Tratados de Trujillo

Situación de los bandos tras Bocayá

Situación realista

El proyecto de una gran expedición renació al llegar a Madrid las noticias del peligro que significó la pérdida de Chile en 1818.​ Primero, ya era imposible recuperar el Río de la Plata desde el virreinato peruano. Segundo, había quedado desguarnecida la costa del Pacífico hasta México.​ Tercero, el mismo virreinato peruano estaba amenazado y el Rey hizo reunir de urgencia a su consejo privado; uno de sus miembros, Joaquín Gómez de Liaño, expuso la idea de enviar al menos 16.000 hombres a Buenos Aires. Sin embargo, la falta de recursos y las complicaciones causadas por la invasión luso-brasileña de la Banda Oriental (los portugueses podían terminar enfrentándose a la expedición) hicieron dar prioridad a los envíos de refuerzos a La Habana y Nueva España y naves de guerra a Lima, La Habana, Veracruz y Venezuela.​ Otro factor fue la presión de grupos de influencia para los que el Río de la Plata era una región marginal de la monarquía y se debía priorizar en defender el comercio con Nueva España y el Caribe.​ Finalmente, España comprendió tras el Congreso de Aquisgrán que no tendría el apoyo de las demás potencias europeas para mantener su imperio; de hecho, estos estaban más interesados en verlo colapsar.

Con miras a la salvación del Imperio español herido de muerte en Hispanoamérica, la Corona organizó a lo largo de los años 1819 y 1820 un poderoso ejército de 20.000 hombres, que puso en manos del general Félix María Calleja del Rey, conde de Calderón y exvirrey de Nueva España y capitán general de Andalucía, cuya misión era someter las provincias de ultramar. Sus fuerzas terrestres sumaban 20.200 infantes, 2.800 jinetes y 1.370 artilleros con 94 piezas de campaña, otras de menor calibre y abundante parque a finales de 1819 en Cádiz y la isla San Fernando, pero poco después estallaba una epidemia de vómito negro (fiebre amarilla), que obligó a la dispersión de la tropa para evitar contagios.

Había 14 escuadrones de caballería. El comandante de la expedición y del ejército era Enrique José O’Donnell, conde de La Bisbal y español descendiente de irlandeses, quien era apodado “virrey del Río de la Plata”.​ Algunas fuentes sostienen que O’Donnell había sido relevado por Calleja. Las fuerzas navales, al mando de Francisco Mourelle,​ que debían escoltar a los transportes, eran 4 navíos de línea, de 3 a 6 fragatas, de 4 a 10 bergantines, 2 corbetas, 4 bergantines-goleta,​ 2 goletas y 30 cañoneras. La tripulación se componía de 6.000 marinos. El total de hombres se discute, pero se habla de 14.000,​ 20.000, 22.000 o 25.000 efectivos.

Entre las tropas se había ido extendiendo el malestar ante la perspectiva de una dilatada campaña, por el reclutamiento obligado y por las precarias condiciones de vida, agudizadas por una epidemia de fiebre amarilla. Los liberales intentaron que estas tropas se sublevaran para acabar con el régimen absolutista de Fernando VII y restaurar la Constitución de 1812.

La Gran Expedición de Ultramar se trastornó por la rebelión de los oficiales Rafael del Riego y Núñez y Antonio Quiroga, quienes, influidos por las logias masónicas y los dirigentes liberales, tomaron el mando militar y cambiaron totalmente el panorama político de España.

Este movimiento estalló en enero de 1820 en Cabezas de San Juan, en las inmediaciones de Cádiz, y se extendió por toda España. Se proclamó la Constitución de 1812, que Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución (07/03/1820). Riego y Quiroga fueron ascendidos a mariscales de campo. Calleja rehusó participar en el nuevo régimen liberal. Las tropas de la Gran Expedición fueron licenciadas y esta se canceló.

El objetivo primordial de la Gran Expedición era el Río de la Plata, que en aquel momento sufría varios motines por parte de una sección numerosa de las tropas fieles a Buenos Aires. En la noche del 8 al 9 de enero. Se pronunció el Ejército del Norte, el cual debía enfrentarse a los realistas del Alto Perú, pero se replegaron a Córdoba. El 20 de enero tocaría al BIL de cazadores de los Andes, una de las unidades veteranas de San Martín.

El nuevo gobierno liberal en la península estaba convencido de que era inútil una guerra tan larga y de que era imposible triunfar. Por ello, ordenaron a Morillo que abriese negociaciones para encontrar una solución al conflicto con los cabecillas rebeldes sin reconocer la independencia.

Morillo recibió instrucciones de publicar la Constitución de 1812 y restablecer la paz. Su disgusto no pudo evitar la publicación, que le dejó atado de pies y manos. Al recibir las noticias dijo: «Obedeceré, pero desde ahora en adelante no hay que contar con el sojuzgamiento de esas provincias».

Pablo Morillo disponía de aproximadamente 15.000 efectivos; los americanos eran dos terceras partes, incluyendo muchos granadinos, tan firmes todos en sus sentimientos realistas como los mejores soldados de la península. Pero esta firmeza empezaba a fatigarse. Los éxitos obtenidos por los independentistas y la cancelación de la Gran Expedición mermaban la moral de los soldados, lo que significaba que aumentaría el número de deserciones sin precedentes. Esta falta de hombres obligaría a abandonar las provincias de Barcelona y Cumaná, mientras que en Carúpano el BI de Clarines se amotinó. Juan Albi explica acatadamente la situación general realista: «La situación del general español era, pues, ciertamente delicada. Su enemigo le había arrebatado los importantes recursos de Nueva Granada. El Ejército realista se veía amenazado por el Oeste, donde estaba la Guardia, por el Sur donde se hallaba Páez, y por el Este, donde se encontraba Bermúdez. Las tropas estaban empezando a perder la fe en la victoria; sobraban desertores y escaseaban medios de todo tipo. El propio Morillo estaba desanimado, lo que le hizo reiterar con mayor insistencia su petición de ser relevado».

Situación republicana

José Antonio Anzoátegui fue ascendido a general de división después de la batalla de Boyacá. Terminada con éxito la campaña de Nueva Granada, Bolívar elaboró un plan de operaciones, el cual incluía una acción sobre Santa Marta y otra sobre Maracaibo por Chiriguaná y Valledupar; la segunda parte de este plan la confió a lo que llamó Ejército del Norte, el cual fue puesto bajo las órdenes del general de división Anzoátegui. Sin embargo, la ejecución de dicha campaña quedó sin efecto a consecuencia de que el joven barcelonés muriera súbitamente el 15 de noviembre de 1819 en la ciudad de Pamplona, de lo que el doctor Thomas Fooley llamó fiebre mortal. El coronel Bartolomé Salom tomó el mando del ejército republicano el 22 de diciembre, y abrió operaciones contra los realistas, obligándolos a replegarse hacia Mérida.

Bolívar quería presentar su nueva República a las potencias del viejo mundo y los Estados Unidos del Norte. Las ediciones semanales de El Correo del Orinoco, no bastaban; era necesario establecer auténticas relaciones diplomáticas. Francisco Zea era demasiado débil para ocuparse del gobierno interior, pero era muy adecuado para abrir crédito para la República en Londres. Debía conseguir un empréstito de entre 2 y 5 millones de libras esterlinas. Zea estableció contratos con los prestamistas británicos. Los papeles emitidos a cargo de Colombia y consolidados por Zea sumaron en total 731.762 libras esterlinas. Para amortizar esta deuda, Zea contrató otro empréstito en París, con la firma inglesa Herring, Graham & Powles, por 2 millones de libras esterlinas, que incluía los vales del empréstito anterior. Estos préstamos fueron considerados inconvenientes para el país y en octubre de 1821 se le revocaron a Zea los poderes como agente fiscal de la República.

El fracaso de Zea en el campo diplomático ilustra las dificultades que Bolívar tenía para organizar políticamente la República. El nombramiento de Antonio José Sucre fue un rotundo acierto; viajó a las Antillas comisionado para adquirir material de guerra, misión que cumplió con éxito. Ese mismo año desempeñó, interinamente, la cartera de Guerra y Marina.

Mientras Morillo y Bolívar se acechaban mutuamente sin decidirse a intervenir. En Venezuela, entre el 11 de enero y el 2 de noviembre de 1821, no se dio ninguna batalla. Hubo sí, 14 combates, especialmente en los llanos. De esos combates, los republicanos ganaron 7 y los otros 7 los realistas. En ambos bandos se notaba ya un gran desgaste, debido a la lucha que duraba desde 1810, en la que ambos bandos se batieron con ardor y valentía y en muchos casos cayeron en excesos. Por más que se pregonaba el cese de la Guerra a Muerte, la matanza continuaba, aunque no con la intensidad de los años 1813-16 cuando Bolívar decretó la Guerra a Muerte. Se imponía, pues, una tregua para el descanso y también para humanizar la contienda, y la situación del Gobierno español en la Península hacía propicia la concertación de cualquier arreglo.

Tratado de Armisticio (25 de noviembre de 1820)

Los llamados Tratados de Trujillo, firmados en noviembre de 1820 por el presidente de la República de Colombia (la Grande) Simón Bolívar y por el general en jefe de las Fuerzas Armadas de España en Venezuela Pablo Morillo, fueron dos: el de Armisticio y el de Regularización de la Guerra.

Morillo había intentado negociar primero con Páez y, ante la negativa de este, con el Congreso de Angostura, y ambos contestaron que debía tratarlo con el propio Bolívar.

Pablo Morillo recibió de Madrid instrucciones el 6 de junio de 1820 para abrir negociaciones con los independentistas. Después del cruce de correspondencia entre las partes y de conversaciones de representantes de ambos ejércitos, se llegó a la posibilidad de suspender las hostilidades y suscribir los documentos que fuera menester. Bolívar se hallaba en San Cristóbal y de allí se movió hacia Mérida, que para entonces estaba en manos de los realistas. Bolívar la tomó, nombró autoridad republicana y prosiguió hasta Trujillo. Morillo también se había movido por su lado y se situó con su ejército en Carache.

Los comisionados que concluyeron los tratados fueron, de parte de Morillo: Juan Rodríguez del Toro, alcalde primero de Caracas; brigadier Ramón Correa, jefe superior político de Venezuela, y Francisco González de Linares, comerciante muy ligado al régimen de la Corona. De parte de Bolívar: general Antonio José de Sucre, el coronel Pedro Briceño Méndez y el Tcol José Gabriel Pérez. Los comisionados realistas llegaron a la ciudad de Trujillo el 21 de noviembre y fueron recibidos de inmediato por los comisionados republicanos que los aguardaban allí. Después del canje de los respectivos poderes, se iniciaron el día 22 las negociaciones con una proposición escrita de los realistas, a la cual respondieron también por escrito el mismo día los republicanos.

En el curso de los días siguientes, cada comisión fue informando del desarrollo de las negociaciones a sus respectivos superiores, quienes se hallaban, Bolívar en Sabana Larga y Morillo en Carache. Hubo nuevas contraproposiciones por ambas partes, y finalmente se llegó a un acuerdo el 24 de noviembre. Ese mismo día, desde Carache, Morillo autorizó a sus comisionados a firmar el Tratado de Armisticio; Bolívar autorizó a los suyos el 25 desde Sabana Larga. Fue firmado en Trujillo a las 22:00 horas de ese mismo 25 de noviembre de 1820 y ratificado el 26 por Morillo en su cuartel general de Carache y por Bolívar en su cuartel general de Trujillo. Constando de 15 artículos:

• Artículo 1º. Tanto el ejército español como el de Colombia suspenden sus hostilidades de todas clases, desde el momento que se comunique la ratificación del presente tratado, sin que pueda continuarse la guerra, ni ejecutarse ningún acto hostil entre las dos partes en toda la extensión del territorio que posean durante este armisticio.
• Art. 2º. La duración de este armisticio será de seis meses, contados desde el día que será ratificado; pero siendo el principio y base fundamental de él la buena fe y los deseos sinceros que animan a ambas partes de terminar la guerra, podrá prorrogarse aquel término por todo el tiempo que sea necesario, siempre que, expirado el que se señala, no se hayan concluido las negociaciones que deben entablarse y haya esperanza de que se concluyan.
• Art. 3º. Las tropas de ambos ejércitos permanecerán en las posiciones que ocupen al acto de intimárseles la suspensión de hostilidades; pero siendo conveniente señalar límites claros y bien conocidos en la parte que es el teatro principal de la guerra para evitar los embarazos que presenta la confusión de posiciones, se fijan los siguientes:
  • 1º. El río de Unare, remontándolo desde su embocadura al mar hasta donde recibe al Guanape; las corrientes de este, subiendo hasta su origen; de aquí una línea hasta el nacimiento del Manapire; las corrientes de este hasta el Orinoco; la ribera izquierda de éste hasta la confluencia del Apure; este hasta donde recibe al Santo Domingo; las aguas de éste hasta la ciudad de Barinas, de donde se tirará una línea recta a Boconó de Trujillo; y de aquí la línea natural de demarcación que divide la provincia de Caracas del Departamento de Trujillo.
  • 2º. Las tropas de Colombia que obren sobre Maracaibo al acto de intimárseles el armisticio podrán atravesar por el territorio que corresponde al ejército español para venir a buscar su reunión con los otros cuerpos de tropas de la República, con tal que, mientras que atraviesen por aquel territorio, las conduzca un oficial español. También se les facilitarán con este mismo objeto las subsistencias y transportes que necesiten, pagándolas.
  • 3º. Las demás tropas de ambas partes que no estén comprendidas en estos límites señalados, permanecerán, como se ha dicho, en las posiciones que ocupen, hasta que los oficiales que por una y otra parte se comisionarán, arreglen amigablemente los límites que deben separar el territorio en que están obrando, procurando transar las dificultades que ocurran para la demarcación de un modo satisfactorio a ambas partes.
• Art. 4º. Como puede suceder que al tiempo de comunicar este tratado se hallen dentro de las líneas de demarcación que se han señalado en el artículo 39, algunas tropas o guerrillas, que no deben permanecer en el territorio que estén ocupando, se conviene:
  • 1º. Que las tropas organizadas que se hallan en este caso, se retiren fuera de la línea de la demarcación, y como tal vez se hallan algunas de éstas pertenecientes al ejército de Colombia en las riberas izquierdas del Guanape y del Unare, podrán éstas retirarse y situarse en Píritu o Clarines, o algún otro punto inmediato; y
  • 2º. Que las guerrillas que estén en igual caso se desarmen y disuelvan, quedando reducidas a la clase de simples ciudadanos los que las componían, o se retiren también como las tropas regladas. En el primero de estos dos últimos casos se ofrece y concede la más absoluta y perfecta garantía a los que comprenda, y se comprometen ambos gobiernos a no enrolarlos en sus respectivas banderas durante el armisticio, antes por el contrario, permitirles que dejen el país en que se hallan y vayan a reunirse al ejército de que dependan al tiempo de concluirse este tratado.
• Art. 5º. Aunque el pueblo de Carache está situado dentro de la línea que corresponde al ejército de Colombia, se conviene en que quede allí un comandante militar del ejército español con una observación de paisanos armados que no excedan de veinticinco hombres. También se quedarán las justicias civiles que existen actualmente.
• Art. 6º. Como una prueba de la sinceridad y buena fe que dictan este tratado, se establece que en la ciudad de Barinas no podrá permanecer sino un Comandante militar por la República con un piquete de veinticinco hombres de paisanos armados de observación, y todos los peones necesarios para las comunicaciones con Mérida y Trujillo, y las conducciones de ganados.
• Art. 7º. Las hostilidades de mar cesarán igualmente a los treinta días de la ratificación de este tratado para los mares de América, y a los noventa para los de Europa. Las presas que se hagan pasados estos términos, se devolverán recíprocamente; y los corsarios o apresadores serán responsables de los perjuicios que hayan causado por la detención de los buques.
• Art. 8º. Queda desde el momento de la ratificación del armisticio abierta y libre la comunicación entre los respectivos territorios para proveerse recíprocamente de ganados, todo género de subsistencias y mercancías, llevando los negociadores y traficantes los correspondientes pasaportes a que deberán agregar los pases de las autoridades del territorio en que hubieren de adquirirlos para impedir por este medio todo desorden.
• Art. 9º. La ciudad y puerto de Maracaibo queda libre y expedita para las comunicaciones con los pueblos del interior, tanto para subsistencias, como para relaciones mercantiles, y los buques mercantes neutros o de Colombia que introduzcan efectos, no siendo armamentos ni pertrechos de guerra, o los extraigan por aquel puerto para Colombia, serán tratados como extranjeros y pagarán como tales los derechos, sujetándose a las leyes del país. Podrán además tocar en ella, salir y entrar por el puerto los agentes o comisionados que el gobierno de Colombia despache para España o para los países extranjeros, y los que reciba.
• Art. 10. La plaza de Cartagena tendrá la misma libertad que la de Maracaibo, con respecto al comercio interior, y podrá proveerse de él durante el armisticio para su población y guarnición.
• Art. 11. Siendo el principal fundamento y objeto primario de este armisticio la negociación de la paz, de la cual deben recíprocamente ocuparse ambas partes, se enviarán y recibirán por uno y otro gobierno, los enviados o comisionados que se juzguen convenientes a aquel fin, los cuales tendrán el salvoconducto, garantía y seguridad personal que corresponde a su carácter de agentes de paz.
• Art. 12. Si por desgracia volviere a renovarse la guerra entre ambos gobiernos, no podrán abrirse las hostilidades sin que preceda un aviso que deberá dar el primero que intente o se prepare a romper el armisticio. Este aviso se dará cuarenta días antes que se ejecute el primer acto de hostilidad.
• Art. 13. Se entenderá también por un acto de hostilidad el apresto de expedición militar contra cualquier país de los que suspenden las armas por este tratado; pero sabiendo que puede estar navegando una expedición de buques de guerra españoles, no hay inconveniente en que queden haciendo el servicio sobre las costas de Colombia, en relevo de igual número de los que componen la escuadra española, bajo la precisa condición de que no desembarquen tropas.
• Art. 14. Para dar al mando un testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta guerra en que están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gentes, y a las prácticas más liberales, sabias y humanas, de las naciones civilizadas.
• Art. 15. El presente tratado deberá ser ratificado por una y otra parte dentro de sesenta horas, y se comunicará inmediatamente a los jefes de las divisiones por oficiales que se nombrarán al intento por una y otra parte.

Dado y firmado de nuestras manos, en la ciudad de Trujillo a las diez de la noche del día veinticinco de noviembre de mil ochocientos veinte.

En resumen, por este tratado quedaban suspendidas las hostilidades durante el término de 6 meses; las tropas que correspondían a cada uno de los ejércitos se situarán dentro de los límites señalados en el propio documento; la comunicación para proveerse de ganados, mercancías y todo género de víveres para la subsistencia, queda abierta y libre entre los respectivos territorios; uno y otro Gobierno recibirá a los comisionados para tratar sobre la paz definitiva y los proveerá de salvoconductos, dándoles las garantías requeridas; tanto Maracaibo como Cartagena de Indias (que entonces estaban en manos de los españoles) quedan libres y expeditas para el comercio con el interior; en caso de reanudarse la guerra entre ambos gobiernos, el que intente romper el armisticio lo avisará al otro 40 días antes del primer acto de hostilidad.

El Tratado de Armisticio expiraba el 26 de mayo de 1821. Pero el 28 de enero de 1821 se produjo un pronunciamiento en Maracaibo, que había permanecido realista casi desde el principio de la independencia, en el cual declaraba a la provincia de Maracaibo unida a la Gran Colombia. El general venezolano Rafael Urdaneta ocupó rápidamente la ciudad con varios batallones ligeros y depuso al gobernador Francisco Delgado. Miguel de la Torre (quien había sustituido a Morillo como jefe del ejército realista el 10 de marzo de 1821) protestó la medida como una violación del tratado y Bolívar a su vez argumentó su legalidad. Al no llegar a un acuerdo sobre Maracaibo, ambos bandos acordaron el reinicio de las hostilidades el 28 de abril.

Tratado de regularización de la guerra (26 de noviembre de 1820)

La idea del Tratado de Regularización de la Guerra surgió de Bolívar, quien en una carta para Morillo fechada en Carache el 3 de noviembre anterior le pedía que autorizase a sus comisionados para concluir «… con el gobierno de la República un tratado verdaderamente santo, que regularice la guerra de horrores y crímenes que hasta ahora ha inundado de lágrimas y sangre a Colombia y que sea un monumento entre las naciones más cultas, de civilización, libertad y filantropía…». Al parecer, las matanzas horrorizaron a sus aliados británicos, que le aconsejaron acabar con ellas por su mala imagen.

Morillo acogió la idea, y tanto sus comisionados como los de Bolívar la incluyeron en sus respectivos proyectos del 22 de noviembre. El 26, los comisionados republicanos presentaron un proyecto de bases para el Tratado de Regularización de la Guerra, que fue aprobado, con ligeras variaciones, por los comisionados realistas el mismo día. Fue, pues, firmado por ambas partes ese 26 de noviembre de 1820 en la ciudad de Trujillo.

El tratado constaba de 14 artículos:

• Art. 1º. La guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados, siempre que no se opongan las prácticas de ellos a algunos de los artículos del presente tratado que deben ser la primera y más inviolable regla de ambos gobiernos.
• Art. 2º. Todo militar o dependiente de un ejército, tomado en el campo de batalla, aun antes de decidirse ésta, se conservará y guardará como prisionero y respetado conforme a su grado, hasta lograr su canje.
• Art. 3º. Serán igualmente prisioneros de guerra y tratados de la misma manera que estos, los que se tomen en marchas, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones o puestos fortificados, aunque estos sean tomados al asalto, y en la marina los que lo sean aun al abordaje.
• Art. 4º. Los militares o dependientes de un ejército, que se aprehendan heridos o enfermos en los hospitales o fuera de ellos, no serán prisioneros de guerra, y tendrán libertad para restituirse a las banderas a que pertenezcan luego que se hayan restablecido. Interesándose tan vivamente la humanidad en favor de estos desgraciados que se han sacrificado a su patria y a su gobierno, deberán ser tratados con doble consideración y respeto que los prisioneros de guerra y se les prestará por lo menos la misma asistencia, cuidados y alivios que a los heridos y enfermos del ejército que los tenga en su poder.
• Art. 5º. Los prisioneros de guerra se canjearán clase por clase y grado por grado, o dando por superiores el número de subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas.
• Art. 6º. Se comprenderá también en el canje, y serán tratados como prisioneros de guerra, aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de reconocer, observar o tomar noticias de un ejército para darlas al jefe de otro.
• Art. 7º. Originándose esta guerra de la diferencia de opiniones; hallándose ligados con vínculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas; y deseando economizar la sangre, cuanto sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido a cualquiera de los dos gobiernos, hayan desertado de sus banderas y se aprehendan alistados bajo las banderas del otro, no pueden ser castigados con pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y desafectos de una y otra parte.
• Art. 8º. El canje de prisioneros será obligatorio, y se hará a la más posible brevedad. Deberán, pues, conservarse siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cualquiera que sea su grado o dignidad; y por ningún motivo ni pretexto se alejarán del país, llevándolos a sufrir males mayores que la misma muerte.
• Art. 9º. Los jefes de los ejércitos exigirán que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el gobierno a quien estos correspondan, haciéndose abonar mutuamente los costos que causaren. Los mismos jefes tendrán derecho de nombrar comisarios, que trasladados a los depósitos de los prisioneros respectivos, examinen su situación, procuren mejorarla y hacer menos penosa su existencia.
• Art. 10. Los prisioneros existentes actualmente gozarán de los beneficios de este tratado.
• Art. 11. Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos gobiernos, serán altamente respetados, gozarán de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes.
• Art. 12. Los cadáveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla, o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos gobiernos, recibirán los últimos honores de la sepultura o se quemarán cuando por su número, o por la premura del tiempo, no pueda hacerse lo primero. El ejército o cuerpo vencedor será el obligado a cumplir con este sagrado deber, del cual sólo por una circunstancia muy grave y singular podrá descargarse, avisándolo inmediatamente a las autoridades del territorio en que se halle, para que lo haga. Los cadáveres que de una y otra parte se reclamen por el gobierno, o por los particulares, no podrán negarse, y se concederá la comunicación necesaria para transportarlos.
• Art. 13. Los generales de los ejércitos, los jefes de las divisiones, y todas las autoridades estarán obligadas a guardar fiel y estrictamente este tratado, y sujetos a las más severas penas por su infracción, constituyéndose ambos gobiernos responsables a su exacto y religioso cumplimiento, bajo la garantía de la buena fe y el honor nacional.
• Art. 14. El presente tratado será ratificado y canjeado dentro de sesenta horas, y empezará a cumplirse desde el momento de la ratificación y canje.

Y en fe de que así lo convenimos y acordamos nosotros los comisionados de los Gobiernos de España y de Colombia, firmamos dos, de un tenor, en la ciudad de Trujillo, a las diez de la noche del veintiséis de noviembre de mil ochocientos veinte.

Bolívar y Morillo lo aprobaron el 27 de noviembre, el primero en Trujillo y el segundo en Santa Ana.

En resumen, por ese tratado se obligan los estados signatarios a combatir como pueblos civilizados; evitar el exterminio a que se había llegado hasta ese momento; el respeto para los prisioneros de guerra de acuerdo con su grado, hasta tanto se efectúe el canje; ese mismo tratamiento se dará a los civiles aprehendidos en servicio; se prestaría la debida asistencia, dentro o fuera de los hospitales, a los enfermos y heridos, y una vez restablecidos se les permitirá restituirse a la bandera a que pertenecieran; se darían honrosa sepultura a los que diesen su vida en batallas, combates, choques o encuentros entre las armas de los dos gobiernos; y finalmente, se respetará la opinión de los habitantes de los pueblos que alternativamente fueran ocupados por las armas de los beligerantes, sin perseguir a nadie por sus ideas. Este pacto, pleno de humanidad y gallardía, se inspiró en los más nobles sentimientos de los hombres que lo suscribieron, todos empeñados en llevar la contienda a mejores términos.

Este Tratado se mantuvo en vigor durante toda la guerra.

Ambos tratados fueron concluidos por medio de plenipotenciarios, pero una vez firmados, Morillo propuso a Bolívar una entrevista personal y Bolívar aceptó con entusiasmo. Se efectuó el día 27 en la población de Santa Ana, que se encontraba entre la ciudad de Trujillo, ocupada por Bolívar, y el pueblo de Carache, a donde había llegado Morillo.

Tanto el jefe español como el republicano dejaron narraciones de ese encuentro extraordinariamente expresivas.

Morillo escribió al día siguiente: «Acabo de llegar del pueblo de Santa Ana, en donde pasé ayer uno de los días más alegres de mi vida en compañía de Bolívar y de varios oficiales de su estado mayor a quienes abrazamos con el mayor cariño. Bolívar vino solo con sus oficiales, entregado a la buena fe y a la amistad, y yo hice retirar inmediatamente una pequeña escolta que me acompañaba. No puede Ud. ni nadie persuadirse de lo interesante que fue esta entrevista, ni de la cordialidad y amor que reinó en ella. Todos hicimos locuras de contento, pareciéndonos un sueño el vernos allí reunidos como españoles, hermanos y amigos. Crea Ud. que la franqueza y sinceridad reinaron en esta reunión. Bolívar estaba exaltado de alegría; nos abrazamos un millón de veces y determinamos erigir un monumento para eterna memoria del principio de nuestra reconciliación en el sitio en que nos dimos el primer abrazo».

Bolívar, por su parte, escribía a Santander: «Desde Morillo abajo se han disputado todos los españoles en los obsequios con que nos han distinguido y en las protestas de amistad hacia nosotros. Un aplauso a nuestra constancia y al valor que ha singularizado a los colombianos, los vítores que han repetido al ejército libertador; en fin, manifestaciones de sus deseos por la amistad de Colombia a España, un pesar por los desastres pasados en que estaban envueltos su pasión y la nuestra, últimamente la pureza de este lenguaje, que es ciertamente de sus corazones, me arrancaron algunas lágrimas y un sentimiento de ternura hacia algunos de ellos. Hubo brindis de mucha atención y de la invención más bella».

Pablo Morillo consiguió su retiro; había solicitado su retiro en 16 ocasiones y finalmente le fue, y regresa a España, dejando el mando del ejército realista al general Miguel de la Torre en diciembre de 1820. Este era medio pariente de Bolívar, ya que su esposa era de su familia.

Sin duda, la partida del general Pablo Morillo a mediados de diciembre de 1820 pudo ser un factor que desestimuló y desmoralizó a la tropa, al ver cómo su máximo líder, quien había estado al frente del Ejército Expedicionario desde hacía más de un lustro, abandonaba el territorio de la América meridional en momentos tan cruciales. Las deserciones eran cada vez más frecuentes en las filas realistas.

A principios de diciembre, dos semanas antes de su partida a España, Morillo dejó varias recomendaciones a La Torre, designado como su sucesor; una de ellas era que «durante el tiempo de armisticio se dedicara exclusivamente a la completa organización y aumento del Ejército, llenando la fuerza de todos los batallones si es posible hasta el total de la que señala el reglamento», para lo cual debía pedir los auxilios necesarios a la Junta Provincial. Todo esto con la convicción de que, mientras más respeto despertase la capacidad militar, «mayor será también la disposición del gobierno disidente para entrar en las negociaciones de reconciliación que les ofrece el de la Madre Patria».