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Primera Junta de Gobierno de Chile
A fines del siglo XVIII, Chile era una capitanía general (también conocida como Gobernación o Reino de Chile), aunque reclamaba su territorio hasta el cabo de Hornos y la Patagonia oriental, ejercía dominio efectivo sobre lo que hoy corresponde al centro de Chile. Estaba limitando por el norte con el desierto de Atacama y por el sur con el río Biobío, además de algunos enclaves en Valdivia, Osorno y el archipiélago de Juan Fernández. La Intendencia de Chiloé, ubicada más al sur, era directamente gobernada por el virreinato del Perú.
El 11 de febrero de 1808, falleció el gobernador Luis Muñoz de Guzmán; en su reemplazo asumió el brigadier de mayor graduación de entonces, Francisco Antonio García Carrasco. García Carrasco cometió errores durante su gobierno, por lo que la clase dirigente se sintió desprotegida. En 1810 hizo arrestar y enviar a Lima a José Antonio de Rojas, quien había estado involucrado en la Conspiración de los tres Antonios (1780), bajo sospechas de complot, sin ningún tipo de pruebas; su detención provocó la indignación de los santiaguinos. Un caso de corrupción, el llamado escándalo Scorpio, fue la gota que rebasó el vaso y que llevó a los ciudadanos a solicitar la renuncia al gobernador García Carrasco el 16 de julio de 1810.
Ese día, y en reemplazo de García Carrasco, asumió como gobernador Real de Chile Mateo de Toro Zambrano, conde de la Conquista, que se encontraba en la asamblea en su carácter del más alto jefe militar. Al asumir el cargo, de Toro Zambrano tenía casi 83 años, una frágil memoria debido a su edad y falta de carácter. Debido a esto último, pudo ser convencido por los juntistas para autorizar la convocación a un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810, que se convirtió en el primer paso del proceso de la independencia de Chile.
La asamblea fue convocada por el cabildo abierto con invitación. Se concretó en el edificio del Real Tribunal del Consulado de Santiago entre las 09:00 y las 15:00 horas del martes 18 de septiembre de 1810.
En dicha asamblea, y con la presencia de más de 400 vecinos, la mayoría de ellos criollos, Mateo de Toro Zambrano abrió la sesión y renunció a su cargo de gobernador del Reino de Chile diciendo: «Aquí está el bastón, disponed de él y del mando». A continuación, su secretario, José Gregorio Argomedo, ratificó la decisión del conde y solicitó al Cabildo que se evaluaran los pasos a seguir.
El procurador José Miguel Infante se dirigió a la asamblea y manifestó que lo más conveniente, tanto para el país como para los intereses del rey, era la creación de una Junta de Gobierno. Bajo la consigna de ¡Junta queremos! ¡junta queremos!, la propuesta de Infante fue aceptada por aclamación de la gran mayoría de los asistentes al Cabildo.
Por consiguiente, se acordó organizar una Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII formada por nueve miembros. Debido a que la organización de este evento fue directamente asumida por los criollos, la mayoría de los asistentes era gente afín a las ideas que proclamaban la conveniencia de formar una Junta de Gobierno; de esta manera, se evitaba cualquier alteración que pudiese provocarse durante el Cabildo.
Una vez concluida la sesión, las campanas de las iglesias repicaron y se celebraron fiestas y bailes en las calles de la ciudad.
Todas las autoridades españolas fueron destituidas al formarse la Junta de Gobierno, comenzando a funcionar el principio de soberanía popular, que inició el periodo conocido como Patria Vieja (1810-1814). En Santiago se realizaron grandes actos de celebración entre los criollos, incluyendo actividades religiosas deseando éxito al nuevo gobierno, y se instaló un teatro en la Plaza Mayor.
Un número importante de españoles residentes se resistieron a la instalación de la Junta, e incluso se rumoreó que el marqués de Cañada Hermosa marchaba sobre Santiago con una milicia de 1.500 hombres armados, lo que motivó a la movilización de las tropas santiaguinas.
El 19 de septiembre de 1810, la Junta Suprema de España e Indias, representante del gobierno español durante la ocupación napoleónica en nombre del rey Fernando VII, anunció el nombramiento de Antonio Valcárcel, marqués de Medina, como nuevo capitán general de Chile. La decisión fue rechazada por la Junta Gubernativa, que le indicó a Valcárcel que se mantuviera en Montevideo y no ingresara a Chile, lo que significó una de las primeras medidas abiertamente opuestas a las políticas dictadas desde la península Ibérica.
Ya desde su instalación, la composición de la Junta presentó diversas disputas entre las facciones de los moderados y los exaltados. Estos últimos, más favorables a tomar acciones que consolidaran la autonomía de Chile frente al poder colonial, ocuparon la mayoría de los cargos e incluso nombraron como parte de la Junta Gubernativa a uno de sus líderes, Juan Martínez de Rozas, quien se encontraba en Concepción en la época. El presidente De Toro Zambrano, de los miembros moderados de la Junta, ejerció poca influencia debido a su edad y las acciones de la Junta quedaron cada vez más alineadas a la ideología exaltada; su fallecimiento, el 26 de febrero de 1811, permitió a Martínez de Rozas tomar el control de la Junta, aunque en un cargo interino. Este periodo permitió el surgimiento de las primeras expresiones públicas, aunque anónimas, del deseo de independencia completa del poder español. Dentro de estas expresiones destaca la Proclama de Quirino Lemáchez, escrita clandestinamente por el sacerdote Camilo Henríquez.
Las primeras elecciones para nombrar a los 42 miembros del Primer Congreso Nacional, realizadas durante los primeros meses de 1811, reflejaron las divisiones políticas de la época y demostraron que los realistas, aunque fuera de la Junta, seguían teniendo mucho poder en el país. La elección parlamentaria en Santiago fue clave para definir la inclinación política del futuro órgano legislativo. El 1 de abril de 1811, fecha en que se celebraría dicha elección, un motín de tropas leales a la monarquía se realizó en Santiago, exigiendo la restauración del gobernador García Carrasco. Los rebeldes, liderados por Tomás de Figueroa, buscaron a los líderes de la Junta y el Cabildo, sin éxito, y luego fueron reducidos por las milicias juntistas en la Plaza de Armas.
El llamado motín de Figueroa fue disuelto y sus líderes, apresados. Figueroa huyó a refugiarse al convento de Santo Domingo, desde donde fue sacado. La Junta realizó un juicio sumario por el destino de Figueroa; Martínez de Rosas, Rosales y Márquez de la Plata votaron a favor de la pena de muerte, mientras Reina y de la Carrera lo hicieron por el destierro. El líder del motín fue fusilado en su celda y su cuerpo, exhibido bajo el pórtico de la cárcel. La Junta procedió después de llevar a cabo diversas acciones represivas contra las figuras del movimiento realista: García Carrasco fue exiliado y la Real Audiencia, suprimida.
La elección en Santiago se realizó finalmente el 6 de mayo y la facción moderada ganó la mayoría de los diputados, tanto en la capital como en el Congreso general. El 4 de julio de 1811 se instaló el Congreso Nacional y reemplazó oficialmente a la Junta Provisional Gubernativa como órgano de gobierno en Chile.
Situación en Quito en 1810
Masacre del 2 de agosto de 1810 en Quito
Restituido en el gobierno en Quito, el presidente Ruiz de Castilla persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse.
Los realistas de Quito y la Audiencia vieron con malos ojos la anunciada llegada del comisionado regio Carlos Montúfar. Por ello, enviaron prontamente a Bogotá el juicio en contra de los revolucionarios, esperando de vuelta las sentencias de muerte dictadas por el virrey. La arbitrariedad de los procesos tenía intranquilo a los habitantes de la ciudad, pues el conde Ruiz de Castilla y los oidores Arechaga, y Fuertes y Amar buscaban sentencias rápidas, que habrían implicado la pena capital de muchos.
La tensión entre los quiteños y los realistas iba en aumento. Empezaron a correr rumores de asesinato de los presos y del propio comisionado regio, quien aún no había llegado a Quito.
Un capitán de apellido Barrantes amenazó con ejecutar a los presos si las turbas intentaban asaltar la cárcel, rumor que empezó a correr a fines de julio y principios de agosto. Entonces, grupos de vecinos empezaron a trazar el plan para liberar a los presos. Se atacarían dos cuarteles: el Real de Lima y el de Santa Fe, y una casa cercana denominada El Presidio, donde estaban presos los hombres del pueblo llano.
Llegó entonces el jueves 2 de agosto de 1810. Ese día, poco antes de las dos de la tarde, las campanas de la catedral tocaron a rebato. Era la señal convenida para que los conspiradores, que paseaban discretamente por la Plaza Mayor, y los atrios de la Catedral y la iglesia de El Sagrario, entraran en acción. Se estima que no menos de 3.000 soldados tenía el ejército colonial, a los que pensaba enfrentarse un puñado de revolucionarios.
El primer ataque fue contra El Presidio, al sonar las campanas, mataron al centinela de una puñalada, hirieron al oficial de servicio, dispersaron a la guardia y se apoderan de sus armas. Como en esta cárcel había solo una guardia de seis hombres con el oficial y cabo respectivos, logran fácilmente libertar a los presos. Se vistieron de los uniformes que encontraron a mano, y salieron disfrazados de soldados y con armas, con dirección a los cuarteles en auxilio de sus compañeros, a quienes suponían combatiendo todavía, conforme a los arreglos concertados. Los demás de los presos huyeron la mayor parte, y cinco de ellos, dándolas de honrados, se quedaron en el presidio para recibir poco después una muerte inmerecida.
El segundo ataque fue contra el Cuartel Real de Lima. Un grupo armado de puñales, forzaron y vencieron la guardia del real de Lima, y quedaron dueños del cuartel. Se hicieron con las armas de la guardia, y amedrentando a los soldados que encontraban dispersos por los corredores bajos y patio, se dirigieron a los calabozos para libertar a los presos.
El capitán realista Galup, al advertir el asalto, gritó «fuego a los presos» y desenvainó su espada para atacar. Cayó, sin embargo, luchando valerosamente atravesado por una bayoneta. En el primer momento, y tomados por sorpresa, los por lo menos 500 soldados de guarnición (del batallón de Pardos y Morenos de Lima) no ofrecieron demasiada resistencia; pero después reaccionaron y disparando un cañón haciendo fuego sobre los asaltantes.
Mientras esto ocurría, el tercer grupo, que debía atacar el cuartel de Santa Fe, no lo hizo. Esto dio tiempo a los militares neogranadinos de reaccionar. El combate empezó a generalizarse en las calles. El oficial realista Villaespesa cayó muerto, por lo que el comandante de los neogranadinos, Angulo, se hizo presente en su cuartel y tomó el mando de la situación.
Al llegar Angulo y no ser atacados, los soldados neogranadinos usaron uno de sus cañones para volar la pared que separaba su cuartel del Real de Lima, en donde se sumaron a la lucha. Los ocho quiteños que atacaron el cuartel fueron tomados por sorpresa; dos de ellos, Mideros y Godoy, cayeron muertos al intentar escapar. Angulo mandó cerrar la puerta del cuartel y empezaron las ejecuciones.
Al observar esto, la gente que había liberado a los detenidos en El Presidio intentó atacar el cuartel, pero desde el vecino Palacio Real y las ventanas del cuartel empezaron a llover las balas realistas, dispersando a los sublevados. En el interior, los soldados empezaron a cumplir su amenaza de ejecutar a los presos. Contrariamente a la creencia popular de que los mataron en los sótanos del cuartel, la mayor parte fueron ejecutados en los pisos altos y solamente uno de los presos del sótano murió. Inclusive, quienes estaban en las catacumbas lograron alcanzar las alcantarillas y la quebrada bajo el edificio y lograron huir por ellas.
Particular horror tuvo la ejecución del prócer Manuel Quiroga, ejecutado delante de sus hijas, que habían ido a visitarlo
Consumada la ejecución de los revolucionarios, las tropas coloniales empezaron a disparar contra el pueblo que se encontraba afuera del cuartel y en las calles cercanas. Algunos de los conjurados respondieron con fuego de fusiles y escopetas. El combate empezó en la actual calle García Moreno. Los sublevados disparaban contra las fuerzas realistas, hasta que fueron obligados a retroceder hacia la actual calle Rocafuerte, donde se encuentra el Arco de la Reina y el Museo de la Ciudad (antiguo hospital San Juan de Dios).
Los soldados realistas subieron al Arco y desde allí cogieron entre dos fuegos a los quiteños, frente a la iglesia de la Compañía. Los quiteños se dispersaron, dirigiéndose a los barrios de San Blas, San Roque y San Sebastián.
Pero la orden de Ruiz de Castilla, iba más a allá del simple saqueo: había dispuesto incendiar la ciudad como castigo. Otro español, el oidor de la Real Audiencia Tenorio, se opuso a la criminal orden. Pero los soldados cumplieron con el resto de la disposición, salieron en patrullas por todas las calles, matando a fuego y acero a cuantos encontraban en el camino, a cuantos veían en los balcones y cuantos se paraban en las tiendas y zaguanes, como si todos fueran gallinazos, tórtolas o perros; no escapándose de este rigor los niños de los que se dice murieron 13 ni las mujeres, que murieron tres.
Las víctimas, se estima que alcanzaron entre 200 y 300, aproximadamente el 1% de la población de la ciudad.
La intervención del obispo José Cuero y Caicedo contribuyó a detener los enfrentamientos y pacificar la ciudad. Con una procesión improvisada, el obispo paseó por las calles, a fin de detener la refriega. Luego, se apersonó en el palacio para negociar con Ruiz de Castilla.
La masacre del 2 de agosto de 1810, tuvo repercusión continental, las noticias llegaron a Caracas y Bogotá.
Segunda junta de Gobierno de Quito
Después de una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810 entró en Quito el coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de comisionado regio, siendo recibido con honores por el conde Ruiz de Castilla, pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas; que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Montúfar, II marqués de Selva Alegre, y quien había presidido la Suprema Junta de Gobierno (tachada de independentista) en 1809 con su respectiva persecución por disidencia.
Como había actuado desde su arribo a la costa caribeña de la Nueva Granada, fomentando el establecimiento de distintas juntas que reconocían al Consejo de Regencia y juraban fidelidad a Fernando VII, el joven Montúfar decidió establecer una junta superior en Quito, presidida por un triunvirato conformado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar. La junta superior de Quito fue establecida entre el 19 y 22 de septiembre de 1810 de la mano del comisionado regio Carlos Montúfar y el presidente de Quito, conde Ruiz de Castilla, reconoció como su rey a Fernando VII y reconoció al Consejo de Regencia, para entonces ya bien atrincherado en Cádiz.
No obstante, dado que el virrey del Perú nombró a Joaquín Molina y Zulueta como presidente en reemplazo de Ruiz de Castilla, la reticencia de los junteros a reconocer al nuevo presidente, entonces instalado en Cuenca, dio lugar a la coexistencia de una doble jurisdicción: mientras que la Junta Superior de Quito controlaba algunas zonas del antiguo corregimiento de Quito, Molina ejercía como presidente, y mandó establecer la Real Audiencia de Quito, en Cuenca (Ecuador). Mientras que la Regencia había confirmado el nombramiento de Molina en abril de 1810, los junteros quiteños solicitaron la aprobación real por su establecimiento el 6 de octubre de ese mismo año, que sería aprobada en Cádiz el 14 de mayo de 1811, por ser su naturaleza similar a la de las juntas que existían en la península.