¡Ayúdanos a mejorar el blog!
Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.
También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón
Proclamación de la Primera República
Tras la abdicación de don Amadeo I de Saboya, el 10 de febrero, el presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados, cuya sesión había comenzado sin su presencia hacia las 2 de la tarde, para pedir a los diputados de su propio partido, con mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para asegurar el mantenimiento del orden. Asimismo, pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I. Con todo ello, Ruiz Zorrilla pretendía ganar tiempo.
La sesión se suspendió a las 9 de la noche y se nombró una comisión de diputados que acompañara al presidente del Congreso Nicolás Rivero para permanecer en el edificio. Sobre esa hora varios generales y políticos monárquicos conservadores estaban reunidos en casa del marqués del Duero (Manuel Gutierrez de la Concha), convocados por el general Serrano, para decidir si daban un golpe de fuerza. La mayoría estimaron que no contaban con apoyos suficientes. Por su parte el general Serrano dijo que continuaría las “gestiones” con Nicolás María Rivero, presidente del Congreso de los Diputados, por si “los consideraba necesarios”.
El martes 11 de febrero, los jefes de distrito republicanos de Madrid amenazaron al Congreso de los Diputados con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido.
A las tres de la tarde se reanudó la sesión del Congreso de los Diputados, rodeado por una multitud que daba gritos en favor de la República. Se cerraron las puertas y varios diputados republicanos federales se asomaron a las ventanas para pedir calma. Lo primero que se hizo fue dar lectura a la renuncia al trono de Amadeo I firmada ese mismo día. Y a continuación el presidente del Congreso de los Diputados Nicolás María Rivero propuso la reunión conjunta del Congreso y del Senado para que “ambos cuerpos colegisladores y representando la soberanía nacional, acuerden lo conveniente acerca de este documento y acerca del ejercicio de la autoridad”.
Enviado el mensaje al Senado se suspendió la sesión que no se reanudó hasta las tres y media de la tarde cuando ya habían llegado los senadores . Todos los allí reunidos se habían constituido en Asamblea Nacional, actuando como presidente, por razones de edad, el que lo era del Senado Laureano Figuerola. El primer acuerdo que se adoptó fue aceptar formalmente la renuncia del rey Amadeo I.
La proposición presentada por republicanos y radicales fue finalmente aprobada a las nueve de la noche de ese martes 11 de febrero por 258 votos a favor y 32 en contra, por lo que la República fue proclamada “como forma de gobierno de la Nación”.
Apenas proclamada la República, el 12 de febrero, tras un receso de tres horas, volvieron a reunirse las Cámaras pasada la medianoche para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras, quedando constituido el Gobierno, que presidió Estanislao Figueras, y que estaba integrado por:
- Tres republicanos: Emilio Castelar en la cartera de Estado, Francisco Pi y Margall en Gobernación y Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia.
- Cinco radicales: José Echegaray en Hacienda, Manuel Becerra y Bermúdez en Fomento, Francisco Salmerón en Ultramar, el general Fernando Fernández de Córdoba en Guerra y el almirante José María Beránger en Marina.
En cuanto se conoció la decisión de la Asamblea Nacional los ayuntamientos de mayoría republicana y radical proclamaron la República y en algún caso la República Federa. Hubo manifestaciones en las que también se pidió la liberación de los presos republicanos encarcelados por haber participado en las insurrecciones de los meses anteriores. En algunos lugares se produjeron incidentes violentos que causaron algunos muertos y heridos. En Valencia fue asesinado un concejal republicano cuando se dirigía al frente de una multitud al Gobierno militar a pedir armas, a lo que el capitán general se negó. En Málaga los republicanos “intransigentes” organizaron un motín que duró varios días durante los cuales murieron varios miembros de la guardia civil y de los carabineros. En Sevilla se produjeron desórdenes durante los cuales hubo varios heridos por intercambios de disparos entre las fuerzas del orden y grupos de republicanos “intransigentes” que habían ocupado el Ayuntamiento. En Orihuela fue asesinado un concejal del Ayuntamiento. En Motril murieron cuatro personas y hubo diecisiete heridos en el asalto al Ayuntamiento. Pero con estas pocas excepciones prevaleció el orden y el carácter pacífico de las celebraciones como reconoció incluso la prensa monárquica.
Reconocimiento internacional
El gobierno de la Primera República Española tuvo un grave problema para conseguir el reconocimiento de otros países.
El primero en hacerlo serían los Estados Unidos, a través de su presidente Ulysses S. Grant, seguido de la Confederación Suiza, República de Costa Rica, República de Guatemala, República de Argentina y República de Venezuela durante el año 1873.
Tras los dos primeros reconocimientos, a los que no siguió el deseado de la Tercera República Francesa y del resto de potencias monárquicas, se encarga a Emilio Castelar, como ministro de Estado, el procurar el rápido reconocimiento de las potencias extranjeras mediante la elaboración de un memorándum, que se publica en la Gaceta de Madrid el 27 de febrero de 1873, para enviar a las diferentes cancillerías. Se entendían por parte del gobierno las dilaciones de las potencias monárquicas, pero no se consigue vencer las reticencias de la República Francesa.
Gobierno de Estanislao Figueras (11 de febrero a 10 de junio de 1873)
El primer Gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas; el Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la Tercera Guerra Carlista y de la Guerra de la Independencia de Cuba para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con la Gran Crisis mundial de 1873 y agudizada por la inestabilidad política, que estaba provocando el aumento del paro entre jornaleros y obreros, lo que estaba siendo respondido por las organizaciones proletarias con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.
El restablecimiento del orden
Pero el problema más urgente que tuvo que atender el nuevo Gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales. Estos habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares; donde habían formado “juntas revolucionarias” que no reconocían al Gobierno de Figueras, porque era un Gobierno de coalición con los antiguos monárquicos, y tildaban de tibios a los “republicanos de Madrid”.
En Málaga se produjo un motín que duró varios días y para restablecer el orden no bastó el telegrama que el ministro Emilio Castelar envió al gobernador civil, del que se repartieron copias por toda la ciudad, en el que decía que «la República se perderá por las imprudencias, las temeridades y los continuos desórdenes de nuestros amigos de Málaga»; sino que el gobierno tuvo que enviar el 15 de febrero un batallón del RI-7 de África acuartelado en Granada. En Sevilla se produjeron incidentes violentos tras los cuales el capitán general José Merelo presentó la dimisión el 13 de febrero por miedo a las represalias de los republicanos a «los que he tenido a raya durante meses y porque no estaba dispuesto a tolerar «desórdenes, robos e incendios que es como en estas provincias se entiende la república por la gran mayoría de los que se llaman republicanos. […] Yo no puedo contribuir al desorden ni menos a que se relaje la disciplina del soldado y se desmoralice, porque ay de nosotros y ay de la república el día que esto suceda».
En muchos pueblos, especialmente de Andalucía, la República era algo tan identificado con el reparto de tierras que los campesinos exigieron a los ayuntamientos que se parcelaran inmediatamente las fincas más significativas de la localidad; algunas de las cuales habían formado parte de los bienes comunales antes de la desamortización. En Montilla los republicanos “intransigentes” iniciaron una insurrección el 12 de febrero. Quemaron los registros de propiedad y varios edificios oficiales también fueron incendiados. Asaltaron varias casas de “burgueses” y se constituyó un tribunal popular. Un guardia rural y un rico propietario fueron asesinados. Hubo que enviar desde Córdoba dos compañías del RI-22 de Gerona para restablecer el orden y el capitán general de Andalucía se quejó de “las trabas que la autoridad civil me está poniendo a cada paso”. Una insurrección similar se produjo en Sanlúcar de Barrameda. Los amotinados asaltaron las casas de los ricos y el ayuntamiento y tiraron los registros de la propiedad y de los quintos. También hubo ajustes de cuentas contra antiguos miembros de la Guardia Municipal que resultaron heridos de bala.
En casi todos los lugares, como ocurrió en Sanlúcar de Barrameda, la República también se identificó con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la Revolución de 1868 no había cumplido.
El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Francisco Pi y Margall, paradójicamente el principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Pi consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza en “una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios”.
Inmediatamente, Pi y Margall comenzó a nombrar gobernadores civiles republicanos en sustitución de los monárquicos, muchos de ellos radicales. Convirtiéndose esta cuestión en el principal motivo de confrontación en el seno del gobierno debido a que la “influencia” de los gobernadores civiles era decisiva en los resultados electorales. «Perdíamos el tiempo en cuestiones frívolas, pasábamos a veces horas discutiendo si tal o cual provincia habíamos de mandar un gobernador federal o un gobernador progresista», escribió Pi y Margall años después. Además, Pi y Margall creó el cuerpo armado de Voluntarios de la República en sustitución de los Voluntarios de la Libertad, la milicia monárquica fundada en el reinado de Amadeo I. En las Cortes, el diputado conservador Romero Ortiz preguntó qué partes de la Constitución estaban vigentes, a lo que el presidente Figueras le respondió que solo el Título I, que era donde se reconocían los derechos individuales.
El 18 de febrero la Asamblea Nacional a propuesta del gobierno aprobó una ley del Ejército por la que se abolían las quintas siendo sustituidas en el “Ejército activo” por “soldados voluntarios retribuidos”; mientras que «todos los mozos que el 1 de enero tengan veinte años cumplidos» formarán el “Ejército de reserva”, cuyo servicio durará tres años y en el que no se admitirá la redención en metálico.
Para hacer frente a las necesidades inmediatas del Ejército, envuelto en dos guerras (la de Cuba y la Carlista), se organizaron 80 batallones francos, con 600 hombres cada uno. Cada soldado cobraría dos pesetas diarias, una cantidad superior al salario de los jornaleros agrícolas, por lo que se suponía que había de atraer voluntarios y un chusco. Sin embargo, como ya habían pronosticado algunos miembros de la Asamblea contrarios a la propuesta, los batallones francos fueron un completo fracaso porque a mediados de junio solo se habían presentado unos 10.000 voluntarios para las 48.000 plazas que había que cubrir, pero sobre todo porque los que lograron formarse, según el republicano Enrique Vera y González, «dieron un resultado tan funesto que, lejos de poderse utilizar contra los enemigos de la libertad, hubo que disolverlos».
Salida del Gobierno de los radicales
Solo trece días después de haberse formado, el 24 de febrero el nuevo Gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos. La coalición se había roto a los pocos días, por lo que su presidente se planteó presentar la dimisión a las Cortes. El detonante de la crisis de gobierno fue el abandono de su puesto por parte del ministro de la Guerra, el general Fernando Fernández de Córdoba, en la noche del sábado 22 de febrero. Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, para intentar desalojar del Gobierno a los republicanos federales y formar uno exclusivo de su partido, que daría paso a una república unitaria.
Martos buscó el apoyo del general Domingo Moriones y Murillo, jefe del Ejército del Norte y “radical de confianza”, al que nombró capitán general de Castilla la Nueva, que incluía Madrid, para reprimir cualquier oposición republicana federal y, de acuerdo con el gobernador civil de la capital, mandó a la Guardia Civil que ocupara el Ministerio de la Gobernación y el de Hacienda, y por su parte el general Moriones, en traje de campaña, ordenó a dos batallones que ocuparan el Congreso de los Diputados (acompañados de guardias civiles).
Pero la maniobra de Martos no tuvo éxito, gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que movilizó a los Voluntarios de la República. A media mañana del lunes 24 de febrero Pi y Margall se dirigió al Congreso, que lo encontró ocupado por guardias civiles y soldados, y se enfrentó a Martos calificando de “alevosa y traidora su conducta”. Según Alejandro Nieto, Martos, acorralado, se hundió por completo hasta manifestarse dispuesto a proponer a la Asamblea esa misma tarde un Gobierno homogéneo exclusivamente republicano e incluso aceptó entregar a Pavía y no al radical Moriones la capitanía general de Madrid.
Así, tras la dimisión del gobierno por “sentimientos de amor inextinguible a la libertad, al orden y a la patria”, se formó el segundo Gobierno de Figueras, del que salieron los ministros radicales, entrando en su lugar Juan Tutau y Verges en Hacienda, Eduardo Chao en Fomento, José Cristóbal Sorní y Grau en Ultramar, manteniéndose los militares Juan Acosta Muñoz y Jacobo Oreyro y Villavicencio en Guerra y Marina, respectivamente.
Además, se acordó disolver la Asamblea Nacional, en la que los radicales gozaban de mayoría absoluta, aunque no sería efectiva hasta que se aprobasen ciertas leyes de singular importancia, como la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y la abolición de las quintas, entre otras. Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebrarían a finales de marzo y en el intervalo entre la disolución de la Asamblea y la formación de las nuevas Cortes actuaría una Comisión Permanente encargada de “vigilar” al Ejecutivo y en la que los radicales tendrían la mayoría.
Suspensión de la Asamblea Nacional
El 4 de marzo tuvo lugar una reunión entre los comisionados federales de las diversas provincias con los diputados republicanos en la que los primeros, entre otras cosas, pidieron la disolución inmediata de la actual Asamblea. Ese mismo día 4 de marzo el Gobierno presentó un proyecto para suspender la Asamblea Nacional y proceder a las elecciones de unas Cortes Constituyentes que serían las que determinarían el carácter definitivo de la República y que tendrían lugar entre el 10 y el 13 de abril. En el intervalo funcionaría la Comisión Permanente con carácter consultivo para el Poder Ejecutivo, aunque “podrá por sí o a propuesta del Gobierno, abrir de nuevo las sesiones de las actuales Cortes, siempre que lo exijan circunstancias excepcionales”.
Aunque la propuesta respetaba el acuerdo del 24 de febrero, los radicales inesperadamente se manifestaron en contra de la misma. Ese mismo día 4, se habían reunido 230 diputados y senadores radicales bajo la presidencia de Cristino Martos en la que se había decidido oponerse a la disolución de la Asamblea Nacional y el día 7 presentaron un Dictamen con un texto alternativo al del Gobierno en el que no se fijaba una fecha para la celebración de las elecciones que se dejaba a criterio de la Asamblea. Además, sería la Asamblea la que determinaría la composición y las facultades de la Comisión Permanente llegado el caso de la convocatoria de las Cortes Constituyentes. Cuando el presidente Figueras intentó defender el proyecto gubernamental ante la comisión parlamentaria que había elaborado el Dictamen esta le exigió la dimisión del Gobierno y la entrada en el nuevo de dos ministros radicales en Fomento, Gracia y Justicia o Ultramar, que se sumarían a los de Guerra y Marina ya ocupados por militares fieles a ellos.
Ante el enfrentamiento surgido entre el Gobierno y los radicales, el general Rafael Primo de Rivera, que formalmente pertenecía al Partido Radical, presentó un voto particular para intentar llegar un acuerdo, que había sido redactado por el Gobierno y que por tanto, contaba con su apoyo. En él se proponía que la Asamblea no se suspendería «hasta que sean votados definitivamente el proyecto de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, el de abolición de las matrículas de mar y el de organización, equipo y sostenimiento de los 50 batallones de cuerpos francos. Votados definitivamente estos proyectos, nombrarán las actuales Cortes una Comisión de su seno que las represente y suspenderán luego sus sesiones. Esta Comisión podrá por sí o a propuesta del Gobierno abrir de nuevo las sesiones de las actuales Cortes, siempre que lo exijan circunstancias extraordinarias». El debate del voto particular de Primo de Rivera tuvo lugar el 8 de marzo y se alargó durante casi seis horas.
Detrás del Dictamen de la comisión parlamentaria se encontraba de nuevo un intento de golpe de fuerza encabezado por el presidente de la Asamblea Cristino Martos con el objetivo de formar un Gobierno exclusivamente radical. Esta vez estaría presidido por su compañero de partido Nicolás María Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico Partido Constitucional. Pero en el curso del debate del voto particular de Primo de Rivera los diputados radicales seguidores de Rivero, y el propio Martos, temerosos de que la formación de un Gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos “intransigentes”, no apoyaron la iniciativa y respaldaron el voto particular de Primo de Rivera lo que suponía la suspensión de la Asamblea una vez se aprobaran las tres leyes mencionadas en la propuesta. 188 diputados y senadores apoyaron el voto particular y 19 votaron en contra. Martos dimitió de su cargo de presidente de la Asamblea dos días después alegando “motivos de salud”. Sería sustituido por el también radical Francisco Salmerón, una vez descartada la opción de Nicolás María Rivero.
Proclamación del Estado Catalán de 1873
Los republicanos «intransigentes» eran los que más presionaban para la implantación inmediata de la república federal. Estaban agrupados en torno al centro “El Estado Catalán”, también llamado “Club de los Federalistas”. Frente a ellos los republicanos federales moderados o “benevolentes” defendían la estrategia del gobierno de Madrid y de actuar de común acuerdo con él, esperar a la formación de las Cortes Constituyentes. Se agrupaban en torno a Círculo Republicano Democrático Federal de Barcelona que hizo público un manifiesto llamando a la unión y a la sensatez de los barceloneses para “contribuir con abnegación sincera al afianzamiento de la democracia republicana federal”.
El diputado provincial “intransigente” Carreras presentó al pleno la siguiente propuesta que sería comunicada a las otras tres diputaciones catalanas y cuyo primer acuerdo sería proclamar la autonomía de los municipios de la provincia:
«1º La Diputación provincial de Barcelona proclama la constitución de la provincia de Barcelona en estado republicano federal de Barcelona. 2º La Diputación se constituye interinamente en Representación soberana del Estado republicano federal de Barcelona dentro de la federación republicana de España».
La propuesta no fue aprobada porque se impuso la posición oficial de que la proclamación de la República federal la debían hacer las futuras Cortes Constituyentes, aunque todos los diputados provinciales coincidieron en que su aspiración era conseguirla. Por otro lado, el día 17 llegaron a Barcelona los republicanos encarcelados en Menorca que habían sido liberados, como los que habían estado presos en el castillo de Montjuic. Se organizó una manifestación de homenaje que recorrió las calles de la ciudad, siendo recibidos en la Diputación y en el Ayuntamiento.
Los “intransigentes” volvieron a presionar a la Diputación el 21 de febrero aprovechando la inestabilidad creada por la deserción el día anterior del capitán general Eugenio Gaminde acusado de ser poco afecto a la nueva República. Gaminde, que había sido cesado por el gobierno el día 18, abandonó Barcelona de forma imprevista en el vapor Lepanto y sin esperar órdenes de Madrid lo que fue calificado de “cobarde huida”. Ese día 21 se organizó un desfile militar en la plaza de San Jaime en el que, según la crónica del Diario de Barcelona publicada al día siguiente, «los soldados marchaban con las culatas al aire, guardando unos la formación y otros confundidos con los paisanos; algunos llevaban gorros frigios, otros gorras catalanas…», en una clara muestra de indisciplina e insubordinación al no llevar el ros, el gorro militar reglamentario. Asimismo, se oyeron muchos gritos de «¡Viva la República Federal!» en una plaza que se hallaba completamente llena y ofrecía un aspecto imponente.
Mientras se desarrollaba el desfile una Comisión entró en el edificio de la Diputación para “en nombre del pueblo y del Ejército” pedir que la Diputación se declare en Convención del Estado federal de Cataluña y adopte las resoluciones que tiendan a consolidar la situación. Entonces el vicepresidente de la Diputación telegrafió al gobierno en Madrid exponiéndole la petición que se acababa de presentar. El telegrama que envió el gobierno como respuesta se desconoce, pero parece que pidió a la Diputación que no la cumpliera, ya que al día siguiente los mismos que la habían presentado acabaron retirándola, argumentado que la aprobación de a proposición podría producir graves conflictos inútiles.
El 25 de febrero llegaron a Barcelona el nuevo capitán general Juan Contreras y Román y el nuevo gobernador militar, el general José Lagunero y Guijarro. Con los que el gobierno de Madrid esperaba, según un telegrama enviado por el presidente del poder ejecutivo Estanislao Figueras a la Diputación de Barcelona, que “Barcelona recobre la calma ordinaria”. El día anterior había llegado el nuevo gobernador civil Miquel Ferrer i Garcés El nuevo capitán general fue muy bien recibido debido a su claro compromiso con la República incluso en tiempos de la monarquía de Amadeo I, lo que precisamente destacó el diputado provincial Baldomero Lostau, del sector “intransigente”, en el discurso de bienvenida que dio en nombre de las autoridades de Barcelona. El general Contreras inmediatamente se ocupó de restablecer la disciplina militar en los cuarteles prohibiendo el uso de la barretina en lugar del ros.
La llegada a Barcelona de las nuevas autoridades devolvió momentáneamente la calma y la tranquilidad a Barcelona, pero las noticias que llegaban de Madrid sobre la pugna que se estaba produciendo entre el gobierno de Estanislao Figueras, integrado exclusivamente por republicanos federales, y la Asamblea Nacional dominada por los diputados y senadores del Partido Demócrata-Radical que se negaban a que fuera disuelta, porque eso supondría su eliminación de la escena política. Volvieron a alterar la normalidad ciudadana, sobre todo cuando empezaron a circular rumores de que el Gobierno de Figueras había sido derrotado, lo que no era cierto, en la votación del proyecto de disolución de la Asamblea Nacional por lo que no se convocarían elecciones a Cortes Constituyentes y que el líder del Partido Demócrata-Radical Cristino Martos era el nuevo presidente del gobierno, lo que tampoco era cierto. Estos rumores y falsas noticias inquietaron especialmente a los republicanos federales “intransigentes” que se propusieron intentar de nuevo la proclamación de la República federal en Cataluña.
Así el 2 de marzo, el diputado provincial “intransigente” Rafael Joaquim Penina presentó una nueva propuesta pidiendo la proclamación de la República federal, la convocatoria de elecciones antes de 28 de marzo y el licenciamiento de los soldados. Los días 5 y 8 el diputado Lluís Carreras volvió a insistir en su propuesta del mes anterior.
La inquietud que se vivía en la ciudad de Barcelona por lo que podía estar ocurriendo en Madrid también afectó a la Diputación provincial, que en la sesión celebrada el 8 de marzo acordó que la misma se consideraría disuelta si efectivamente se producía la caída del gobierno de Figueras y para prevenir esa situación otorgó a los diputados Francisco Suñer y Capdevila y Baldomero Lostau poderes extraordinarios. Pero esa decisión no se llevó a la práctica al recibirse un telegrama de Madrid en el que se decía que la votación la había ganado el gobierno de Figueras y que la Asamblea Nacional iba a ser disuelta por lo que se podrían convocar las elecciones a Cortes Constituyentes. Esto cambiaba totalmente la situación.
A pesar de las noticias que llegaban de Madrid de que el gobierno de Estanislao Figueras se había impuesto a sus adversarios del Partido Demócrata-Radical, los republicanos “intransigentes” no cejaron en su empeño de proclamar el “Estado Catalán”. Ante esta actitud los diputados provinciales “benévolos”, nada más terminado el pleno de Diputación, que acabó a las cinco de la madrugada del 9 de marzo, telegrafiaron urgentemente a Madrid dando cuenta de la situación. Se conoce la inquietud que provocó en el seno del gobierno de Figueras la noticia de que los “intransigentes” barceloneses seguían queriendo proclamar el “Estado Catalán”.
A las ocho de la mañana del 9 de marzo volvió a reunirse el pleno de la Diputación en el que tras un debate muy intenso y acalorado entre “intransigentes” y “benévolos”, estos consiguieron impedir que la propuesta de proclamar el “Estado Catalán” fuera aprobada. A cambio los “intransigentes” lograron que se votara y se aprobara la disolución del Ejército regular en la provincia y su conversión en uno voluntario. El decreto aprobado, y que se haría público al día siguiente.
Sin embargo, los miembros más extremistas de los “intransigentes” aún hicieron un último intento de proclamar el Estado federal catalán mediante la celebración en la misma mañana del 9 de marzo, de una gran manifestación en Barcelona, promovida también por las organizaciones obreras.
Los manifestantes portaban un pendón en el que se leía: «Confederación española ¡Viva la democracia! ¡Viva la federación!, Las clases trabajadoras lo piden» . Una Comisión de la manifestación entró en el edificio de la Diputación para presentar su petición a los diputados provinciales allí reunidos a los que les dijeron: «Vista la incertidumbre que reina en todas partes, teniendo en cuenta que la Federación ha de partir de abajo y que el aplazar lo que en la conciencia de todos está es perder tiempo y dárselo a todos los enemigos para que puedan crear inconvenientes, las clases obreras quieren la inmediata proclamación y planteamiento de la República democrática federal». Les contestó el diputado Lostau para decirles que la petición que habían hecho no podía ser asumida por el momento por la Diputación, comunicándoles a continuación que lo que sí se había acordado era la disolución del Ejército y su conversión en uno voluntario. A continuación la Comisión abandonó la sede de la Diputación sin haber conseguido su propósito.
La decisión de la Diputación de Barcelona de disolver el ejército en la provincia y su conversión en uno voluntario no fue aceptada por los delegados en Barcelona de las diputaciones de las otras tres provincias catalanas y de las Islas Baleares; porque con esta medida no se podría hacer frente a los carlistas que ocupaban el interior de Cataluña desde el inicio de su rebelión el año anterior.
Visita a Barcelona del Presidente del Poder Ejecutivo Estanislao Figueras
El Presidente del Poder Ejecutivo de la República Estanislao Figueras llegó a Barcelona a las once de la mañana del 11 de marzo. Allí se entrevistó con los miembros de la Diputación de Barcelona y con los delegados de las otras tres diputaciones catalanas y de las Islas Baleares; consiguiendo frenar definitivamente el proceso hacia la instauración de un régimen federal en Cataluña sin esperar a la formación de las Cortes Constituyentes. El comandante Daniel Fernández Maza, el principal instigador de la indisciplina entre las tropas, fue detenido por orden del general Lagunero, que dimitiría poco después por su desacuerdo con el capitán general Contreras, que el 2 de marzo había salido de Barcelona para comandar las fuerzas que luchaban contra los carlistas y que por esa razón no se encontraba en la ciudad cuando estuvo a punto de proclamarse el “Estado Catalán”.
Durante su estancia en Barcelona el presidente Figueras visitó centros asistenciales de la ciudad, alguna fábrica y el Ateneo Catalán de la Clase Obrera donde fue muy bien recibido, siendo nombrado socio de honor. También llevó a cabo varias entrevistas entre las que destacan la que mantuvo con una comisión de obreros de la Federación Regional Española de la AIT y con un grupo de importantes burgueses y banqueros para pedirles un crédito que aliviara la difícil situación que padecía en aquellos momentos la Hacienda de la República, acordándose crear una Comisión para negociar las condiciones del préstamo.
Figueras partió de Barcelona el 19 de marzo de una forma bastante precipitada, urgido por el telegrama que recibió de Madrid para que regresara a la capital lo más rápidamente posible. El motivo era una nueva crisis a la que tenía que hacer frente su gobierno, ya que los diputados y senadores del Partido Demócrata-Radical seguían oponiéndose a la disolución de la Asamblea Nacional que tenía que hacerse efectiva el 23 de marzo.
El fallido golpe de Estado del 23 de abril
El 22 de marzo la Asamblea Nacional abordó su suspensión definitiva en una tumultuosa sesión que se abrió a las tres de la tarde y que se cerró casi a las tres de la madrugada del día siguiente (hubo de interrumpirse en tres ocasiones). Las competencias y, sobre todo, la elección de los miembros de la Comisión Permanente fueron el principal objeto de controversia entre radicales y republicanos federales. Los primeros propusieron que la Comisión tuviera «las mismas atribuciones que las de la Asamblea fuera de las legislativas» y que estuviera compuesta por veinte de sus miembros elegidos por la misma, además de los que componen la Mesa, lo que les daba la mayoría en la Comisión.
Los republicanos federales presentaron otra propuesta que contó con el apoyo del Gobierno de Estanislao Figueras, que ya había vuelto de Barcelona, en la que se decía que la Comisión Permanente tendría «las facultades expresas de la ley de convocatoria de las Cortes Constituyentes». Como Figueras hizo de la propuesta “cuestión de gabinete”, alegó que “el Gobierno no puede vivir en perpetua crisis” y que “necesita unidad de acción, necesita gran rapidez y energía como medio de gobernar” fue aprobada, pasándose a continuación a discutir la forma de elección de los miembros de la Comisión.
Después de superar las diferencias que separaban a “martistas” de “riveristas”, los radicales intentaron un golpe de Estado el 23 de abril, con el mismo objetivo de los dos anteriores. Esta vez contaban con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía, capitán general de Madrid, el almirante Topete o, de nuevo, el general Serrano; y con civiles del partido constitucional, encabezados por Práxedes Mateo Sagasta, que también querían evitar la proclamación de la República Federal, porque se esperaba que el Gobierno, gracias a su “influencia moral”, conseguiría la mayoría necesaria en las elecciones a Cortes Constituyentes que estaban convocadas para el mes siguiente.
En la noche del 22 de abril el alcalde de Madrid, el radical Juan Pablo Marina, convocó a los batallones “antiguos” o “monárquicos” de la Milicia Nacional, cinco de infantería y dos de caballería, todos bien armados; para que se concentraran en la plaza de toros (situada entonces en la confluencia de las calles actuales de Alcalá y de Serrano). Una vez allí se les fueron uniendo numerosos oficiales del Ejército, mientras que generales destacados acudían al domicilio del general Serrano (contiguo a la plaza de toros).
Casi al mismo tiempo los Voluntarios de la República y efectivos de la guardia civil se habían desplegado en los puntos estratégicos de la capital, siguiendo las órdenes del ministro de la Gobernación Francisco Pi y Margall, que también detentaba la presidencia del Gobierno en funciones a causa del reciente fallecimiento de la esposa de Estanislao Figueras. Más tarde los implicados negaron que se hubieran propuesto dar un golpe de Estado, alegando que no hicieron ningún movimiento violento. Lo cierto es que las fuerzas atrincheradas en el coso no realizaron salida alguna; pero está fuera de dudas su actitud amenazadora y su rechazo a las intimaciones de disolverse de manera pacífica.
En la mañana del día 23 se reunió la Comisión Permanente con los miembros del Gobierno excepto Pi y Margal, que permaneció en el Ministerio de la Gobernación y cuya primera medida había sido obligar al alcalde Madrid a que dimitiera sustituyéndolo por el republicano federal Pedro Bernardo Orcasitas. En cuanto estuvieron reunidos, los miembros de la Comisión Echegaray y Rivero pidieron el aplazamiento de las elecciones a Cortes Constituyentes. A mediodía el ministro de la Guerra informó de que «los nueve batallones de milicianos reunidos en las afueras de la Puerta de Alcalá [al lado de la plaza de toros] se habían declarado en rebeldía contra el Gobierno y hecho fuego contra el brigadier Carmona que los había intentado arengar». El general que estaba al mando de los milicianos comunicó «que obraba en nombre del duque de la Torre [el general Serrano], presidente de la República». Los ministros abandonaron inmediatamente la reunión y la Comisión se declaró en sesión permanente. Poco después Voluntarios de la República ocupaban el Congreso de los Diputados y conminaban a los miembros de la Comisión a que abandonaran el edificio. Los radicales y los conservadores se resistieron y finalmente salieron de allí sobre las dos de la madrugada protegidos de las “turbas armadas” que rodeaban el Congreso por el ministro republicano Emilio Castelar.
Entretanto Pi y Margall había conseguido desbaratar la intentona. Primero, había destituido al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid y había nombrado en su lugar al general Hidalgo. Luego, había ordenado a la Guardia Civil, a las fuerzas militares y a los Voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros y las milicias reunidas allí y en sus alrededores habían depuesto las armas después de unos pocos disparos y vuelto a sus casas abandonando 7.000 fusiles. Los comandantes de los batallones presentaron un escrito en el que negaban que estuvieran “en estado de insurrección”, pero en el que también declaraban “bajo palabra de honor” estar dispuestos a acatar y defender la legalidad representada por la Comisión, delegada de la soberanía nacional, cuyas órdenes esperan.
Al día siguiente 24 de abril Pi y Margall, como presidente del Poder Ejecutivo interino, firmó un decreto por el que se disolvía la Comisión Permanente, un hecho que algunos historiadores, lo han considerado como ”un auténtico golpe de Estado”.
Tras la disolución de la Comisión Permanente grupos de republicanos federales, se entregaron a excesos lamentables en Madrid, se lanzaron amenazas de muerte contra varios políticos, allanándose sus moradas y en algunas provincias también se registraron atropellos parecidos. Los “excesos” revistieron tal gravedad que el gobernador civil de Madrid Nicolás Estévanez publicó un bando el día 27 en cuyo punto 2.º se decía: «Los que penetren sin autorización de autoridad competente en el inviolable domicilio de cualquiera de sus conciudadanos serán sometidos inmediatamente a los tribunales de justicia».
La mayoría de los líderes radicales y conservadores se ocultaron en casas de amigos o se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano, el general Caballero de Rodas o Cristino Martos. También abandonaron España algunos miembros de las clases acomodadas que veían con temor la previsible proclamación de la República Federal por las futuras Cortes Constituyentes.
Las elecciones a Cortes Constituyentes de mayo
La decisión de Pi y Margall de disolver la Comisión Permanente fue cuestionada por los republicanosfederales “moderados”, encabezados en aquel momento por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón, pues eran conscientes de que iba a tener como consecuencia el retraimiento del resto de partidos en las elecciones; lo que restaría legitimidad a las Cortes Constituyentes que saldrían de ellas. «Fue tal el miedo a la soledad, que Castelar y Figueras negociaron con los radicales y los conservadores para darles una representación parlamentaria», pero ambos grupos rechazaron la propuesta y se reafirmaron en la opción del retraimiento, argumentando la ilegalidad de la disolución de la Comisión Permanente y la falta de condiciones de seguridad para realizar los comicios. A
sí, en las elecciones no hubo lucha electoral, pues optaron por no presentar candidatos, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República. En los pocos distritos que hubo disputa electoral, fue entre candidatos republicanos federales del sector “moderado” o del “intransigente”.
Las elecciones a Cortes Constituyentes, que debían reunirse el 1 de junio en Madrid, habían sido convocadas por una ley de 11 de marzo de 1873. En la misma la edad para votar se había rebajado de los 25 a los 21 años, lo que suponía pasar de cuatro millones de electores a cuatro millones y medio. Los comicios tuvieron lugar los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, obteniendo los republicanos federales 343 escaños, y el resto de fuerzas políticas, 31.
Así pues, la representatividad resultante de estas elecciones fue muy limitada a causa del retraimiento de la totalidad de las fuerzas de oposición política; radicales, constitucionales, carlistas (en guerra desde 1872), monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, republicanos unitarios e incluso las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional. Con un porcentaje del 60 % de abstención, fueron los comicios con la participación más baja de la historia de España. En Cataluña, solo votó el 25 % del electorado; en Madrid, el 28 %.