaires en los palcos de los teatros, en los que por cierto se presentaba bufamente al Rey, y el vacío al que sometieron a la reina María Victoria. No fue grata para los reyes su estancia en España.

Las elecciones de agosto de 1872

En las elecciones de agosto de 1872, los radicales presentaron un programa de reformas ambicioso que incluía el jurado, la abolición de las quintas y de las matrículas de mar, la separación de la Iglesia y el Estado, el impulso a la educación pública, el reforzamiento de la Milicia Nacional, etc. Con este programa los radicales estaban decididos a cumplir las promesas hechas al “cuarto estado”, a las clases populares, en la revolución de 1868 para así darla por concluida.

Las elecciones fueron celebradas el 24 de agosto de 1872; gracias a la “influencia moral del gobierno”, dieron la victoria a los candidatos del Partido Radical con 274 diputados, frente a 77 republicanos, 14 constitucionalistas y 9 moderados, aunque más de la mitad de los electores no fueron a votar a causa del “retraimiento” del Partido Constitucional, de la campaña abstencionista de los carlistas y de una parte de los republicanos (con el argumento de que las elecciones estaban amañadas, ya que siempre ganaba el gobierno de turno) y del desinterés general (dada la falta de cultura política entre una población mayoritariamente analfabeta).​ Hubo un pacto tácito entre los radicales y los republicanos “benevolentes”, propiciado por el ministro Cristino Martos, para que en los distritos donde estos se presentaran, los radicales no presentaran candidato y viceversa.

La alternativa del príncipe Alfonso había cobrado un nuevo impulso desde que en abril de 1872 su tío el duque de Montpensier, a instancias de la antigua regente María Cristina de Borbón, lo había reconocido como heredero de la dinastía “legítima” y lo había presentado en una carta hecha pública el 20 de junio como un rey que no volvería a leyes e instituciones “que ya caducaron” y que recogería lo que las “pasadas crisis y revoluciones hayan creado de fecundo, de útil y de bueno”.

Las reformas paralizadas y la división de los radicales

Como ya había sucedido con anteriores gobiernos, la guerra carlista y la de Cuba impidieron que Ruiz Zorrilla pudiera cumplir su promesa de abolir las quintas, por lo que cuando anunció que iba a llamar a un nuevo reemplazo, se produjeron algaradas en varias ciudades y alentó a los republicanos federales “intransigentes” a seguir defendiendo la vía insurreccional. El levantamiento más grave protagonizado por estos tuvo lugar el 11 de octubre de 1872 en Ferrol, que fracasó porque no encontró apoyos en la ciudad y porque, en contra de lo que esperaban los sublevados, no fue secundado en ningún otro lugar. Además, la dirección del Partido Republicano Federal, dominada por los “benevolentes”, condenó la insurrección porque, como dijo Francisco Pi y Margall en las Cortes el 15 de octubre, la insurrección era un “verdadero delito” cuando “están plenamente aseguradas nuestras libertades individuales”.

La condena agravó las tensiones que ya padecía el partido entre los partidarios de la “vía legal”, como Pi, y los defensores de la “vía insurreccional”, hasta el punto de que solo la proclamación de la República cuatro meses después evitó que se produjera un nuevo levantamiento.

A todo ello se sumó el recrudecimiento de la Tercera Guerra Carlista a partir de diciembre de 1872, por lo que de nuevo la abolición de las quintas fue aplazada, con el consiguiente rechazo de los republicanos, llegándose a formar algunas partidas en Andalucía, si bien mucho menos peligrosas que las carlistas.

Ante la difícil situación que vivía el gobierno, Ruiz Zorrilla intentó restablecer las relaciones con el Partido Constitucional proponiendo que Sagasta no fuera juzgado por el Senado, sino por los tribunales ordinarios por el escándalo de los dos millones de reales (que le había hecho perder el gobierno), pero se encontró con la rebelión de los diputados de procedencia demócrata liderados por el presidente del Congreso Nicolás María Rivero y por dos de sus ministros, Martos y Echegaray, que votaron junto con los republicanos para rechazar la propuesta. Esta división en el partido que apoyaba al gobierno alentó a los republicanos “benevolentes” a proseguir en su estrategia de atraer a su campo a los antiguos demócratas cimbrios y conseguir una mayoría en el parlamento para poner fin a la monarquía y proclamar la República.

Nacimiento y bautizo del Infante

El 29 de enero de 1873, la reina María Victoria dal Pozzo dio a luz en el Palacio Real a su tercer hijo, el infante Luis Amadeo, cuyo nacimiento y bautizo iban a ser el detonante del final. Deseando preservar la intimidad del parto, los reyes desecharon las viejas etiquetas de los Borbones, que daban derecho a los ministros y altas personalidades a aguardar en una habitación contigua el nacimiento del infante y ser los primeros a quienes el rey presentaba, en bandeja de plata, al nuevo vástago. El entonces gobierno de Ruiz Zorrilla lo tomó como una ofensa, al igual que la negativa de los reyes a nombrar padrino del niño al alcalde de Madrid, en nombre del pueblo, en vez de a su tío, el rey de Portugal.

El bautizo del infante, en la capilla real, fue además un desastre de la etiqueta. Ningún obispo quiso celebrar el sacramento, al estar la Casa de Saboya excomulgada por el papa tras la invasión de los Estados Pontificios, y hubo de ser oficiado por el confesor de la reina; la duquesa de la Torre, esposa del general Serrano, declinó el ofrecimiento de ejercer de camarera mayor y tener el honor de llevar al niño en brazos a la pila bautismal; solo tres Grandes de España consintieron en presentarse, pero se sintieron ofendidos al no estar situados en sitios de preeminencia; veinte de los cincuenta invitados al banquete posterior declinaron su asistencia. El desaire al bautizo fue la gota que colmó el vaso.

La Cámara declaró sin más estar “enterada” del nacimiento del infante y no hubo ningún tipo de celebración ni discursos. El rey le comunicó a Ruiz Zorrilla su disgusto por la actitud de las Cortes y que no estaba «dispuesto a sufrir imposiciones de nadie» y que se hallaba «preparado para proceder según lo aconsejaran las circunstancias».

Conflicto del arma de Artillería

Otro conflicto, que sería el definitivo, enfrentó al gobierno y a las Cortes con el Rey. Ese mismo mes de enero de 1873 los oficiales del arma de artillería habían desafiado al gobierno amenazando con dimitir si este mantenía como capitán general de las Vascongadas al general Hidalgo, al que acusaban de haber colaborado en la represión de la abortada sublevación del cuartel de San Gil de junio de 1866. La respuesta del gobierno, con el apoyo de las Cortes, fue reafirmar la supremacía del poder civil sobre el ejército manteniendo el nombramiento y procediendo a reorganizar el arma, por lo que los oficiales cumplieron su promesa y dimitieron en bloque.

El 6 de febrero, una delegación de los artilleros dimitidos se entrevistó con el Rey para pedir su intervención en el conflicto que mantenían con el gobierno y ofreciéndose para apoyar un golpe de fuerza que disolviera las Cortes y suspendiera por algún tiempo las garantías constitucionales hasta preparar nuevas elecciones para unas nuevas Cortes que aprobaran más prerrogativas para la Corona. El Rey rechazó la propuesta del golpe de fuerza, pero prometió que se opondría a la reorganización del arma de artillería que preparaba el gobierno.

Cuando el Rey tuvo conocimiento ese mismo día por la prensa de que el gobierno pensaba nombrar al general Hidalgo nuevo capitán general de Cataluña, hizo llamar a Ruiz Zorrilla a Palacio. El Presidente le aseguró que lo que decía la prensa no era cierto, pero al día siguiente se confirmó el nombramiento, por lo que el Rey comprobó “que Zorrilla le había mentido”. Intentó que el gobierno diera marcha atrás y llamó a Ruiz Zorrilla el día 7 de febrero por la mañana y otra vez por la tarde cuando supo que la cuestión de la reorganización del arma de artillería iba a ser tratada en el Congreso de Diputados, aconsejándole que no lo hiciera y que ganara tiempo no admitiendo las dimisiones de los oficiales del cuerpo de artillería, justificándolo con la guerra carlista. Ruiz Zorrilla se mostró conforme, pero las Cortes aquel día aprobaron la aceptación de la renuncia de los oficiales de artillería, su sustitución por los sargentos y la reorganización del arma.

El Rey se sintió engañado de nuevo; además, los oficiales estaban siendo obligados a entregar las armas en Madrid a los sargentos la misma mañana del día 8 cuando ni siquiera el Rey había firmado el decreto.

Abdicación de Amadeo de Saboya

El 10 de febrero de 1873, Amadeo anunció oficialmente su deseo irrevocable de abdicar, y el 11 de febrero presidió su último Consejo de Ministros. Algunos militares moderados le ofrecieron la posibilidad de dar un golpe de Estado, a lo cual Amadeo de Saboya se negó en redondo. Ese mismo día, quedó proclamada en las Cortes la Primera República bajo la presidencia de Estanislao Figueras.

El 12 de febrero, de madrugada, los reyes abandonaron Madrid en tren, sin despedidas oficiales, casi furtivamente, en dirección a Portugal. Y de allí a Italia.

La sensación de fracaso en un hecho histórico tan relevante y las humillaciones recibidas fueron una losa demasiado pesada para el resto de sus vidas. María Victoria, que dejó un profundo legado en España de actividad social, murió tres años después de abandonar España, el 8 de noviembre de 1876, a los 29 años. Amadeo se retiró por completo de la vida pública. Murió el 18 de enero de 1890, a los 45 años, con la sensación de “haber vivido demasiado”.