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Primeras gestiones de Gran Bretaña
Desde agosto de 1822, el ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña era George Canning. Sus objetivos centrales, en lo que respecta a las relaciones con América Latina, eran neutralizar los intentos de las potencias europeas de extender la acción de la Santa Alianza a las nuevas naciones sudamericanas y recuperar la iniciativa frente a los Estados Unidos, que habían ganado un gran prestigio a través de la enunciación de la Doctrina Monroe. Consiguió explotar las rivalidades entre las monarquías europeas, con lo que la Santa Alianza pronto dejaría de existir, y reconoció la independencia de los estados hispanoamericanos a través de sucesivos tratados de amistad, comercio y navegación, con lo que Gran Bretaña volvía a ser la potencia más ligada a los gobiernos de aquellos.
En septiembre de 1823, José Valentín Gómez había exigido al Emperador la devolución de la Banda Oriental a las Provincias Unidas, arguyendo su pertenencia histórica a estas y la invalidez de las actuaciones del Congreso Cisplatino. Sus reclamos fueron rechazados.
Poco después, los enviados del Congreso de las Provincias Unidas ofrecieron a Simón Bolívar ponerse al frente de una campaña contra el Imperio, pero el proyecto no terminó de atraer al Libertador, tanto por el escaso eco que sus pretensiones respecto a la ulterior organización política de Sudamérica tenían en Buenos Aires, como por los problemas en el Perú, que lo retuvieron lejos del nuevo teatro de guerra.
De modo que, en julio de 1825, y nuevamente en noviembre, el embajador rioplatense en Londres, Manuel de Sarratea, solicitó la intervención de Gran Bretaña en el conflicto por la Banda Oriental, cuando ya era conocida la Expedición de los Treinta y Tres. Ya el cónsul británico en Buenos Aires, Woodbine Parish, había hecho notar al Foreign Office que estaba por estallar una crisis por esa cuestión.
No obstante las gestiones del embajador británico en Río de Janeiro, en enero de 1826 la guerra estaba declarada y los ejércitos y escuadras a punto de enfrentarse.
La misión Ponsonby
El ministro Canning nombró embajador en Buenos Aires al aristócrata John Ponsonby. Antes de partir hacia su destino, en marzo de 1826, recibió nuevas instrucciones, para que mediara entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. En primer lugar, debería presentar la oferta del gobierno de Buenos Aires, de que la Provincia Oriental volviera a las Provincias Unidas, a cambio de una indemnización generosa por los gastos luso-brasileños durante la ocupación. Si esa petición fuera rechazada, debía sugerir al Emperador la independencia de la Banda Oriental como un estado separado.
Entre mayo y agosto de 1826, Ponsonby permaneció en Río de Janeiro, presentando esas dos propuestas a Pedro I a través de su ministro de relaciones exteriores, Antonio Luís Pereira da Cunha. El Emperador rechazó toda mediación y ofreció una contrapropuesta: la Provincia Cisplatina sería reconocida como parte del Imperio por las Provincias Unidas, a cambio de que el puerto de Montevideo fuera puerto franco para los buques que llegaban o partían desde Buenos Aires.
Ponsonby llegó en septiembre de 1826 a Buenos Aires. Presentó la contraoferta brasileña a Rivadavia, pero recibió un rotundo rechazo. Entonces dijo al presidente que la única base posible para la negociación con el Brasil sería la independencia oriental. En este punto, la mayor parte de los historiadores, tanto argentinos como uruguayos y brasileños, están de acuerdo en que estaba defendiendo exclusivamente los intereses británicos: a sus comerciantes les interesaba crear un estado tapón a partir de la Provincia Oriental, que les permitiría tener un acceso al comercio y las finanzas en la cuenca del Río de la Plata, sin que mediara la autoridad naval y comercial de un gobierno central rioplatense.
Rivadavia se mostró favorable a la independencia oriental, pero exigió como condición excluyente que Gran Bretaña garantizara la continuidad de esa nueva situación. Además, se deberían retirar inmediatamente las fuerzas de ambos países beligerantes de la Banda Oriental, y se demolerían las fortificaciones de Montevideo y Colonia. Esa contrapropuesta fue presentada al Emperador por el embajador británico Robert Gordon, pero recibió como respuesta un altivo rechazo. Unas semanas más tarde, sin embargo, el Emperador cambió de idea y decidió aceptar la “única base de la independencia”, con la condición de que en el tratado se le reconocería haber obrado de acuerdo a derecho al incorporar la provincia Cisplatina al Imperio.
La presión económica sobre el gobierno argentino
El inicio de la guerra puso fin a la situación económica favorable en Buenos Aires denominada “feliz experiencia”, debida al fin de la participación de esa provincia en la guerra de independencia y al monopolio de esta provincia en la utilización de los recursos de la Aduana. La nueva guerra significó un aumento muy significativo de los gastos militares, primero de la provincia y luego del país reunificado.
El presidente argentino Bernardino Rivadavia apoyó inicialmente la guerra, pero debió renunciar luego de rechazar la Convención Preliminar de Paz, a la que denominó el “acuerdo deshonroso”.
Pero la guerra causó una crisis económica en mucha mayor medida debido al exitoso bloqueo del Río de la Plata. Si bien la escuadra de Guillermo Brown había obtenido varias y muy significativas victorias, y aunque el bloqueo no era tan estricto que impidiera enviar refuerzos a las tropas expedicionarias en la provincia Oriental, el mismo siguió su curso y limitó muy severamente el comercio exterior del país.
La severa disminución de los ingresos públicos causó varios efectos simultáneos, entre los que se contaron la salida masiva de moneda metálica, lo que a su vez causaba inflación. El cierre de las exportaciones afectaba especialmente a los ganaderos, fuente casi única de mercancías exportables de la época, y la inflación combinada con un tímido intento de control de precios generó una grave disminución del ingreso de ganado y harina para el consumo de la capital.
A pesar de la victoria táctica que implicó para las Provincias Unidas la batalla de Ituzaingó, lamentablemente no pudo capitalizarse por la reticencia del comandante en jefe de perseguir al ejército vencido. La precariedad de la situación general no cambió sustancialmente: el ejército debió replegarse hacia el sur, y la escuadra brasileña continuó con el bloqueo del Río de la Plata.
Finalmente, la inevitable falta de suministros sobreviniente y el pésimo estado de la caballada impidieron continuar con la persecución del ejército imperial y el normal desenvolvimiento de las acciones en el plano militar.
Por otro lado, Rivadavia veía cada vez más lejano su proyecto de unión nacional bajo el sistema unitario, para lo cual juzgó necesario contar con un ejército poderoso, capaz de imponerse a las provincias federales que eran la amplia mayoría y que habían rechazado la constitución unitaria de 1826 y la autoridad del presidente Rivadavia.
Bajo la presión de los comerciantes y ganaderos, que necesitaban imperiosamente la apertura del puerto, y de Ponsonby, que buscaba una solución favorable al comercio británico, Rivadavia cambió el tono belicista de su discurso por la búsqueda desesperada de la paz a cualquier precio. Por otro lado, necesitaba el ejército que luchaba contra los brasileños para imponer por la fuerza el predominio del Partido Unitario. También se estaba gestando un complicado conflicto con Bolivia por la provincia de Tarija.
La misión de García y la Convención Preliminar de Paz de 1827
Durante el transcurso de la guerra con Brasil, Manuel José García permaneció alejado de puestos públicos, aunque se mantuvo en contacto permanente con el embajador Ponsonby, a quien alentó a insistir ante el presidente Bernardino Rivadavia para obtener un arreglo basado en la independencia de la Banda Oriental. Por su parte, Ponsonby lo consideraba su mejor aliado, y escribía al ministro de relaciones exteriores británico George Canning: «No sé cómo podrá el gobierno para seguir sin él.»
La falta de recursos y el fracaso de la unitaria Constitución Argentina de 1826 impusieron la necesidad de lograr la paz. Ponsonby propuso enviar al Brasil para gestionarla a Manuel José García, quien ya había rechazado su ofrecimiento para encargarse de la cartera de Hacienda por sus discrepancias con el gobierno presidencialista unitario, siendo enviado en misión diplomática a Brasil e iniciar las tramitaciones de paz con el Imperio.
El 16 de abril de 1827, García recibió las instrucciones para realizar su misión por parte de Rivadavia y su ministro Francisco Fernández de la Cruz, informándole que el gobierno se proponía “acelerar la terminación de la guerra y el restablecimiento de la paz, tal como lo demandan imperiosamente los intereses de la Nación”.
Esta instrucción reflejaba la crítica situación interna del gobierno del presidente Bernardino Rivadavia, desesperado por encontrar la paz para afrontar los otros grandes problemas que azotaban a la República Argentina. Es decir, y en especial, a la enorme crisis económica producto de la guerra y la oposición de las provincias del interior a las políticas centralistas.
García llegó en mayo de 1827 a Río de Janeiro y comenzó sus reuniones con el intermediario británico y los ministros plenipotenciarios brasileños. Apenas iniciadas las gestiones, García se encontró con una gran intransigencia por parte de los ministros brasileros con respecto a no renunciar a la provincia Cisplatina. El Emperador, consternado por la victoria rioplatense en la batalla de Ituzaingó y temiendo por la estabilidad de su imperio en esas circunstancias; había jurado ante el Senado brasileño no tratar la paz ante las Provincias Unidas y continuar la guerra hasta obligarlas a aceptar su soberanía sobre la provincia Cisplatina; seguramente Pedro I especulaba también con la debilidad de las Provincias Unidas para prolongar las acciones bélicas.
Viendo la situación, García decidió regresar a Buenos Aires, pero el embajador británico Gordon lo convenció de entrevistarse con el ministro de relaciones exteriores imperial, el marqués de Queluz, João Severiano Maciel da Costa. Tras tres reuniones infructuosas, las presiones del gobierno británico por terminar rápidamente con el conflicto para reanudar el comercio, la inflexible postura del gobierno brasileño y el crítico estado político-económico de las Provincias Unidas, llevaron a García a decidir por sí mismo la paz sobre otras bases.
A pesar de que la convención contravenía sus instrucciones, García había logrado que se cambiase la redacción primitiva que incorporaba la provincia Cisplatina al Imperio y que se omitiera el reconocimiento de cualquier derecho de soberanía por parte del emperador del Brasil sobre la provincia Oriental, ya que la convención solo se refería a la renuncia efectuada por las Provincias Unidas. Tal vez sin notarlo los diplomáticos brasileños, se dejaba la puerta abierta a la independencia uruguaya. Sin embargo, en su carta a Ponsonby informando de la firma de la convención, Gordon emitió ciertas opiniones que permiten inferir que todas las partes eran conscientes de que posiblemente el Emperador se vería obligado a otorgar la independencia de la Cisplatina tarde o temprano.
A su regreso a Buenos Aires, el 20 de junio, García presentó la Convención Preliminar de Paz al Presidente y al Congreso. La opinión pública en Buenos Aires reaccionó indignada; se publicaron artículos muy violentos contra el gobierno en los periódicos. La ciudad se cubrió de panfletos ofensivos contra García, Rivadavia y Ponsonby. De modo que Rivadavia, a quien se suponía partidario de aceptar el acuerdo, se presentó ante el Congreso con un virulento discurso exigiendo su rechazo.
La Convención Preliminar de Paz fue rechazada, el 25 de junio de 1827, tanto por el presidente Rivadavia como por el Congreso.
Pero Rivadavia no logró salvar su gobierno: la opinión pública no le perdonaba su actuación, y simultáneamente se denunciaba en la prensa su participación en negociados mineros en Famatina. El día 26 de junio, Rivadavia presentó su renuncia irrevocable a la presidencia.
Fue elegido entonces, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el federal Manuel Dorrego, quien asumió el 13 de agosto de 1827. Desde el principio, este declaró que estaba dispuesto a continuar la guerra, por lo que la conflagración prosiguió.
Las consecuencias de la fracasada Convención Preliminar de Paz firmada por García son objeto de controversia: ciertos autores creían que el antecedente de un acuerdo de estas características, aun después de rechazado, condicionó fuertemente el accionar del gobernador Manuel Dorrego para la firma de la Convención Preliminar de Paz del año 1828, por la que se disponía la independencia de la provincia de Montevideo, llamada Cisplatina. Otros autores, en cambio, afirman que mal puede atribuírsele a esta convención ni a García responsabilidad con los términos del tratado final firmado por Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido; al no haber sido ratificada por el Congreso, la Convención Preliminar no vinculó en forma alguna al Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dorrego y el aumento de la presión económica
Tras la caída de Rivadavia, fue suprimida la Presidencia de la Nación y clausurado el Congreso Nacional. La provincia de Buenos Aires reasumió su autonomía y para gobernarla fue elegido el líder de la oposición y miembro del partido federal porteño, Manuel Dorrego, que asumió el 13 de agosto de 1827. Desde el principio, este declaró que estaba dispuesto a continuar la guerra contra el Imperio del Brasil.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, intentó continuar la guerra, pero la presión económica terminó por obligarlo a aceptar la propuesta de la Convención Preliminar de Paz de 1828 y al reconocimiento de la independencia del Estado Oriental del Uruguay.
El triunfo de la facción federal en Buenos Aires, que además estuvo acompañado de la victoria federal en varias provincias del interior que hasta entonces habían sido bastiones del partido unitario como Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza, tuvo su correlato en la provincia Oriental. Allí, el gobernador Lavalleja se había visto obligado a ceder el gobierno a la legislatura provincial, controlada por orientales aliados de los unitarios, como una concesión del propio Lavalleja para obtener la ayuda del gobierno unitario, y esta había nombrado gobernador provisorio a Joaquín Suárez, partidario de Rivadavia.
Viéndose apoyado por Dorrego, que lo nombró comandante del Ejército Republicano, Lavalleja regresó del frente de combate y exigió la devolución del cargo; por petición de los comandantes de la mayor parte de los departamentos de la provincia, y ante la negativa de la legislatura y del propio Suárez, el 12 de octubre, Lavalleja disolvió la sala y asumió la gobernación.
No obstante la favorable situación política, la economía de Buenos Aires estaba cada vez en peor estado, lo mismo que las finanzas de esa provincia, que cargaba con todo el costo de la guerra. Si bien en menor medida, también la economía del Brasil estaba pasando por un mal momento, debido a la crisis económica británica de los años 1827-28, que redundó en la caída de los precios de los productos exportables brasileños. Por otro lado, una escuadra francesa bloqueó brevemente el puerto de Recife, exigiendo el cese del bloqueo a Buenos Aires, que perjudicaba sus negocios en esa plaza.
Pese a la intención de Dorrego de enviar recursos al ejército en operaciones, no podía adquirir armas suficientes para que este tomara nuevamente la ofensiva, y los sueldos impagos se acumulaban. De modo que Dorrego prefirió apoyarse en milicias, más económicas, ya que se sostenían en la misma campaña y prácticamente no exigían sueldos. Apoyó entonces el proyecto del gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López, de invadir las Misiones Orientales. El plan fue muy exitoso en lo militar, pero como quien lo llevó adelante fue Fructuoso Rivera, enemigo personal de Lavalleja, la alianza de este con Dorrego se debilitó. Los orientales, tanto partidarios de Lavalleja como de Rivera, terminaron por creer que cualquier cosa que hicieran los gobiernos porteños era para someterlos a su dominio.
Ponsonby comenzó entonces a influir sobre Lavalleja a través de su amigo Pedro Trápani, quien lo convenció de que el único resultado posible era la independencia nacional de la Banda Oriental.
Ponsonby también presionó económicamente a Dorrego: le faltaban los ingresos de la aduana; la única otra fuente de financiación disponible para el gobierno eran los préstamos del Banco Nacional; a pesar de su nombre, este era un banco privado, cuyo directorio estaba formado casi exclusivamente por comerciantes británicos. Ponsonby pidió a estos comerciantes «no facilitarle crédito, sino por pequeñas sumas para pagos mensuales» a fin de «hacerlo trabajar para la paz».
Un último recurso fue intentado por Dorrego, tratando con los caudillos gaúchos Bento Gonçalves da Silva y Bento Manuel Ribeiro, con el objetivo de crear la República de San Pedro del Río Grande, antecedente de la República Riograndense, e incluso logró que dos de los jefes: Friedrich Bauer y Anton Martin Thym, de las tropas mercenarias alemanas que servían al Brasil, intentaron la creación de una república en Santa Catarina. Las derivaciones de estos hechos son conocidas en Brasil como la Revuelta de los Mercenarios.
Misión Guido-Balcarce y la Convención Preliminar de Paz de 1828
Falto de opciones, Manuel Dorrego utilizó la única carta en su favor que le quedaba: la invasión de Rivera a las Misiones Orientales podía ser utilizada como moneda de cambio para una negociación exitosa.
Envió a Río de Janeiro a dos diplomáticos, los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, con la propuesta de reconocer una independencia temporal de la Banda Oriental durante cinco o diez años, tras los cuales sus habitantes decidirían si querían seguir siendo independientes, o incorporarse a las Provincias Unidas o al Brasil. No obstante, antes de partir, Dorrego terminó por ceder a la realidad de su situación: les dio instrucciones de negociar la independencia absoluta de la Banda Oriental. Cuando estaban en Río de Janeiro, les escribió insistiendo sobre la independencia temporal, pero los diplomáticos le respondieron que el Emperador no aceptaría esas bases de ninguna manera.
Entre el 11 y el 27 de agosto de 1828, los generales argentinos negociaron con los ministros del emperador Pedro I del Brasil; llegando en esa última fecha a convenir en la llamada Convención Preliminar de Paz de 1828. Por la misma se reconocía la independencia absoluta de la “provincia de Montevideo, llamada Cisplatina”; se detallaba el proceso de elecciones del nuevo Gobierno Provisorio de la misma y de la sanción de una Constitución; los dos estados beligerantes garantizaban la independencia del nuevo estado y su paz interior; la paz entre los dos países, la retirada de las tropas argentinas y brasileñas del territorio y el intercambio de prisioneros; el final del bloqueo y el cese de la guerra de corso.
Por un artículo adicional, agregado a último momento, se convenía que «ambas Altas Partes contratantes se comprometen a emplear los medios que estén a su alcance a fin de que la navegación del Río de la Plata y de todos los otros que desaguan en él, se conserve libre para el uso de los súbditos de una y otra nación por el término de quince años, en la forma que se ajustare en el Tratado definitivo de paz».
La independencia del Uruguay quedó definitivamente sellada el 4 de octubre del mismo año en Montevideo a las dos de la tarde, cuando las naciones firmantes canjearon las ratificaciones del tratado. Nacía el Estado Oriental del Uruguay con una población de 70.000 habitantes aproximadamente y compuesta por nueve departamentos: Montevideo, Canelones, San José (abarcaba los actuales San José, Flores y Florida), Colonia, Soriano, Durazno, Maldonado (los actuales Maldonado, Rocha y parte de Lavalleja), Cerro Largo (Cerro Largo y Treinta y Tres y parte de Lavalleja actuales) y al norte del Río Negro un enorme departamento: Paysandú.
El 18 de julio de 1830, se juró la primera constitución del Uruguay tal cual lo establecido; este acto es conocido en Uruguay como la Jura de la Constitución. Ese mismo año se llama a elecciones generales y Fructuoso Rivera es investido primer presidente de la República Oriental del Uruguay.
Las ratificaciones por el Senado y el Emperador, por un lado, y por la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Dorrego por el otro, fueron intercambiadas en Montevideo en el mes de octubre. Nunca hubo un tratado de paz definitivo, especialmente debido a la caída de Dorrego y la guerra civil subsiguiente.
Implícitamente, la Convención disponía la retirada de Rivera de las Misiones Orientales, que seguirían perteneciendo al Brasil.
El tratado adolecía de varias falencias evidentes, sobre todo en que no fijaba los límites del nuevo estado; esta indefinición sería aprovechada por el Brasil para imponer los límites que le convinieron. Las tropas argentinas regresaron a Buenos Aires en dos grupos, en noviembre y diciembre de 1828, bajo el mando de los generales Lavalle y Paz.
Consecuencias de la guerra con Brasil
Cuatro fueron las principales consecuencias territoriales de la Guerra del Brasil.
La primera de ellas fue que el Imperio del Brasil perdió la provincia Cisplatina con la que había nacido a la vida independiente al tenerla incorporada desde diez años antes, durante el dominio portugués. Junto con ella perdió también el dominio sobre el Río de la Plata, los ríos interiores Uruguay y Paraná y un amplio sector sobre el Atlántico Sur meridional.
La segunda consecuencia fue que las Provincias Unidas del Río de la Plata (República Argentina) perdieron a la provincia Oriental, que venía luchando contra el centralismo porteño desde los tiempos de la emancipación de España.
La tercera conclusión, como corolario de las otras dos, fue que la República Oriental del Uruguay obtuvo su independencia, condicionada por las ambiciones de sus poderosos vecinos: Argentina y Brasil.
La cuarta secuela fue que el Imperio del Brasil conservó para sí y en detrimento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Misiones Orientales.
Tras los gobiernos provisorios de Joaquín Suárez, José Rondeau y Lavalleja, una asamblea de representantes sancionó una constitución que fue jurada por el pueblo el 18 de julio de 1830. Tras la misma fue elegido primer presidente constitucional Fructuoso Rivera.
El enfrentamiento entre Lavalleja y Rivera se prolongó durante más de cuatro décadas, en la Guerra Grande, un conflicto en el que Buenos Aires intentó someter a su control a la naciente república apoyando al bando encabezado por el general Manuel Oribe; la revolución de 1858 y la Guerra Chiquita, dos guerras civiles que asolaron al país.
El emperador Pedro I de Brasil, quien debió abdicar a favor de su hijo Pedro II de Brasil, en parte como consecuencia de no haber triunfado en la guerra.
El emperador Pedro I de Brasil quedó muy desprestigiado por la pérdida de la provincia Cisplatina a pesar de los nuevos tributos que se crearon en Brasil para sostener el esfuerzo bélico.
El resultado adverso de la guerra dañó la popularidad del Emperador, quien apenas tres años después abdicó el trono en favor de su hijo Pedro II de Brasil, aunque los motivos principales de esta decisión no estaban relacionados con el conflicto.
Más grave fue para Brasil que la influencia de las vecinas repúblicas, y el prestigio militar y político adquirido por los líderes gaúchos, en contraste con el desprestigio de los militares profesionales del Ejército Imperial, llevó a varias sublevaciones independentistas y republicanas en el sur del Imperio. El principal levantamiento fue el de la República Riograndense, que logró sostener la independencia de facto de la provincia de Río Grande desde 1835 a 1845, lo que provocó una guerra civil en Brasil, la Guerra de los Farrapos. El Imperio del Brasil, no obstante, consiguió un resultado positivo en tanto logró retener las Misiones Orientales.
En Buenos Aires, la crítica situación financiera llevó a los comerciantes y estancieros a abandonar su simpatía inicial por Dorrego, y la firma de la Convención Preliminar de Paz puso en su contra al ejército republicano que había luchado en la campaña del Brasil. Sus jefes se pusieron a disposición de los líderes del Partido Unitario, alejado del poder desde la caída de Rivadavia, y el general Lavalle lo derrocó el 1 de diciembre de 1828, fusilándolo pocos días más tarde.
Este hecho hizo renacer la guerra civil entre federales y unitarios, teniendo su correlato uruguayo en la Guerra Grande entre nacionales y colorados. En la década siguiente, los unitarios fueron derrotados en la guerra civil argentina, debiendo reducir sus acciones a conspiraciones desde el exilio, mientras que los victoriosos federales se hicieron con el poder en todas las provincias argentinas y organizaron el país en la Confederación Argentina, con Juan Manuel de Rosas como su máximo líder durante 17 años.
Como contrapartida, el triunfo de Rosas llevó a que el país continuara en un estado de carencia de elementos básicos como nación: Argentina continuó con subdesarrollo industrial, falta de organización interna, ausencia de relaciones con el resto del mundo y carencia de una constitución. Tales faltas no pasaron desapercibidas por las demás provincias de la confederación, por lo que eventualmente Justo José de Urquiza se rebeló contra su aliado Rosas y en 1852 lo venció en la batalla de Caseros. Acto seguido, cumplió con uno de los objetivos más longevos de la política argentina y creó la Constitución argentina de 1853, pero no fue aceptada inmediatamente y debió pasar más tiempo, hasta la batalla de Pavón (1861) y la derrota de Urquiza, para que fuera aceptada a través de una versión modificada.
Esta batalla daría inicio al proceso irreversible hacia la unificación de Argentina y el fin de la fragmentación geográfica; tras ella, el país lograría la organización interna y la modernización. La Guerra Civil Argentina entraría en su recta final, y terminaría en 1880.