Década Moderada (1844-1854)

La reina Isabel II juró la Constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843. El reinado de Isabel II se dividió en cuatro fases: la Década Moderada (1844-54), el Bienio Progresista (1854-56), la Unión Liberal (1856-63) y la Crisis final (1863-68).

Aprobación de la Constitución de 1845

Las elecciones de enero de 1844 fueron ganadas por los moderados, lo que provocó levantamientos progresistas en varias provincias en febrero y marzo denunciando la influencia del gobierno en las mismas. Así, los líderes progresistas Cortina, Madoz y Caballero fueron encarcelados durante seis meses. Olózaga no fue detenido porque se encontraba en Lisboa y Joaquín María López permaneció escondido hasta que sus compañeros salieron de prisión. En mayo, el general Narváez asumió la presidencia del gobierno, inaugurando la llamada Década moderada (1844-54), diez años en los que el partido Moderado detentó en exclusiva el poder gracias al apoyo de la Corona, sin que los progresistas tuvieran la más mínima oportunidad para acceder al gobierno.

Cuando en mayo de 1844 el general Ramón María Narváez se hizo cargo del gobierno, los moderados estaban divididos respecto a la necesidad de reformar la Constitución de 1837 entonces vigente. Incluso el grupo más reaccionario encabezado por el marqués de Viluma abogaba por su derogación y la vuelta a la carta otorgada del Estatuto Real de 1834. Narváez se inclinó finalmente por la opción de la reforma defendida por el grupo liderado por Alejandro Mon y Pedro José Pidal frente al grupo de moderados “puritanos” que defendían su mantenimiento porque su aprobación había sido fruto del consenso entre los dos grandes partidos liberales, moderados y progresistas; lo que les permitiría alternarse en el gobierno sin tener que cambiar la Constitución cada vez que se cambiaba el gobierno.

Para llevar a cabo la reforma de la Constitución, Narváez convocó elecciones para el verano de 1844 en la que los progresistas no participaron porque estaban a favor de mantener intacta la Constitución y porque sus principales líderes estaban en prisión o huidos como consecuencia de las revueltas progresistas que se produjeron en febrero y marzo de 1844 tras las elecciones de enero en las que denunciaron la “influencia” del gobierno moderado de Luis González Bravo en el resultado de las mismas. Así fue como los moderados pudieron aprobar sin ningún tipo de oposición la nueva Constitución de 1845 hecha a su medida.

En la nueva Constitución, la soberanía era “compartida” entre las Cortes y la Reina, a la cual se le dejaban bastantes poderes, ya que se la suponía controlada por el partido moderado.​ Como consecuencia de este principio, el poder legislativo era compartido entre las Cortes y la Reina. Las Cortes estarían formadas por dos órganos legislativos, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso estaría integrado por representantes elegidos por sufragio censitario por los electores de mayores rentas del país, aunque estos no llegaban a representar el 1 % de la población. Mientras que el Senado estaría formado por senadores elegidos por la Reina en un número ilimitado. Los derechos y libertades se declaran, incluido el de la libertad de expresión; pero sus límites quedarían en manos de las leyes, que serán las que decidan los miembros de las Cortes, gentes de altas rentas que harían las leyes a su medida, impidiendo el acceso al poder de los otros grupos sociales y políticos, como los progresistas.

El vuelco a los avances liberales progresistas de las etapas anteriores se completó con una nueva ley municipal del 8 de enero de 1845 con sufragio directo censitario y con el reforzamiento del centralismo.

La inestabilidad de los gobiernos

Pronto surgió la división del Partido Moderado, lo que coadyuvó a la inestabilidad política que se manifestó en los continuos cambios en la presidencia del gobierno, que comenzaron con el cese de Narváez el 11 de febrero de 1846, asociado al conflictivo matrimonio que se pactó para la reina. En efecto, esta se casaría en dicho año con Francisco de Asís de Borbón, primo suyo, el 10 de octubre, el mismo día que cumplió dieciséis años. Antes, la madre de la reina, la exregente María Cristina, había urdido un plan matrimonial para casar a su hija con el heredero de la Corona francesa. Tales propósitos levantaron las suspicacias de Inglaterra, que a toda costa quería que se respetase el Tratado de Utrecht y evitar que las dos naciones estuvieran unidas bajo un solo rey. Tras los Acuerdos de Eu, se limitó el número de candidatos para Isabel a poco más de seis, entre los que finalmente se eligió a Francisco de Asís.

Por influencia de los moderados “puritanos” de Joaquín Francisco Pacheco, el gobierno de Francisco Javier de Istúriz, que sucedió al de Narváez en abril de 1846, intentó integrar a los progresistas en la Monarquía para establecer en el futuro el turno de partidos y afianzar así el trono de Isabel II. Para ello realizó varios gestos como devolver al general Espartero todos los cargos y honores que le habían sido arrebatados por el gobierno de Joaquín María López tras ser obligado a renunciar a la Regencia; la anulación de la acusación contra Salustiano de Olózaga de haber forzado a la reina a que firmara el decreto de disolución de las Cortes cuando a finales de 1843 fue presidente del gobierno; o, con motivo de la boda de la reina el 10 de octubre, la amnistía a todos los dirigentes progresistas encausados por las revueltas de febrero y marzo de 1844.

Estas medidas permitieron volver a España al general Espartero, a Olózaga y a otros dirigentes progresistas, y además les convencieron para presentarse a las elecciones de diciembre de 1846, en las que obtuvieron 53 escaños. Se estableció entonces la colaboración parlamentaria entre los progresistas y los “puritanos”, una prueba más de su acercamiento al régimen de la Constitución de 1845, que tuvo como colofón el nombramiento por la reina del general Espartero como senador, en un momento en que este se había convertido en el líder de hecho de los progresistas, convencidos de que “la Corona vería en un militar la persona adecuada para alternar en el poder con el que lideraba el moderantismo, Narváez”.

Istúriz consiguió mantenerse en el poder hasta el 28 de enero de 1847, cuando un pulso por el control de las Cortes con Mendizábal y Olózaga, de retorno ya del destierro tras la personal autorización de la Reina, le obligó a dimitir. De enero a octubre de ese año se sucedieron tres gobiernos sin rumbo mientras los carlistas seguían creando problemas, al tiempo que algunos emigrados liberales volvían del exilio.

El 4 de octubre de 1847 fue nombrado de nuevo presidente Narváez, y este prosiguió la política de integración de los progresistas. Les comunicó que deseaba «regularizar el organismo constitucional y hacer posible el turno en el poder de todos los partidos que realmente reconocieran a la reina» hasta que estalló la Revolución de 1848 en Francia, que supuso la caída de la Monarquía y la proclamación de la República y luego se extendió por toda Europa.

Entonces Narváez, como la propia reina, pensó que el turno con los progresistas podía abrir las puertas a la revolución. Con lo que su gobierno dio un giro autoritario para prevenir desórdenes. En el debate que se produjo en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno de Narváez de suspensión de las garantías constitucionales. Los progresistas se ofrecieron como alternativa con un gobierno presidido por Espartero que impidiera con reformas que estallara la revolución también en España. Salustiano Olózaga dijo que el objetivo del mismo sería «no solo salvar el trono, sino mantener la tranquilidad, aumentar la prosperidad del país, liberarle de la guerra civil, de la anarquía y de las complicaciones extranjeras». La propuesta progresista no fue aceptada, entre otras cosas porque ni la reina madre María Cristina ni Isabel II guardaban un buen recuerdo de la actuación del general Espartero cuando solo ocho años antes había obligado a la regente a marchar al exilio.

La Revolución de 1848, que recorría toda Europa, protagonizada por el movimiento obrero y la burguesía más liberal, provocó insurrecciones en el interior de España, duramente reprimidas; además, se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña al considerarla partícipe e instigadora de los movimientos carlistas en la denominada Guerra de los Matiners. Narváez duró en el gobierno hasta el 10 de enero de 1851, cuando presentó la dimisión definitiva, formándose un Ministerio cuya Presidencia y Cartera de Hacienda se encargaba a Bravo Murillo; en Estado entraba Beltrán de Lis; en Gracia y Justicia, González Romero; en Guerra, el conde de Mirasol; en Gobernación, Arteta, y en Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Fernández Negrete. La Cartera de Marina le fue reservada a Bustillo, pero hasta su llegada regentó el Ministerio Beltrán de Lis.

Bravo Murillo tuvo el apoyo de generales que no veían bien la intervención constante de sus compañeros. Quiso dar la batalla para liberar el poder civil de la influencia y predominio castrense, y aunque tomó medidas, entre las que hay que notar la expatriación de Narváez, no consiguió lo apetecido. El reinado de Isabel II siguió siendo el de los generales jefes de partido, en el moderado Narváez, en el progresista Espartero y, al fundarse la Unión Liberal, con el general O’Donnell.

El gobierno de Bravo Murillo frustró de nuevo la posibilidad del turno de moderados y progresistas en el gobierno, en un momento en que estos últimos habían reafirmado su lealtad a la monarquía de Isabel II tras la salida del partido del sector democrático en abril de 1849. El hecho fundamental que entorpeció la consolidación del régimen constitucional fue la violación por parte del gobierno y de la Corona de las reglas parlamentarias con el objetivo de conseguir unas Cortes adictas que aprobaran la reforma de la Constitución de 1845 en un sentido reaccionario.

El 1 de diciembre de 1852 era derrotado el candidato gubernamental a la presidencia del Congreso de Diputados. La respuesta del moderado “autoritario” Bravo Murillo no fue dimitir, conforme a los usos parlamentarios, sino obtener de la reina al día siguiente el decreto de disolución de las Cortes para así conseguir la elección de unas Cámaras adictas que aprobaran la reforma de la Constitución de 1845 que el gobierno había presentado.

La respuesta de los moderados de Narváez, unidos entonces a los moderados “puritanos”, y de los progresistas fue pedir la dimisión de Bravo Murillo, que abandonó el cargo el 14 de diciembre, pero la Reina no llamó a formar gobierno a un político que tuviera el suficiente respaldo en las Cortes, sino a un hombre de su confianza que solo respondería ante la Corona, Federico Roncali, al que sucedieron el general Francisco Lersundi Hormaechea (presidente del gobierno entre el 14 de abril y el 19 de septiembre de 1853) y Luis José Sartorius, conde de San Luis, que se mantuvo en el gobierno desde el 19 de septiembre de 1853 hasta el 17 de julio de 1854.

Así pues, la respuesta de la Corona a la violación de los usos parlamentarios por Bravo Murillo fue nombrar sucesivos gobiernos presididos por Roncali, Lersundi y el conde de San Luis que respondían únicamente ante la Reina porque carecían de base parlamentaria. A esta inestabilidad política se sumó la acusación de corrupción, como la concesión arbitraria de licencias para el trazado de líneas ferroviarias sin la correspondiente autorización parlamentaria, o la pretensión de que las mismas fueran aprobadas por decreto, lo que fue rechazado por el Senado: “Al día siguiente de la votación, el Gobierno de Sartorius cerró las Cortes, separó a todos los magistrados y empleados públicos que habían votado en contra y desterró a varios generales y periodistas”. La consecuencia de todo ello fue el desprestigio de la Corona, que “ignoró la opinión de la mayor parte de los partidos y se fió de una fracción que quebrantaba la Constitución para introducir formas contrarias al parlamentarismo”.

Obras de la Década Moderada

Construcción del Congreso de los Diputados

En estos años de 1843 a 1850 se construye el nuevo Palacio del Congreso de los Diputados, en el mismo solar donde se encontraba el convento del Espíritu Santo. La primera piedra se coloca el 10 de octubre de 1843.

La Academia de Bellas Artes de San Fernando había convocado un concurso público de ideas para realizar este proyecto en 1841. El fallo del concurso que había tenido lugar en noviembre de 1842 recayó en el arquitecto Narciso Pascual y Colomer.

El 31 de octubre de 1850, la reina Isabel II inauguró el edificio del Congreso de los Diputados, siendo presidente del Gobierno Ramón María Narváez, duque de Valencia, y presidente de la Cámara Luis Mayáns.

Tienen gran importancia en la construcción del edificio tanto la Comisión de Obras como la Comisión de Gobierno Interior, que completa la decoración en años sucesivos con numerosas pinturas y esculturas.

Reforma de la administración del estado

En busca del orden social, los moderados organizaron el Estado en provincias, ya diseñadas por Javier de Burgos en 1833, y cada provincia en municipios. Los cargos de poder provincial serían los gobernadores civiles, nombrados por el Gobierno. Estos nombrarían a su vez a los cargos municipales de los ayuntamientos, con lo cual se estableció un monopolio del poder por los moderados en todas las escalas, y se garantizó el control de todas las instituciones. En cuanto a los territorios forales, el deseo de orden de los moderados les obligó a respetar las instituciones forales con las que esas provincias funcionaban sin problemas, por lo que el régimen foral sobrevivió durante el gobierno de los moderados.

Reforma de la enseñanza

También se reguló la educación a través del Plan Pidal (Decreto del 17 de septiembre de 1845). La educación quedó centralizada en manos del Estado y organizada en niveles (estudios primarios, secundarios y universitarios). Aparecen los institutos para impartir la enseñanza secundaria. Cada capital de provincia debía contar con al menos uno. Se creó un Consejo de Instrucción Pública (1846) para regular los contenidos de los libros de texto, buscando la uniformidad. También se reguló el acceso a la función docente. En un principio se apostó por una enseñanza laica, pero esta disposición quedó anulada por la firma del Concordato de 1851. El Plan Pidal sería sustituido por la Ley Moyano de 1857.

Reforma tributaria

En cuanto a la Hacienda, existía un descontrol enorme en los impuestos, por lo que los moderados buscaron establecer una nueva fiscalidad equitativa y ordenada. Para ello se eliminaron los innumerables impuestos antiguos y quedaron solo unos pocos, que englobaban o transformaban a los anteriores y los hacían más justos y controlables. Destacó en esta época la labor del ministro de Hacienda Alejandro Mon y su colaborador Ramón Santillán, que trataron de equilibrar la deuda del Estado con los ingresos a través de la ley Mon-Santillán (1845), una ley que modernizó la economía del país.

La transformación fiscal principal consistió en las nuevas contribuciones directas con las que se intentaba que cada ciudadano pagara en función de su renta. En el nuevo sistema tributario se dio mucha más importancia a los impuestos directos que a los impuestos indirectos; la base del nuevo sistema estaba compuesta por cinco impuestos:

• Impuestos directos
  • Contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería: Según las previsiones presupuestarias, debía cubrir aproximadamente el 25 % de los ingresos del Estado.
  • Subsidio industrial y del comercio: Gravaba las actividades industriales y comerciales, dividiéndose en dos partes, una fija y otra variable proporcional.
  • Derecho de inquilinato, cuya vigencia apenas llegó a un año.
• Impuestos indirectos
  • Impuesto de consumos de especies determinadas, rentas de estancos y monopolios (tabaco, sal y loterías) y el gravamen del consumo de bebidas alcohólicas, el aceite de oliva, el jabón y la carne.
  • Derecho de hipotecas: Gravaba la transmisión, arrendamiento y el establecimiento de cargas sobre bienes inmuebles.

Junto a estos impuestos, también tenían importancia destacada las rentas de aduanas y monopolios de tabacos y loterías.

Creación de la Guardia Civil

Mediante los decretos de 28 de marzo y de 13 de mayo de 1844, se configuró un cuerpo de seguridad pública de naturaleza militar, dependiente del ministerio de la Gobernación en lo referente al servicio y del de la Guerra en cuanto a su organización, disciplina, personal, material y percibo de haberes; centralizándose, con una gran autonomía organizativa, en la Dirección General. El 13 de mayo de 1844, Francisco Javier Girón, II duque de Ahumada, se convertió en el primer director general.

El duque de Ahumada, hombre de confianza del general Narváez, militar de prestigio, de corte conservador y profundo conocedor de la realidad española, había estado a las órdenes del general Leopoldo O’Donnell en la Primera Guerra Carlista; en 1843 fue nombrado jefe militar en la región de Cataluña. Allí conoció la formación de los Mozos de Escuadra. Ahumada imprimió su sello personal a la nueva fuerza, dotándola de una severa reglamentación y de la famosa Cartilla del Guardia Civil, que refleja los valores que deben definir al guardia civil: espíritu benemérito, fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y lealtad.

En 1844 los políticos de las provincias realizaron informes sobre las necesidades de seguridad en sus territorios. Basándose en ellos, el duque de Ahumada estableció aquel año 12 tercios con las siguientes capitales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, La Coruña, Zaragoza, Granada, Oviedo, Cáceres, Pamplona, Burgos y Vitoria. Por Real Orden del 20 de octubre de 1844, se mandaron compañías del Primer Tercio, el de Madrid, a Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara. Estos tercios estaban integrados por compañías de infantería y escuadrones de caballería. A finales de 1844 había 3.000 guardias civiles y en 1845 había 7.140.

Creación del Canal de Isabel II

Su aprobación se hizo definitiva, mediante Real Decreto, el 18 de junio de 1851. El decreto disponía la construcción de un embalse de 27 metros de altura y 72,4 metros de longitud, de un canal de más de 70 kilómetros de longitud que llevase hasta Madrid el agua del río Lozoya y de un depósito de 48.000 metros cúbicos, que se convertirían en el punto de partida de lo que hoy conocemos como Canal de Isabel II.

Concordato de la Santa Sede

Los sucesivos gobiernos moderados trataron de apaciguar el enfrentamiento con la Santa Sede como consecuencia de los procesos de desamortización llevados a cabo por Mendizábal en el periodo anterior, mediante la firma de un Concordato en 1851 con el Papa Pío IX. El segundo de la historia de España que, en síntesis, venía a establecer una política de protección de los bienes de la Iglesia católica ante posibles nuevos procesos de desamortización de los mismos, especialmente los civiles. Se frenó la venta de los que todavía estaban en poder del Estado y la Iglesia obtuvo compensaciones económicas.

Creación del Colegio Militar de Caballería (Academia de Caballería)

Por una Real Orden de 1850 se creó el Colegio Militar de Caballería, que tuvo su primera sede en las instalaciones de la universidad de Alcalá de Henares, aunque en 1852 se decidió su traslado a Valladolid.

En 1851, se terminó de construir en Valladolid un edificio octogonal para ser utilizado como prisión modelo. La comisión de entrega rechazó dicho edificio por “su mal entendida construcción, su perjudicial situación en el centro de la ciudad, su mala distribución interior, falta de luces y ventilación…”. El coronel de caballería Manuel Montesinos, que formaba parte de la comisión de entrega, puso el hecho en conocimiento del teniente general Ricardo Shelly, director general del arma, instalado entonces en la Universidad Complutense, que carecía de espacio para sus necesidades de alojamiento e instrucción.

El general Shelly hizo gestiones de la Corte y finalmente en 1852 el Colegio Militar se trasladó a Valladolid al “Octógono”. Su construcción era la típica para arquitectura carcelaria de su época, con planta baja y un piso y fachadas muy sobrias, que se reformó en parte para las necesidades del Colegio Militar.

El Colegio tuvo diferentes nombres, como Colegio y Escuela General de Caballería en 1871, Escuela de Aplicación de Caballería en 1882 y Academia de Caballería en 1893.

La noche del 25 al 26 de octubre de 1915, el “Octógono” fue destruido por un incendio y en el año 1916 se decreta que el museo de la Academia fuera trasladado a Madrid, al cuartel del Rosario y en 1928 al cuartel del Conde-Duque, también en Madrid.

El edificio actual se empezó a construir en 1921 sobre el solar de El Octógono,​ siguiendo un proyecto del capitán de ingenieros José de la Gándara y Cividanes, pero, habiendo dispuesto la Superioridad que, sin alterar la esencia del proyecto total, se dividiera en varios parciales y se redactara en primer término el de la parte que se hubiera de construir en los terrenos que son ya propiedad del Estado, comenzando las obras sin esperar a poseer los que habían de ser expropiados, se encomendó al capitán de ingenieros Adolfo Pierrad Pérez la redacción del proyecto de edificio para el internado de los alumnos, y es el que va a construirse por administración, a causa de haber quedado desiertas las dos subastas anunciadas para la ejecución de las obras por contrata.

La colocación de la primera piedra y entrega de un estandarte bordado por la reina Victoria Eugenia se realizó los días 4 y 5 de mayo de 1921, a la cual asistieron los reyes y una representación de todos los regimientos del arma con sus estandartes.