Sexenio Liberal o Democrático (1868-74)

Etapas del Sexenio Liberal

El Sexenio Liberal, también conocido como Sexenio Democrático o Sexenio Revolucionario, fue un período de seis años en la historia de España (1868-1874) que comenzó con la Revolución de 1868 o la Gloriosa, que depuso a la reina Isabel II, y terminó con el pronunciamiento de Martínez Campos que instauró la Restauración borbónica.

El Sexenio suele dividirse en tres etapas:

• Gobierno provisional 1868-71.
• Reinado de Amadeo I (1871-73).
• Primera República Española (1873-84), proclamada tras la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873.

A su vez, la Primera República se divide entre el período de la República federal, a la que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y la República unitaria, también conocida como la dictadura de Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II: Alfonso XII.

En la actividad política de estos años se advierte la participación de cuatro bloques políticos:

• Unionistas, encabezados por el general Serrano.
• Progresistas, encabezados por el general Prim y, tras su asesinato, por Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla.
• Demócratas monárquicos llamados “cimbrios”, encabezados por Cristino Martos y Nicolás María Rivero.
• Republicanos federales, cuyos líderes eran Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

Además, hay que contar con el Partido Moderado, decantado cada vez más hacia las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo; con los carlistas, que desencadenarán en 1872 la Tercera Guerra Carlista para intentar poner en el trono al pretendiente Carlos VII; así como con los independentistas cubanos, lo que dará lugar tras el Grito de Yara a la Guerra de los Diez Años.

Gobierno provisional (1868-71)

Las juntas revolucionarias

En un primer momento, el poder fue asumido por las Juntas que se habían formado en las diferentes ciudades, muchas de ellas elegidas por sufragio universal y en las que predominaban progresistas y demócratas. Sus manifiestos recogían las reivindicaciones propias de las clases populares urbanas: supresión de los derechos de puertas o consumos, abolición de las quintas y de las matrículas de mar, libertad de cultos, etc. Y algunas, incluso, tomaron decisiones en ese sentido. Sin embargo, en muchas ocasiones hubo un significativo contraste entre el radicalismo político de los manifiestos de las juntas (sufragio universal, libertad de pensamiento, libertad religiosa) y su conservadurismo social (defensa del orden establecido, de la propiedad de la tierra, etc.), que se acentuó tras la formación del gobierno provisional. “Las juntas revolucionarias, que en los primeros momentos habían utilizado un lenguaje radical (la de Valladolid quería la libertad más omnímoda…), pasaron rápidamente a otro mucho más moderado, con consignas sobre el respeto de la propiedad y la conservación del orden público, elogios a la cordura de los ciudadanos y exhortaciones a la prudencia”.

Las primeras juntas en constituirse fueron las de Andalucía, donde destacaron las de Sevilla y Málaga por su carácter más radical. “La de Sevilla consagró las libertades de imprenta, enseñanza y culto, abolió la pena de muerte, las quintas y la matrícula de mar, afirmó el sufragio universal y reclamó la celebración de Cortes Constituyentes”.

En Barcelona, la Junta se formó más tarde, el 30 de septiembre, tras conocerse el triunfo de la revolución. Pero allí la Junta presidida por Tomás Fábregas, tras vitorear al general Prim, se pronunció a favor de la República, los emblemas reales fueron destruidos, se excarcelaron a los presos políticos y se organizó la milicia urbana compuesta por 4.000 ciudadanos, que garantizaría el normal funcionamiento de la actividad económica y el orden social; las autoridades oficiales, el conde de Cheste y varios generales, huyeron a Francia. El 2 de octubre la Junta constituyó un nuevo ayuntamiento y una nueva diputación provincial y continuó con su política radical: “suprimió los mozos de escuadra y comunidades religiosas, expulsó a los jesuitas, derogó la ley de orden público, derribó el fuerte de la Ciudadela y Atarazanas, así como los conventos de San Miguel y Junqueras, y proclamó la libertad de cultos y la supresión de quintas y consumos”. En los primeros días de octubre también se formaron juntas en Valencia bajo la dirección del progresista José Peris y Valero, Alicante, Murcia, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Santander, La Coruña y Asturias.

En Madrid, tras la derrota de la batalla del puente de Alcolea, el presidente del gobierno, José Gutiérrez de la Concha, delegó sus poderes en su hermano Manuel, marqués del Duero, que formaba parte del grupo de los generales sublevados. Este a su vez, después de nombrar capitán general de Madrid a Antonio Ros de Olano, el 29 de septiembre resignó el poder en el político progresista Pascual Madoz como presidente de la Junta Revolucionaria, que también ocupó el cargo de gobernador civil de la provincia.​ También formaban parte de la Junta Revolucionaria de Madrid los progresistas Joaquín Aguirre y Laureano Figuerola, y el demócrata Nicolás María Rivero, entre otros.

Formación del Gobierno Provisional

El 3 de octubre de 1868, el mismo día en que Serrano y Topete llegaban a la capital, la Junta Revolucionaria de Madrid encargaba al primero “la formación de un ministerio provisional que se encargue de la gobernación del Estado hasta la reunión de las cortes constituyentes”, sin haberlo consultado con el resto de las juntas.​

El 8 de octubre se formó el Gobierno Provisional presidido por el general unionista Serrano, en el que estaban integrados los otros dos militares que habían encabezado el pronunciamiento: el general progresista Prim, en Guerra; y el unionista almirante Topete, en Marina. Además de destacados políticos unionistas (Antonio Romero Ortiz, en Gracia y Justicia; Juan Álvarez Lorenzana, Estado; Adelardo López de Ayala, en Ultramar) y políticos progresistas (Práxedes Mateo Sagasta en Gobernación; Manuel Ruiz Zorrilla en Fomento, y Laureano Figuerola en Hacienda).​ Los demócratas rehusaron entrar en el gobierno porque solo se les ofreció un único ministerio. No todas las juntas aceptaron la formación del gobierno provisional sin haber sido consultadas, y la de Barcelona protestó por haber dejado fuera del gobierno a los demócratas y nombró una comisión que fuera a Madrid a pedir explicaciones.

Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno Provisional fue la disolución de las Juntas. Aunque muchas de ellas continuaron actuando clandestinamente a través de “comités de vigilancia” nacidos de ellas.​ La mayoría de sus miembros se integraron en los nuevos ayuntamientos y diputaciones nombrados por ellas y que fueron revalidados por un decreto del gobierno del 13 de octubre. El decreto autorizaba a los miembros de las juntas su conversión en concejales y diputados provinciales. Tras la autodisolución de la Junta Superior Revolucionaria de Madrid el 19 de octubre, al día siguiente el Gobierno decretó la extinción de todas las demás.​ Además, el gobierno se comprometió a celebrar elecciones municipales inmediatamente.

Más complicado le resultó al Gobierno Provisional hacer cumplir la orden de desarme de las milicias de los voluntarios de la libertad, de cuya actuación se quejaban las autoridades locales por la presión a que les sometían para que cumplieran las prometidas reformas. Así se produjeron luchas callejeras en algunas ciudades andaluzas, como Puerto de Santa María, Cádiz, Jerez y Málaga, que obligaron a intervenir al Ejército. En Barcelona la orden no se pudo cumplir hasta finales de año y en Madrid, para evitar los desórdenes, el Gobierno tuvo que ofrecer “treinta reales y trabajo por cada fusil que se entregara en el Ayuntamiento, enajenando para conseguir este dinero la propiedad municipal”. Sagasta, ministro de la Gobernación, ordenó a los gobernadores civiles que mantuvieran «el orden a toda costa, porque los enemigos de la libertad se han ocultado tal vez para deslizarse y confundirse con las masas populares».

El gobierno también tuvo que hacer frente a una creciente conflictividad social. Las ocupaciones de tierras y motines reclamando alimentos se extendieron no solo por Andalucía, sino por Galicia, La Mancha y Levante. A lo largo de 1869, a estos conflictos se sumó el malestar urbano por la inmovilidad de los salarios.​ Un periódico de Madrid acusó al gobierno provisional de debilidad por no hacer frente a los que en «las provincias andaluzas… invocan el derecho al trabajo y piden aumento de jornal o salario».

En diciembre en Cádiz, el gobernador militar declaró el estado de guerra para hacer frente a una “sucesión de alarmas injustificadas” y ordenó el desarme de los voluntarios de la libertad. Los enfrentamientos entre los milicianos, dirigidos por Fermín Salvochea, hijo de un acaudalado comerciante, y el ejército duraron tres días, con empleo de artillería por ambas partes, causando gran número de víctimas. Para acabar con la resistencia de los milicianos, el gobierno envió unidades de refuerzo y ordenó a los buques de la Armada Española que bombardearan la ciudad, lo que les obligó a abandonar las armas sin haber sido derrotados. Otros movimientos semejantes se produjeron en Béjar, Badajoz, Málaga, Tarragona, Sevilla o Gandía. En Burgos, en cambio, la revuelta fue protagonizada por los partidarios de la reina destronada que asesinaron a navajazos en la puerta de la catedral al nuevo gobernador civil, al que creían que su nombramiento se debía a que iba a despojar de sus bienes a la Iglesia, no a inventariarlos para impedir que siguiera la venta clandestina, como le había ordenado el gobierno.

Esta política de mantenimiento del orden fue acompañada de una serie de decretos en los que se reconocían los derechos y libertades reclamados en los manifiestos de las juntas: libertad de enseñanza (21 de octubre); libertad de imprenta (23 de octubre); derecho de reunión (1 de noviembre); sufragio universal para los varones mayores de 25 años (1 de noviembre); y derecho de asociación (21 de noviembre). En cuanto a las dos reivindicaciones populares más importantes, un decreto del 12 de octubre eliminó los odiados consumos, pero la supresión de las quintas, no se pudo cumplir por el estallido de la insurrección en Cuba que dio inicio a la Guerra de los Diez Años.

Los consumos y las reformas económicas

La situación de la Hacienda pública en 1869 era crítica porque no había recursos y la deuda ascendía a cerca de 2.500 millones, por lo que se cotizaba en el mercado a un tercio de su valor nominal, lo que hacía imposible emitir más deuda porque su valor real hubiera bajado aún más. Para hacer frente al desastre, el ministro del ramo, Laureano Figuerola, no tenía más opción que lanzar un empréstito por suscripción de 2.000 millones, pero del que solo se cubrieron 530 millones, y la emisión de deuda exterior por valor de 400 millones.

Figuerola satisfizo la reivindicación popular sobre los “derechos de puertas” o consumos que eran un impuesto general, ordinario e indirecto implantado por la Reforma Mon-Santillán de la Hacienda de 1845 que gravaba una veintena de artículos de “comer, beber y arder” y que encarecía el precio final de estos productos de primera necesidad que los pequeños productores, los artesanos y los trabajadores eran los que mayoritariamente lo pagaban. Así los suprimió por un decreto de 12 de octubre de 1868, pero los reemplazó por otro impuesto, la capitación, que deberían pagar todas las personas mayores de 14 años, por lo que resultó igual de impopular,​ ya que la intención inicial de Figuerola de que se pagara proporcionalmente a la riqueza de cada contribuyente no se pudo aplicar por la incapacidad de la administración para gestionarlo e imponerlo. Así pues, no se llevó a cabo ningún cambio real en la política fiscal porque los ingresos del Estado continuaron basados en los impuestos indirectos, repartidos entre el conjunto de la población, y no en los impuestos directos sobre el capital y los bienes inmuebles.

Figuerola también suprimió el estanco de la sal, otra reivindicación popular;​ pero el del tabaco y el del papel timbrado, que impusieron muchas Juntas, no los suprimió.​

Asimismo el ministro de Hacienda del Gobierno Provisional creó la nueva unidad monetaria, denominada “peseta”, y puso en marcha una política de librecambio en el comercio exterior, como la rebaja de los derechos de aduanas,​ limitada por oposición de los industriales catalanes defensores del proteccionismo.

Proclamación del gobierno provisional en favor de la monarquía popular

Fue la Unión Liberal el partido que enseguida hizo manifestaciones claras a favor de la monarquía, rompiendo el pacto de no hacerlo antes de la reunión de las Cortes Constituyentes.​ Tanto los unionistas como los progresistas estaban convencidos de que las clases populares carecían de la educación política suficiente como para fundamentar un sistema democrático basado en el sufragio universal (masculino). Por lo que para ellos la democracia necesitaba el contrapeso de la monarquía. De ahí que el gobierno provisional, en contra de lo pactado en Ostende, no se mantuviera imparcial en la cuestión de la forma de gobierno y se manifestara a favor de la monarquía. Así lo hizo constar en el manifiesto del 25 de octubre y en el llamado de conciliación del 12 de noviembre, en el que defendió “la monarquía rodeada de instituciones democráticas, la monarquía popular”.

La posición favorable a la monarquía la volvió a reiterar en el preámbulo del decreto de convocatoria de Cortes, en el que decía que el gobierno se sentiría muy satisfecho si resultasen “victoriosas de las urnas los mantenedores de este principio” monárquico.

Inicio de la Guerra de los Diez Años (1868-78)

El 10 de octubre de 1868 estalló una insurrección independentista en la isla de Cuba encabezada por el terrateniente criollo Carlos Manuel de Céspedes a partir del llamado “Grito de Yara”. Siguiendo el ejemplo de las juntas revolucionarias de la península, se publicó el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, en el que se exponían los agravios contra la metrópoli que justificaban la secesión: rechazo del sistema fiscal y de las trabas al libre comercio, rechazo de la esclavitud, nula capacidad de autogobierno por parte de los habitantes de la isla, etc.

Los independentistas cubanos, contando con el apoyo de Estados Unidos, elaboraron una Constitución propia para la isla en abril de 1869 y confirmaron a Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República en armas.

En agosto de 1869, el general Prim, convencido de la incapacidad de España para mantenerse en la isla por la fuerza, llegó a iniciar conversaciones en Madrid con un enviado especial de los Estados Unidos, para negociar la independencia de Cuba. Pero no se alcanzó ningún acuerdo, a causa, entre otros motivos, de la oposición del resto de miembros del gobierno y de la mayoría de la opinión pública española a hacer concesiones en la cuestión cubana.

Una de las consecuencias de la insurrección fue que el gobierno provisional no pudo satisfacer una de las dos reivindicaciones populares más importantes, junto con la supresión de los consumos, la abolición de las quintas, porque el gobierno se vio obligado a enviar tropas desde la península para sofocarla. Mientras duró la campaña electoral, progresistas y unionistas siguieron manteniendo su promesa de suprimir las quintas, pero pasadas las elecciones la realidad se impuso y Prim, acuciado por la guerra cubana, tuvo que llamar a filas a 25.000 hombres.

La campaña contra la quinta del 69 constituyó una auténtica prueba para el Gobierno, que nunca logró recuperar el prestigio perdido entre las clases populares. Aunque, debido a los muchos intereses que había por medio, el sistema se hubiera mantenido de todas maneras, la insurrección de Cuba agravó el problema por el peligro que suponía ser enviado a Ultramar. Los republicanos pasaron a ser los únicos que defendían en las Cortes su abolición, mientras que por todas partes se producían motines contra la quinta recién establecida. De 1869 a 1872, los sucesivos gobiernos tuvieron que seguir llamando a quintas, porque tenían que seguir enviando fuerzas a Cuba, si bien el precio de la redención estatal bajó de 6.000 a 4.000 reales. Se facilitó que los municipios redimieran colectivamente a sus quintos, pagando al Estado determinada cantidad en plazos anuales o proveyendo al ejército de voluntarios.

División de los demócratas y el nacimiento del Partido Republicano Federal

A mediados de octubre de 1868 el Partido Demócrata celebró un importante mitin en Madrid, presidido por el veterano dirigente José María Orense, en el que se estableció por aclamación que “la forma de gobierno de la democracia no podía ser otra que la República Federal”.

Cuando el Gobierno Provisional se manifestó en favor de la monarquía, se acrecentó el debate en el seno del Partido Demócrata sobre la compatibilidad de la monarquía con la democracia y sobre la “accidentalidad” de las formas de gobierno. La mayoría de los demócratas, encabezados por José María Orense, Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, defendieron la República, por lo que se refundó el partido bajo el nombre de Partido Republicano Democrático Federal; mientras la minoría encabezada por Nicolás María Rivero, Cristino Martos y Manuel Becerra y Bermúdez defendió que lo fundamental era el reconocimiento del sufragio universal (masculino) y de los derechos y libertades individuales y no la forma de gobierno, a la que consideraban “accidental”. Esta minoría de demócratas que aprobaron la monarquía fueron llamados “cimbrios” por el manifiesto que hicieron público en noviembre.

Los republicanos federales demostraron el apoyo popular con que contaban cuando en las elecciones municipales celebradas el 18 de diciembre de 1868 consiguieron el triunfo en 20 capitales de provincia, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante, Gerona, Lérida, Huesca o Santander. Un apoyo que confirmaron en las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 15 de enero.

Las elecciones a Cortes Constituyentes

Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron del 15 al 18 de enero de 1869 por sufragio universal (masculino), lo que dio el derecho al voto a casi cuatro millones de varones mayores de 25 años,​ de los cuales más de la mitad eran analfabetos. Las elecciones se realizaron mediante un sistema electoral en el que la circunscripción era la provincia, dividiendo aquellas cuya población fuera mayor, por lo que resultaron en total 82 circunscripciones electorales.

La campaña electoral fue animadísima y en ella los periódicos jugaron por primera vez un papel importante en la propaganda política y en la movilización de la opinión pública.

Los grupos políticos que compusieron las Cortes Constituyentes fueron:

• Republicanos unitarios (2).
• Isabelinos (14): Reclamaban el retorno de Isabel II al principio y tenían el apoyo de la burguesía agraria de base latifundista. Su líder era Cánovas del Castillo.
• Carlistas (18), que por primera vez aceptaron el juego parlamentario y se presentaron a las elecciones.
• Demócratas monárquicos o cimbrios (20).
• Unionistas (69).
• Republicanos federales (69).
• Progresistas de Prim (159).

La victoria fue para la coalición gubernamental monárquico-democrática, formada por unionistas (69), progresistas (159) y demócratas monárquicos o cimbrios (20), que obtuvo 248 diputados.

Las candidaturas gubernamentales obtuvieron sus mejores resultados en las zonas tradicionalmente conservadoras, como Galicia, Asturias, las dos Castillas y el interior de Cataluña y de Andalucía), mientras que los republicanos federales triunfaron de un modo claro en la zona mediterránea.​ Obtuvieron la mayoría en ciudades tan significativas como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Zaragoza, Alicante, Gerona, Lérida y Huesca, aunque no en Madrid, donde ganaron las candidaturas gubernamentales.​ Por su parte, los carlistas consiguieron la mayoría en su feudo tradicional, el País Vasco y Navarra, así como en puntos aislados de Murcia, Castilla y Cataluña. El gran derrotado fue el Partido Moderado, que no obtuvo representación.​

Los republicanos federales denunciaron la “injerencia electoral” llevada a cabo desde el Gobierno Provisional para obtener esa mayoría tan abrumadora de diputados que le apoyaban. Hoy en día los historiadores están de acuerdo en que existió una intromisión del gobierno en las elecciones (lo que en la época se llamó “la influencia moral del gobierno”). Aunque estas primeras elecciones por sufragio universal directo de la historia de España fueron más “limpias” que las anteriores del periodo isabelino.

Constitución española de 1869

Las Cortes Constituyentes abrieron sus sesiones el 11 de febrero de 1869 con un discurso del general Serrano, que fue refrendado como presidente del Poder Ejecutivo. El cimbrio Nicolás María Rivero resultó elegido presidente de las Cortes y en su discurso defendió la democracia como «la última forma del progreso humano en el estado actual de civilización de los pueblos». Por su parte, el general Prim aseguró que «la dinastía caída no volverá jamás, jamás, jamás».

Después se eligió la comisión constitucional que habría de redactar el proyecto de carta magna a debatir en el pleno, y que estaba integrada, entre otros, por los progresistas Salustiano de Olózaga y Montero Ríos; los unionistas Antonio de los Ríos Rosas, Augusto Ulloa y Manuel Silvela, y los demócratas monárquicos o cimbrios Cristino Martos y Manuel Becerra. De la Comisión, presidida por Olózaga, quedaron excluidos los republicanos federales.​ La Comisión presentó su proyecto el 30 de marzo, y en el preámbulo del dictamen se decía que «la obra política de las generaciones que nos han precedido ha sido una lucha incansable por amparar la libertad bajo las garantías que ofrece el régimen parlamentario».

A principios de abril comenzó la discusión del proyecto constitucional. La primera cuestión que fue objeto de un duro debate fue el establecimiento de la monarquía como forma de gobierno («Artículo 33. La forma de gobierno de la Nación española es la monarquía»). El 20 de mayo, el ministro Adelardo López de Ayala se enfrentó a los diputados republicanos federales argumentando que la revolución de 1868 había sido obra de las clases conservadoras y que ahora «las clases ínfimas de la sociedad», que según él no habían participado en ella, querían arrebatarles sus conquistas exigiendo la República. Al final fue aprobada la monarquía como forma de gobierno por 214 votos contra 71, aunque con unos poderes limitados, pues el poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes.

Características principales fueron:

• Soberanía nacional: La soberanía reside en la nación, expresada a través de las Cortes Generales.
• Sufragio universal masculino: Se establece el sufragio universal masculino para la elección de diputados a Cortes, lo que supuso un avance significativo hacia la democracia.
• Monarquía parlamentaria: Se define la monarquía como un poder constituido, sometido a las leyes y a las Cortes.
• Declaración de derechos: Se reconocen numerosos derechos individuales, como la libertad de culto, de residencia y de expresión.
• Separación de poderes: Se establece la división de poderes entre el legislativo (Cortes), el ejecutivo (Gobierno) y el judicial (Tribunales).
• Inspiración en constituciones extranjeras: La Constitución de 1869 se vio influenciada por las constituciones de Estados Unidos y Bélgica.

La Constitución de 1869 fue un hito en la historia constitucional española, al ser la primera en establecer el sufragio universal masculino y una amplia declaración de derechos. Sin embargo, su duración fue relativamente corta, ya que fue abolida tras el triunfo del pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874, que dio paso a la Restauración borbónica y a la Constitución de 1876.