Bienio Progresista (1854-56)

Inicio del Bienio Progresista

Solo dos días después de su entrada triunfal en Madrid, el general Espartero formó Gobierno, en el que el general O’Donnell exigió para sí el Ministerio de la Guerra. El moderado puritano Joaquín Francisco Pacheco se hizo cargo de la cartera de Estado, y el resto de ministerios los ocuparon figuras menores de los moderados puritanos y de los progresistas “templados”.

La primera medida que tomó el nuevo Gobierno supuso el primer desengaño para los que habían participado en la insurrección popular, pues las juntas revolucionarias provinciales fueron convertidas en organismos consultivos y las medidas que hubieran aprobado quedaron suspendidas; sobre todo la abolición de los odiados consumos, que fueron repuestos ante la imposibilidad de reemplazarlos con otros impuestos. La segunda decepción se produjo el 14 de agosto, cuando las manifestaciones de obreros de las obras públicas que pedían aumento de salario “y que no se permitiesen las obras a destajo” fueron reprimidas por la restaurada milicia nacional, cuya misión era entonces defender el “nuevo orden”. La tercera decepción llegó el 25 de agosto, cuando el Gobierno no cumplió su compromiso de juzgar a la reina madre María Cristina de Borbón y la dejó marchar “expulsada” junto a su marido Agustín Fernando Muñoz y Sánchez hacia Portugal. Cuando los demócratas intentaron sublevarse en señal de protesta, la milicia nacional intervino de nuevo, los desarmó y los envió a prisión.

La nueva constitución

El Gobierno cumplió su promesa de convocar elecciones a Cortes Constituyentes, y se realizaron según la ley electoral de 1837, que aumentaba el número de 100.000 votantes (los que tenían derecho al sufragio durante la Década Moderada) a cerca de 500.000. Además, los distritos uninominales de la ley de 1846 fueron sustituidos por los distritos provinciales. Las elecciones tuvieron lugar en octubre, con victoria para los candidatos gubernamentales que obtuvieron unos 240 escaños, integrados en una llamada “unión liberal”, que estaba formada por los moderados puritanos, entre los que ya destacaba un joven Antonio Cánovas del Castillo, y por los progresistas “templados”, encabezados por Manuel Cortina.

Los grupos de oposición los formaban, por la derecha, los moderados, que obtuvieron una veintena de diputados; y, por la izquierda, los demócratas, con un número similar de escaños. En el centro-izquierda se situaban los setenta diputados progresistas puros, que no se habían integrado en la unión liberal y que estaban encabezados por Salustiano de Olózaga, Pedro Calvo Asensio y un joven Práxedes Mateo Sagasta.

Las Cortes Constituyentes abrieron sus sesiones el 8 de noviembre de 1854, y enseguida comenzó el debate de la nueva Constitución que debía reemplazar a la de 1845. La aprobación de una tímida tolerancia religiosa, después de establecer que «la nación se obligaba a sostener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles». Decía que «nadie sería perseguido por sus opiniones y creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios contra la religión», provocó las protestas de los obispos españoles y la ruptura de relaciones con el Vaticano. Se agravaron todavía más cuando se aprobó la ley de desamortización general civil y eclesiástica, más conocida como la “desamortización de Madoz”, por el nombre del ministro que la promovió.

Las presiones de la jerarquía católica llegaron hasta la Reina, a quien se le dijo que, si sancionaba la “ley general desamortizadora”, iría al infierno. Finalmente, Isabel II se resignó a hacerlo ante el temor de perder la Corona, y la ley fue promulgada el 1 de mayo de 1855. Fue entonces cuando aparecieron algunas partidas carlistas, alentadas por las protestas clericales. Sin embargo, la propuesta de los demócratas de que se aprobase una auténtica “libertad de cultos” fue rechazada por el resto de grupos de la Cámara. Tampoco fueron aceptadas sus propuestas de establecer la educación primaria gratuita o el sufragio universal (masculino).

La huelga general en Cataluña de 1855

Uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse el gobierno de Espartero fue la creciente conflictividad obrera en Cataluña y, más concretamente, en Barcelona, como puso de manifiesto el conflicto de las selfactinas (hiladoras). Allí, a diferencia del resto de España, la Revolución de 1854 había tenido una importante participación obrera, y la noticia de la subida al poder del general Espartero fue recibida con gran regocijo entre las clases populares.

El 21 de junio de 1855, prohibió las asociaciones obreras y anuló los convenios colectivos entre patronos y trabajadores, que habían venido regulando la vida laboral desde que los obreros del sector textil comenzaron su lucha contra el uso de las máquinas de hilar selfactinas. Asimismo, encarceló y deportó a muchos dirigentes obreros y republicanos para “acabar con las huelgas y con el problema obrero”.

La respuesta obrera a las medidas represivas del capitán general Zapatero fue la declaración de una huelga general que se inició el 2 de julio de 1855, la primera de la historia de España. La huelga general de 1855 se extendió por todas las zonas industriales de Cataluña, donde aparecieron banderas rojas con el lema «Viva Espartero. Asociación o muerte. Pan y trabajo». Los huelguistas solo volvieron al trabajo cuando el general Espartero envió a Barcelona a un representante personal suyo en el que les pedía que confiasen en él, que era “un hijo del pueblo que nunca ha engañado al pueblo”. Entonces las asociaciones obreras elaboraron y enviaron a Madrid un escrito titulado “Exposición de la clase jornalera a las Cortes”, en el que pedían una ley de asociaciones obreras que regulase las relaciones laborales. Para apoyar el escrito, recogieron 33.000 firmas a través del periódico obrerista que fundaron en Madrid: El Eco de la Clase Obrera.

La crisis de subsistencias

Otro de los problemas a los que tuvo que enfrentarse el Gobierno fue la crisis de subsistencias, uno de los motivos de la movilización popular durante la Revolución de 1854 y que agravó de manera indirecta al permitir que continuasen las exportaciones de trigo a Europa. Donde la demanda crecía por causa de la guerra de Crimea, que había paralizado las exportaciones de grano de Rusia.

A esto se sumó una epidemia de cólera que se extendió por todo el país en el verano de 1854, y que rebrotaría durante los dos años siguientes. Esta situación provocó revueltas como la acaecida en Burgos en el otoño de 1854, cuando se impidió la salida de los carros que transportaban trigo para ser embarcado en el puerto de Santander. La respuesta del Gobierno fue rebajar los impuestos de los consumos durante un tiempo y recurrir a la milicia para reprimirlos. A principios de 1856, cuando restableció los consumos a causa de los graves problemas que atravesaba la Hacienda pública, los motines de subsistencias proliferaron.

La región más afectada por las revueltas de subsistencias de los primeros meses de 1856 fue Castilla, donde los sublevados protestaban por la carestía del pan. En algunos lugares quemaron fábricas de harinas, y en otros, como Valladolid, Palencia o Medina de Rioseco, almacenes de grano. En el informe que el ministro de la Gobernación, Patricio de la Escosura, presentó ante las Cortes el 24 de junio de 1856, negaba que los motines fueran provocados por la miseria, sino que había que atribuirlos a instigadores desconocidos. El Ayuntamiento de Valladolid, por su parte, señalaba como causa la influencia de los obreros industriales de Barcelona, Valencia y Aragón, “imbuidos en ideas y costumbres nuevas y perniciosas que habían infiltrado en los obreros de Castilla, más ignorantes y desmoralizados”.

Reforma militar

La Ley de Organización del Ejército de 1855 (también conocida como Ley de la Guardia) fue una legislación importante que reformó la estructura y funcionamiento del ejército español. Su objetivo principal fue modernizar y profesionalizar el ejército, creando un sistema más eficiente y efectivo. Real decreto, de 21 de agosto de 1855.

Infantería:

• 40 RIs de infantería de línea: 1 Rey, 2 Reina, 3 Príncipe, 4 Princesa, 5 Infante, 6 Saboya, 7 África, 8 Zamora, 9 Soria, 10 Córdoba. 11 San Fernando, 12 Zaragoza, 13 Mallorca, 14 América, 15 Extremadura, 16 Castilla, 17 Borbón, 18 Almansa, 19 Galicia, 20 Guadalajara, 21 Aragón, 22 Gerona, 23 Valencia, 24 Bailén, 25 Navarra, 26 Albuera, 27 Cuenca, 28 Luchana, 29 Constitución, 30 Iberia, 31 Asturias, 32 Isabel II, 33 Sevilla, 34 Granada, 35 Toledo, 36 Burgos, 37 Murcia, 38 León, 39 Cantabria, 40 Málaga, y Fijo de Ceuta (desaparecen 41 Jaén, 42 Vitoria, 43 San Quintín, 44 Astorga y 45 San Marcial).
• 14 BILs (batallones de infantería ligera): I Cataluña, II Madrid, III Barcelona, IV Barbastro, V Talavera, VI Tarifa, VII Chiclana, VIII Figueras, IX Ciudad Rodrigo, X Alba de Tormes, XI Arapiles, XII Baza, XIII Simancas, XIV Las Navas (Desaparecen XV Antequera, XVI Vergara).
• 80 BIs de milicia provincial: Albacete, Alcalá de Henares, Alcáñiz, Alcázar de San Juan, Algeciras, Alicante, Almería, Astorga, Ávila, Badajoz, Baeza, Barcelona, Baza, Betanzos, Burgos, Cáceres, Cádiz, Calatayud, Castellón, Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Covadonga, Cuenca, Écija, Gerona, Granada, Guadalajara, Guadix, Hellín, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, La Coruña, León, Lérida, Llerena, Logroño, Lorca, Luarca, Lucena, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Manresa, Mondoñedo, Monforte, Monterrey, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Requena, Ronda, Salamanca, San Clemente, Santander, Santiago, Segorbe, Segovia, Sevilla, Soria, Talavera, Tarragona, Teruel, Toledo, Tortosa, Tudela, Tuy, Utrera, Valencia, Valladolid, Vich, Zamora y Zaragoza (España.

Caballería: Los regimientos se componían de 625 hombres y 500 caballos:

• 4 regimientos de carabineros: Rey, Reina, Príncipe y Borbón.
• 12 regimientos de lanceros: Farnesio, Almansa, Pavía, Villaviciosa, España, Sagunto, Calatrava, Santiago, Montesa, Numancia, Lusitania, y Alcántara.
• 1 regimiento de húsares de la Princesa.
• 2 regimientos de cazadores: Talavera y Albuera.
• 2 escuadrones sueltos de cazadores: Mallorca y Galicia, con 155 hombres y 120 caballos.
• 4 establecimientos de remonta (Granada, Sevilla, Extremadura y Aragón)

La ley de reemplazos de 30 de enero de 1856 introdujo el sorteo como sistema de reclutamiento, obligando a los varones españoles a cumplir con el servicio militar. Se establecieron exenciones para los solteros, los que poseían un nivel de estudios determinado, los que pagaban cierta cantidad de dinero, y los que contaban con un número determinado de hijos. La reforma redujo el coste del ejército, lo que contribuyó a mejorar la situación económica del Estado.

Las clases de tropa debían cumplir los ocho años de servicio militar en los batallones provinciales antes de recibir la licencia absoluta, no pudiendo casarse durante la primera mitad del período. En todo ese tiempo debían residir en las proximidades de la localidad donde radicara su batallón, aunque pudieran viajar por razones de trabajo, previo permiso de su primer comandante.

Final del gobierno progresista: contrarrevolución de 1856

Había regresado Escosura de su viaje a Castilla la Vieja el 9 de julio, y ante las procacidades del ministro demagogo, que acusaba a los moderados y luego a un padre jesuita de haber incitado a los incendios de Valladolid y Palencia. O’Donnell en pleno Consejo de Ministros, manifestó que había llegado la hora de acabar con el estado de anarquía en que se encontraba España. Se produjo un altercado entre Escosura y O’Donnell. Escosura entonces declaró incompatible con el conde de Lucena (O’Donnel). No había posibilidad de un acuerdo ni siquiera de modus vivendi, y en consecuencia ambos dimiten.

Espartero decidió llevar la cuestión al gabinete de la Reina, para que esta reconciliara a los ministros o resolviera la cuestión. Con O’Donnel y Escosura, fue Espartero a Palacio, y recibidos los tres por la Reina, Espartero explicó lo que había ocurrido y la disensión que tenían entre si ambos ministros, por lo que lo exponía a doña Isabel a fin de que tratara de armonizarlos. O’Donnell entonces, dijo que su política era irreconciliable con la que realizaba Escosura y que la Reina podía escoger, facilitándole el camino por medio de su dimisión. Escosura también se declaró opuesto a O’Donnell, pero reconociendo la importancia que tenía su presencia en el Gobierno, creía que debía dimitir para facilitar la labor del ministro de la Guerra. Doña Isabel, después de linsojear al conde de Lucena y sobre todo a Escosura, les invitó a que se reconciliaran, pero en el caso de que no pudiera lograrse, aceptaba la dimisión de Escosura.

Espartero quedó absorto delante de la resolución de Isabel II. Le anunció que se iba con Escosura, y doña Isabel, dirigiéndose a O’Donnell le dijo que esperaba que no le abandonaría. Siguió a esto una reunión del Consejo de Ministros para tratar de solventar la dificultad, pero nada se podía hacer; y Espartero, que se había creído más fuerte en Palacio de lo que en realidad era, y que había creído además que doña Isabel no perdonaba a O’Donnell lo de Vicálvaro, presentó la dimisión el 14 de julio, pretextando su estado de salud.

La primera reacción se produjo el mismo día 14 de julio por la tarde, cuando un grupo de 83 diputados (o de 91 según otras fuentes) de 350 totales, se reunieron en el hemiciclo del Congreso de Diputados para votar de forma casi unánime la censura al nuevo Gobierno, propuesta por el diputado progresista y exministro de Hacienda, Pascual Madoz, porque significaba la introducción de “una política diametralmente opuesta” a lo que las Cortes habían manifestado hasta entonces. Al no conseguir ser recibidos por la Reina, se encerraron en el Congreso donde pasaron la noche del 14 al 15 de julio. Entonces, O’Donnell ordenó bombardear el edificio, y un casco de granada entró en el salón de sesiones. Los milicianos que defendían los accesos al palacio de las Cortes fueron abandonando sus posiciones y, a las 11:30 de la mañana, los 43 diputados que habían resistido hasta el último momento (37 progresistas y 6 demócratas) abandonaron el edificio y se marcharon a sus casas.

En aquel momento, todos estaban pendientes de la actitud que tomara el general Espartero, de lo que dependía el éxito o el fracaso de la contrarrevolución orquestada por O’Donnell. Así lo vio también la milicia nacional de Madrid, que estaba dispuesta a resistir y a que fuera Espartero quien les dirigiera. Pero el general se negó a asumir la dirección del movimiento de oposición. Se produjo una jornada de barricadas en Madrid. Serrano y el marqués del Duero (de la Concha) no ahorraron los disparos de artillería, y pronto la revolución caía en el ridículo y Madrid recobraba la paz.

Huyendo de las barricadas que habían sido ya perdidas por los sublevados. El torero Pucheta que, como es natural, había luchado por parte de los progresistas contra el gobierno de O’Donnell, fue alcanzado en unos prados cerca de Villaverde por una fuerza de caballería gubernamental y muerto allí mismo.

En la mañana del 16 de julio, la resistencia se había desvanecido, y el Gobierno decretaba la disolución del Ayuntamiento y de la Diputación provincial madrileña, y ordenaba a los milicianos nacionales la entrega de sus armas. Espartero, que había permanecido escondido en Madrid, se despidió de la reina el 3 de agosto y se marchó a su residencia de Logroño.

La resistencia más encarnizada la ofrecieron las clases populares de Barcelona al grito de «¡Viva Espartero!», desconociendo que este no iba a intervenir. El 18 de julio, una manifestación fue ametrallada por orden del capitán general Zapatero. Al día siguiente se levantaron barricadas y el domingo 20 de julio se combatió calle por calle; la ciudad fue bombardeada desde el castillo de Montjuich. A la jornada siguiente, los soldados asaltaron las barricadas a la bayoneta, apoyados por la artillería, con lo que el día 22 se puso fin a la rebelión. El resultado final fueron 63 muertos del ejército y más de 400 de la población civil, sin contar las víctimas posteriores de unas “represalias salvajes”.

Una vez reprimidos todos los movimientos de resistencia y retirado Espartero de la escena, el Gobierno de O’Donnell decretó la supresión de la Milicia Nacional, destituyó ayuntamientos y diputaciones y reprimió la prensa. El 2 de septiembre de 1856 declaraba cerradas definitivamente por real decreto las Cortes Constituyentes, cuando aún no se había proclamado la Constitución. Finalmente, por otro real decreto, se restablecía la Constitución de 1845 modificada con un Acta Adicional que liberalizaba su contenido. Fue el final del bienio progresista.

Vencida la revolución, la del 15 de julio de 1856, podía decirse que el Bienio había vivido entre dos revoluciones de julio, la actual y la que le dio el poder en 1854.

Situación de los carlistas

El órgano oficial del carlismo, La Esperanza, era en los años grises el periódico de mayor circulación en España entera de todos los que se publicaban en Madrid. Los partidarios del conde de Montemolín conservaban “su esperanza, que ha sido siempre tan grande como su fe“, y reconocía que “base tenían para aquellas en la división de los liberales con su constante lucha y frecuentes pronunciamientos“. Solo el marqués de Miraflores estaba cegado por la pasión política. En realidad, los carlistas no perdieron nunca la esperanza en los días grises que van desde el fin de la Guerra de los Matiners hasta la Revolución de julio de 1854; no las perdían, porque veían el desarrollo de los acontecimientos en su verdadero significado y comprendían que un trono que estaba vacilante no podía dejar de caer cuando un vendaval se desatara.

Los carlistas estaban en la creencia de que los acontecimientos harían necesarios los servicios de aquellos que se habían mantenido con integridad y pureza en el camino de los sacrificios. Así, pues, la Revolución de julio de 1854 no pudo coger de sorpresa a los jefes carlistas, y como es natural y lógico, inmediatamente se pensó en aprovechar aquellas circunstancias que se habían puesto favorables para la consecución del triunfo. El trono de Isabel II estaba vacilante; el partido republicano acrecentaba sus fuerzas; lo que un pronunciamiento y un motín levantaba, otro motín y otro pronunciamiento podían derribar.

Eran estas las circunstancias especiales que se venían esperando que se produjeran desde 1850. El triunfo del partido progresista debía producir el choque entre el equipo triunfador y la conciencia religiosa del pueblo español. El desatar de las pasiones de los progresistas, sería un aliciente más para los carlistas para terminar con tanta vergüenza. La moralidad de los progresistas no iba a ser, como no fue, superior a la moralidad de los moderados. Dos partidos podían esperar ser los herederos de la situación: los carlistas y los republicanos. Es curioso que, a pesar de su efímero triunfo de 1873, los republicanos, como tampoco los carlistas, heredaron aquella situación. Estas circunstancias especiales tan esperadas activaron los trabajos de la Comisión Regia de París, y su secretario Díaz de Cevallos considera que era posible un alzamiento militar, por lo que comenzó a dar instrucciones y se mandan a España armas para depósitos de los carlistas.

Carlos VI delegaba su intervención en lo que realizaba la Comisión Regia de París, cuyo mando militar lo tenía el general conde de Morella. El triunfo de la Revolución de julio y el lanzarse los progresistas por el camino de su política anticlerical, imponían que la voz del Rey en el destierro fuese oída en toda España y por todos los españoles, ya que las circunstancias eran excepcionales. Y Carlos VI, saliendo de aquel retraimiento personal en que estaba encerrado en Nápoles, publicó un manifiesto que circuló por las cortes amigas del extranjero acompañado de un memorandum que tenía ya mayor carácter diplomático. El director de La Esperanza, que fue consultado, no aprobó dicho documento, y por lo tanto, no se dio a conocer en España. Este manifiesto es sumamente curioso. Don Carlos no lo firmó como rey, sino como conde de Montemolín.

El gobierno esparterista nombró para ocupar la Embajada en París a Salustiano de Olózaga, quien, como es natural, prestó atención a las actividades de los carlistas emigrados, y por ello llegó a conocer que cierto contrabando de armas se venía haciendo por las fronteras de Navarra y Cataluña. Por otra parte, circulaban por las provincias vascongadas rumores de un próximo alzamiento de los carlistas y hasta se daba la fecha de San Miguel (29 de septiembre), como la señalada para que los comprometidos empuñaran las armas.

Rumores iguales o muy parecidos circulaban por Castilla la Vieja, por Navarra, por Aragón, por Valencia, por La Mancha y Toledo, y por Cataluña. En todas partes se creía que la dirección del movimiento la llevarían los emigrados, que entrarían en España cuando la hora de iniciar el alzamiento hubiese llegado. Como vemos, tanto Olózaga como el gobierno de Madrid no tuvieron conocimiento exacto de cuál era el plan de los carlistas. No era, pues, como se figuraban: creyeron en el antecedente de 1847, y no llegaron a enterarse de que se trataba de un proyecto muy distinto y de una conspiración totalmente extraña a los usos del partido carlista. Olózaga consiguió que la policía francesa atendiera a la vigilancia de los carlistas emigrados y la hiciera extensiva a los legitimistas franceses, cuyas actividades procarlistas les eran bien conocidas por su intervención en la Guerra de los Siete Años y en la Guerra de los Matiners; consiguiendo del gobierno de París que fueran sujetos a cierta vigilancia algunos partidarios carlistas.

Es indudable que existía agitación carlista en España, sobre todo ante los atropellos que se hacían a la Iglesia, aunque, a decir verdad, la única revolución española que no incendió iglesias ni conventos fue la de 1854. En Palencia, el 15 de agosto se alteró el orden en las calles, pues entusiastas carlistas vitorearon a Carlos VI por las mismas. Cundía esta agitación muy particularmente en los pueblos, y así ocurre que en Villanueva de San Carlos (Ciudad Real), una manifestación de carlistas vitorearon al conde de Montemolín y dieron mueras a Isabel II, produciéndose un tumulto, durante el cual se oyeron disparos de armas de fuego.

El 2 de junio de 1854, una partida montemolinista se había presentado en Valderedible (Santander), y ante su anuncio se formó una columna compuesta de la Guardia Civil y a las órdenes del comandante Villanueva, que salió en persecución de la pequeña partida, que tuvo que dispersarse. En Navarra, cinco emigrados carlistas, impacientes de regresar a España para lanzarse en defensa del conde de Montemolín, fueron detenidos en la frontera por los gendarmes franceses, en combinación con la Guardia Civil española, y reconducidos a los depósitos de su procedencia. También en la provincia de Lérida se levantó una pequeña partida, que si bien logró mantenerse algún tiempo en el campo, tuvo que desaparecer ante la persecución. Todo esto son indicios que han de acumularse como prueba de que el partido carlista estaba impaciente, porque consideraba que había llegado la ocasión de poner a prueba su constancia y lealtad.