Regencia del general Serrano (1869-71)

Inicio de la Regencia

Una vez promulgada la Constitución, al haber establecido la Monarquía como forma de gobierno, las Cortes nombraron el 18 de junio como regente al general Serrano, mientras que el general Prim pasaba a ser presidente del gobierno.​ Al día siguiente, Prim presentó su nuevo gabinete, en el que continuaron casi los mismos ministros y en el que no quisieron integrarse los demócratas “cimbrios” a pesar del ofrecimiento que Prim les hizo de tres ministerios, ya que, según Jorge Vilches, “la unión con los conservadores se terminó para los demócratas una vez que se aprobó la Constitución”.

La tarea principal del nuevo gobierno fue buscar un rey entre las diversas familias reales europeas, aunque al mismo tiempo inició el desarrollo legislativo de la Constitución y prosiguió con las reformas económicas emprendidas por el Gobierno provisional: el establecimiento del matrimonio civil (Ley Provisional de Matrimonio Civil, de 18 de junio de 1870); la reforma del Código Penal (Ley de 16 de julio de 1870); la democratización de los municipios (agosto de 1870); la reorganización de la administración de justicia (Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870). En cuanto a las reformas económicas (Figuerola siguió en la cartera de Hacienda), destaca la Ley Arancelaria de 12 de julio de 1869, por la que se abría progresivamente el mercado español a los productos extranjeros (pasando así del proteccionismo al librecambismo en el comercio exterior).

Sin embargo, dos problemas complicaron la labor del gobierno de Prim: el primero, la incapacidad del Ejército para dominar la insurrección secesionista cubana, que se hizo especialmente fuerte en el Oriente de la isla; el segundo, la necesidad de hacer frente a la insurrección federal.

Motín de las quintas de Jerez (1869)

La dirección en Madrid del Partido Republicano Democrático Federal había acordado “aplazar la cuestión social para hasta después de implantada la república”. Pero pronto se vio desbordada por la presión de las organizaciones “intransigentes” de las provincias que se oponían a la actitud “transigente” o “benévola” de la minoría republicana en el Congreso de los Diputados, y que a su vez estaban presionadas por las clases populares, especialmente a causa de que no solo se había incumplido la promesa de la supresión de las quintas, sino que a principios de marzo de 1869, el general Prim llamaba a filas a través de las quintas a 25.000 hombres para la Guerra de Cuba. Esto produjo levantamientos de oposición a las quintas en todo el territorio nacional; algunas fueron protestas pacíficas como en Madrid y Zaragoza, pero otras adquirieron carácter violento como las de Jerez y Barcelona.

El ayuntamiento jerezano, presidido por el liberal progresista Pedro López Ruiz, aprobó en sesión plenaria establecer un impuesto (un cuarto de hogaza de pan) para redimir a todos los jóvenes jerezanos que debían alistarse, aproximadamente unos 80 mozos. A pesar de todo, la rabia que produjo el llamamiento entre el pueblo, y sobre todo el descontento entre los republicanos, precipitaron los acontecimientos. A pesar de la decisión municipal de redimir a los jóvenes del nuevo reemplazo, se fijaron los días 19 y 21 de marzo de 1869 para comenzar el alistamiento de la quinta correspondiente.

La fijación el 17 de marzo del bando por las calles provocó los primeros incidentes (se arrancó el bando de la Plaza del Arenal) y las primeras protestas. Se levantaron barricadas de resistencia en las cercanías de la iglesia de San Miguel, el barrio de Santiago y el de la Albarizuela. El pueblo, harto de promesas, acumuló piedras, carruajes, botas que fueron llenadas con arena y cascajos, e incluso se emplearon los tubos que debían utilizarse para la canalización del agua de Tempul. A pesar de los intentos del alcalde de que los manifestantes depusieran la actitud y la explicación de los deseos del Ayuntamiento de redimir a todos los quintos jerezanos, el pueblo descontento no depuso su actitud de amotinamiento. El hartazgo de los más humildes hizo que se mantuvieran las barricadas en la Plaza de Santiago, calle de la Victoria y Juan de Torres.

Jerez vivió una de las etapas más trágicas de su historia entre los días 18 y 19 de marzo de 1869. La represión posterior fue durísima. Las noticias sobre la violencia empleada por el ejército sobre la población civil jerezana ocuparon numerosas páginas de prensa de medios nacionales.

En el diario ilustrado El Museo Universal de 4 de abril de 1869 se narraba cómo los soldados vaciaban y bebían el vino de las bodegas hasta embriagarse, así como registraban las casas de los vecinos buscando personas refugiadas, destruyendo y saqueando de forma arbitraria lo que encontraban a su paso. Reprobaban la actitud de la soldadesca rabiosa y la actitud pasiva de los mandos por no controlar a sus soldados, que se comportaban como “conquistadores”, cometiendo todo tipo de abusos sobre la población civil.

La gran represión que se produjo conllevó la detención de 637 personas, incluido el Comité Local republicano. Muchos de los detenidos eran forasteros de localidades cercanas, probablemente republicanos, que se habían sumado a las protestas contra las quintas. 308 presos fueron deportados días después del conflicto a los penales de Ceuta, quedando la cárcel de Jerez completa con 134 prisioneros, siendo puestos en libertad otras 92 personas.

A la quinta de 1869 le seguiría otra de 40.000 en abril de 1870, que tuvo gran repercusión en Barcelona.

La insurrección de los republicanos federales

Así, viendo la actitud benévola de los dirigentes de Madrid, los comités provinciales empezaron a firmar pactos regionales de asociación para construir la República federal “desde abajo”, siguiendo el modelo del Pacto de Tortosa firmado el 18 de mayo de 1869 entre los territorios de la antigua Corona de Aragón. Así, también se firmaron pactos en Córdoba (entre andaluces, extremeños y murcianos), Valladolid (donde nació el Pacto Federal Castellano), Santiago de Compostela y Éibar.​ El proceso culminó con la firma en Madrid el 30 de junio de 1869 de un “Pacto Nacional” o “Pacto General” que agrupaba los diversos pactos y creaba el “Consejo Federal”, que hizo público un manifiesto reivindicando la República Democrática Federal.

El verano de 1869 fue especialmente conflictivo: disturbios carlistas en Cataluña que permitieron a Sagasta dar poderes extraordinarios a los gobernadores civiles, incidentes con republicanos en Tarragona y Tortosa que condujeron a un levantamiento, revueltas armadas en Andalucía y sublevaciones en Valencia y Zaragoza. El ayuntamiento de Madrid denunciaba en un bando los excesos de los que «llamándose federales, predican deletéreas doctrinas de un inmoral absurdo, e imposible socialismo, abusando también de la prensa para propagarlas, difundir alarma y excitar a la rebelión».

El 27 de septiembre de 1869, el comité republicano federal de Barcelona hizo un llamamiento a la insurrección que fue seguida en toda Cataluña, y fuera de ella en algunos lugares de Aragón, en Béjar, en Orense, en Murcia, en Alicante, en Valencia y en diversos puntos de Andalucía, dirigidos aquí por Fermín Salvochea y José Paúl y Angulo. Como no contaban con armas ni recursos, la insurrección fue fácilmente aplastada por el ejército.

La causa principal de la insurrección fue el intento de llevar a la práctica los principios del federalismo e implantar la República “desde abajo”. Hay que tener presente que en algunos lugares, especialmente en Andalucía, la República tenía un trasfondo social, porque para muchas personas era sinónimo de reparto de la tierra entre los jornaleros y los campesinos pobres, o también de supresión inmediata de las odiadas quintas.

La insurrección republicana de septiembre-octubre de 1869 puso de manifiesto las diferencias entre unos sectores del país y la coalición gubernamental. Y fue significativa, no solo por lo que de ruptura violenta de un consenso tenía, sino porque gran parte de los que la protagonizaron se sintieron desengañados de una política que juzgaban ineficaz para sus intereses. Desde los primeros momentos se hizo patente la desilusión de unos sectores que esperaban que el Gobierno hiciera frente a la crisis agraria. Pero no fue la única desilusión: dos de las reivindicaciones populares más importantes, la abolición de las quintas y de los consumos, eran escamoteadas por el Gobierno con paliativos más o menos reales.

Por otro lado, el fracaso de la sublevación federal llevó a algunos sectores obreros a alejarse de la política de los partidos, como se puso de manifiesto en el primer congreso de sociedades obreras celebrado en Barcelona en junio de 1870, donde se constituyó la Federación Regional Española de la Primera Internacional. El periódico internacionalista La Federación defendía que los obreros se mantuvieran al margen de los republicanos federales, puesto que la única causa por la que deberían luchar era la de la “revolución social”.

Motín de las quintas de Barcelona (1870)

El levantamiento popular que tuvo lugar en abril de 1870, cuando el gobierno español anunció una quinta de 40.000 efectivos para enviar soldados a la Guerra de Cuba. El descontento con el sistema de quintas fue en aumento, sobre todo con la “exención a la leva” que se podía comprar pagando en torno a 1.000 pesetas (equivalente al salario base de un jornalero durante un año y medio). Mientras que la inmensa mayoría de las familias de clase humilde no podían hacer frente a este pago, y veían marcharse a sus hijos o maridos a una guerra que consideraban inútil, mientras que las familias de clase privilegiada compraban la exención y aquella plaza amortizada tenía que ser ocupada por un soldado de leva que, inicialmente, había quedado fuera de la primera tanda de reclutamiento.

El 4 de abril de 1870, el ejército llamó a “quintas” en todos los municipios de Barcelona. En aquella época, el reclutamiento se hacía de pueblo en pueblo y era el ejército quien hacía la labor. En Gracia, cuando supieron que los militares habían salido de Barcelona y se dirigían a “quintar” a los jóvenes de la villa. Un grupo de mujeres asaltó el Ayuntamiento de Gracia y quemó documentación y parte del mobiliario, con la intención de evitar que sus hijos fueran llamados a filas, mientras que en las puertas de Gracia se organizó la defensa popular para impedir el paso a los militares.

El general Eugenio de Gaminde y Lafont, capitán general de Cataluña, era el encargado de hacer efectivo el orden de las primeras quintas. Ordenó que las tropas acuarteladas en Barcelona se desplazaran a la Villa de Gracia y efectuaran el reclutamiento con o sin la colaboración del ayuntamiento graciense.

La villa fue avisada de la llegada de las tropas y repicaron la campana a toque de somatén, que era la manera tradicional de avisar de que la población estaba a punto de ser atacada. Era la campana de la plaza de Oriente, actualmente plaza de la Villa.

Los militares lo tomaron como una ofensa, y dispararon varios cañonazos contra el campanario hasta resquebrajarlo. Aun así, el hecho más destacado fue que la campana siguió repicando ininterrumpidamente. La persona que blandió la campana hasta el último momento era una anciana que, posteriormente a la ocupación, fue detenida y encarcelada en un penal próximo a Madrid.

La ciudad fue asediada durante cinco días y posteriormente tomada al asalto, entrando a saco en la villa. Como lo habría hecho un ejército invasor extranjero. El resultado fue de 27 muertos civiles y un número importante de viviendas saqueadas.

El motín de Gracia se extendió a la ciudad condal, donde fueron mujeres y trabajadores jóvenes de estas fábricas los primeros en protestar contra los sorteos en los alrededores de la Plaza del Pedró y Plaza San Jaime (entonces de la Constitución).

También en otras poblaciones como Valls se produjeron altercados por el reemplazo del ejército, que fueron llamados la “Saragata de las quintas”. Fue una revuelta sin ramificaciones fuera de la villa. La motivación era el nerviosismo de los liberales bajo el régimen moderado, sumado a que cuando protestaban judicialmente los jornaleros y propietarios, los moderados estaban a favor de los propietarios. El reclutamiento de este año ya había terminado con un alboroto; el grito de “fuera las quintas” aumentaba por la noticia de que los mozos de esquadra debían llevar a Tarragona a los presos. Algunos de ellos eran políticos como Anton Escoda (el Escoda de Alió) y Pere Salas (el Ciego del Tinte). El pueblo protestó de manera radical y gritando «¡mueran abogados y procuradores!» y «¡mueran los que saben leer y escribir!», salió a la calle contra las clases altas.

El 16 de julio, un grupo armado de Vilafranca del Penedés bajo el mando de Emeteri Huguet (el Armanté), junto con liberales de Valls, desarmaron a los mozos de esquadra y liberaron a los presos del trullo, y además, los armaron. Una vez regresaron los mozos rearmados de Tarragona a Valls, produjeron una revuelta que duraría toda una larga noche. La lucha supuso la muerte de varios combatientes de ambos bandos.

La ruptura de la coalición revolucionaria y el nacimiento del Partido Radical

En julio de 1869 ya se produjo una primera crisis en la coalición que apoyaba al gobierno del general Prim, lo que llevó a este a llevar a cabo una remodelación de su gabinete en el que entraron por primera vez los demócratas “cimbrios” con dos ministerios: Manuel Becerra y Bermúdez en Ultramar y José Echegaray en Fomento; pasando Manuel Ruiz Zorrilla a Gracia y Justicia en sustitución del unionista Cristóbal Martín de Herrera, que quedó fuera del ejecutivo.

La siguiente crisis estuvo relacionada con la candidatura al trono de España de Tomás de Saboya, duque de Génova y sobrino del rey de Italia, que estaba apoyada por progresistas y “cimbrios”, y a la que se oponían los unionistas, que defendían la candidatura del duque de Montpensier. Como una de las condiciones impuestas por Víctor Manuel II para conceder el permiso fue que la candidatura de su sobrino contara con un amplio apoyo de las fuerzas políticas, Prim reunió en septiembre de 1869 a una comisión de quince miembros de los tres partidos, pero la oposición de los unionistas se mantuvo alegando que el duque de Génova solo contaba con 13 años de edad, lo que supondría prolongar la “interinidad” cinco años más. Para dar más cohesión a la propuesta, los progresistas y los demócratas “cimbrios” decidieron formar un único partido, que se llamó Partido Radical.

Prim, con el apoyo de Sagasta, llegó a ofrecer a los unionistas que si aceptaban la candidatura del duque de Génova, retiraría el proyecto de ley presentado en las Cortes por el ministro de Gracia y Justicia Manuel Ruiz Zorrilla que reducía el presupuesto de la Iglesia, al que se oponían frontalmente los ministros unionistas, pero la Unión Liberal no aceptó, y además la oferta abrió una crisis en el seno del nuevo Partido Radical porque el propio Ruiz Zorrilla también se opuso a la transacción, encontrando el apoyo del sector “intransigente” del partido y distanciándose por ello de Prim y de Sagasta. Finalmente, la crisis se saldó a principios de noviembre de 1869 con la dimisión de dos de los tres ministros unionistas, Manuel Silvela y Constantino de Ardanaz y Undabarrena, porque el almirante Topete continuó en el gobierno. La coalición de gobierno quedó rota, aunque los unionistas se comprometieron a mantener una oposición leal.

Tras el fracaso de la candidatura del duque de Génova a causa de la negativa de su madre a que aceptara la Corona española, se produjo una nueva crisis el 3 de enero de 1870, cuando Ruiz Zorrilla y Cristino Martos dimitieron al no aceptar Prim su propuesta de establecer una especie de ”dictadura liberal“ mediante la concesión al gobierno por parte de las Cortes de la facultad de gobernar por decreto durante tres meses. Entonces Prim recompuso su gobierno con el apoyo parlamentario de la Unión Liberal, que no quiso entrar en él.

La ruptura definitiva de la coalición de fuerzas políticas de la Revolución de 1868 se produjo en la llamada ”Noche de San José”, del 19 de marzo de 1870. Todo comenzó con motivo de una enmienda presentada por los unionistas al proyecto económico presentado por el ministro de Hacienda Laureano Figuerola, a la que se sumaron los republicanos, los carlistas y un grupo reducido de progresistas, todos ellos aliados para derribar al gobierno. Prim pidió a los unionistas que retiraran la enmienda y, al negarse estos, se dirigió a los diputados de su grupo al grito de «¡Radicales, a defenderse!. ¡Los que me quieran que me sigan!» para que evitaran la derrota del gobierno. Inmediatamente, el almirante Topete abandonó airado el hemiciclo y anunció su abandono del gobierno. La consecuencia fue la división irremediable de la coalición, que si ya existía en el plano gubernamental, ahora comenzaba en el parlamentario. La “Noche de San José” fue recordada el resto del Sexenio como el día de la ruptura completa de la conciliación”.

Búsqueda de un nuevo rey

Los progresistas desde los años cuarenta habían sido los más ardientes defensores de una reunificación peninsular, tal y como lo estaban haciendo Alemania o Italia, y desde sus primeros tropiezos con Isabel II no dudaron en asignar a la dinastía portuguesa un papel similar al que los Saboya estaban jugando en la península italiana. Sus miradas en 1868 se volvieron lógicamente hacia Luis I, en quien veían no solo a un paladín de la unidad, sino incluso un monarca constitucional y hasta con ribetes democráticos. La oposición que encontraron en Portugal les llevó a defender la candidatura de su padre, Fernando de Coburgo, al trono de España. En enero de 1869 esta pretensión tomó forma oficial al encargar Prim al embajador español en Lisboa, Ángel Fernández de los Ríos, que la gestionara secretamente. Era la más lógica de las soluciones monárquicas, pero intrigas de uno y otro lado la hicieron imposible.​ El 6 de abril de 1869, Fernando de Coburgo comunicó por telegrama su rechazo al trono español, según Josep Fontana, por su temor a que “lo que se pretendía fuese una pura y simple anexión de su país“.​

Por su parte, los unionistas defendían la candidatura del duque de Montpensier, casado con la hermana de Isabel II, Luisa Fernanda de Borbón, y que había contribuido con fondos a los preparativos del pronunciamiento de 1868. Esta candidatura era poco viable por la oposición de Napoleón III, dado el antagonismo entre las casas dinásticas francesas, los Bonaparte y los Orleans, y el poco entusiasmo que despertaba en España; se hizo imposible por la propia actuación de Montpensier, que desafió y mató en un duelo al infante don Enrique de Borbón, hermano del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. A partir de este momento, los unionistas siguieron a regañadientes los intentos progresistas de lograr un monarca entre los Hohenzollern o los Saboya.

Una vez confirmado el rechazo de Fernando de Coburgo, el siguiente candidato que propuso el gobierno de Prim fue el sobrino del rey de Italia, Víctor Manuel II, Tomás de Saboya-Génova, pero su candidatura fue rechazada por los unionistas porque solo tenía 13 años de edad, por lo que habría que prolongar el periodo de interinidad cinco años más hasta que cumpliera los 18. La oposición a la candidatura del duque de Génova provocó una crisis en el gobierno de conciliación de Prim y los ministros unionistas Manuel Silvela y Constantino de Ardanaz y Undabarrena abandonaron el Gabinete porque no querían asociarse a una «candidatura que desde fuera hace reír y desde dentro llorar». Finalmente, fue la madre del duque de Génova la que frustró su candidatura a causa del temor que le causaba la violenta situación que se vivía en España (en referencia a la insurrección federalista) y que su hijo pudiera acabar como Maximiliano de Habsburgo, fusilado por los revolucionarios mexicanos unos años antes. El 1 de enero de 1870 se confirmó la negativa del duque de Génova a ocupar el trono español.

A continuación, el gobierno de Prim sondeó al general Baldomero Espartero para que aceptara la Corona, lo que el viejo militar rechazó.

El siguiente candidato fue el prusiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, sobrino del rey de Prusia Guillermo de Prusia, y que contaba con el apoyo del canciller prusiano Otto von Bismarck. El gobierno español le envió una carta el 17 de febrero de 1870 ofreciéndole la Corona y el 23 de junio el príncipe prusiano aceptó si así lo votaban las Cortes. Al conocerse la noticia en París, el emperador Napoleón III exigió al rey de Prusia que obligara a su sobrino a rechazar la candidatura, a lo que Guillermo I se negó. Aunque finalmente Leopoldo Hohenzollern renunció a la Corona española el 12 de julio, eso no evitó que estallara la guerra entre Prusia y Francia. Napoleón III, en plena rivalidad con Prusia, entendía como una amenaza próxima el hecho de que dos territorios fronterizos con Francia estuviesen encabezados por miembros de la misma casa real.

Este nuevo fracaso colocó en una difícil situación al general Prim y el regente, el general Serrano, se planteó su sustitución, pero no encontró ningún otro político que pudiera alcanzar el apoyo de las tres fracciones revolucionarias: unionistas, progresistas y demócratas “cimbrios”. Los unionistas presionaron para que Prim aceptara la candidatura del duque de Montpensier y, por su parte, los republicanos hicieron público un manifiesto en el que decían que la única solución que quedaba era la proclamación de la República por las Cortes Constituyentes, lo que no era rechazado por los demócratas “cimbrios” ni por un sector de los progresistas que preferían la República a una monarquía con Montpensier.

A esto se unió que el 4 de septiembre de 1870 se proclamó la República en Francia tras la derrota de Napoleón III en la Batalla de Sedán. Manuel Ruiz Zorrilla, líder del sector “intransigente” del progresismo, abogó por la continuidad de la «interinidad», a lo que los unionistas se oponían, con la formación de un gobierno que pusiera en marcha un programa de reformas sin esperar a que se encontrara un rey. Prim consiguió finalmente salvar la situación gracias a que Amadeo de Saboya le comunicó que aceptaba la Corona de España, dos días antes de que se reabrieran las Cortes, que probablemente habrían votado su destitución al frente del gobierno y a continuación decidido en favor de la Monarquía con Montpensier o por la república.

La caída de Napoleón III como consecuencia de la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana hizo entonces posible la candidatura del segundo hijo del rey de Italia, Amadeo de Saboya, duque de Aosta, que hasta entonces no había sido posible por la oposición del emperador francés. El príncipe italiano comunicó al gobierno español que aceptaría la Corona española si las potencias europeas estaban de acuerdo y todas aceptaron la candidatura de Amadeo, incluso Prusia, aunque a regañadientes, pues esperaba que cuando acabara la guerra con Francia la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen volvería a ser viable.

Así, el 31 de octubre de 1870 Amadeo confirmó oficialmente la aceptación de la Corona española. Prim reunió a los tres grupos que apoyaban al gobierno: unionistas, progresistas y “cimbrios”, estos dos últimos fusionados en el Partido Radical, para que apoyaran su propuesta, lo que provocó la ruptura de la Unión Liberal entre los “fronterizos” o “aostistas”, que apoyaron la candidatura, y los que la rechazaron por no haber sido debatida previamente entre los miembros de la coalición gubernamental, encabezados por Antonio de los Ríos Rosas.

El 16 de noviembre de 1870 las Cortes Constituyentes, presididas por Manuel Ruiz Zorrilla, eligieron al duque Amadeo de Aosta, segundo hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, como nuevo rey de España, con el nombre de Amadeo I. En la votación hubo 334 votos: 191 a favor de Amadeo de Saboya, 60 por la República federal, 27 por el duque de Montpensier, 8 por el general Espartero, 2 por la República Unitaria, 2 por Alfonso de Borbón, 1 por una República indefinida y 1 por la duquesa de Montpensier, la infanta María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II; hubo 19 papeletas en blanco. De este modo, el presidente de las Cortes, Manuel Ruiz Zorrilla, declaró: «Queda elegido rey de los españoles el señor duque de Aosta».

Contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos, cada uno por razones inherentes a sus intereses; pero también de la aristocracia borbónica, que lo veía como un extranjero advenedizo, de la Iglesia, por apoyar las desamortizaciones y por ser el hijo del monarca que había clausurado los Estados Pontificios; y también del pueblo, por su escaso don de gentes y dificultad para aprender el idioma español.

Inmediatamente, una comisión parlamentaria se dirigió a Florencia para dar parte al duque; el 4 de diciembre aceptó oficialmente esta elección, embarcando poco después rumbo a España desde el puerto de La Spezia.