Pronunciamientos militares 1814-18

Sexenio Absolutista de Fernando VII (1814-20)

El decreto del 4 de mayo de 1814 fue el primer paso de un proceso destinado a restaurar el Antiguo Régimen. La serie de reales decretos de esta etapa serán la expresión de una idea política que no tendrá mayor ambición que devolver al país una legitimidad prerrevolucionaria, desmontando sistemáticamente cuanto habían llevado a cabo las Cortes de Cádiz.

El monarca designó a sus nuevos ministros: el duque de San Carlos (Estado), Pedro de Macanaz, (Gracia y Justicia), Manuel Freire (Guerra), Miguel de Lardizábal y Uribe (Ultramar) y Luis Mª de Salazar (Hacienda). El 30 de mayo se modificaba su composición, sustituyendo a Freire por Francisco de Eguía en el ministerio de Guerra, trasladando Salazar a Marina y para ocupar la vacante de este en Hacienda se nombró a Góngora.

El decreto de 19 de julio devolvía a cada Secretaría de Estado y del Despacho las atribuciones que disfrutaban antes de 1808. En noviembre se restablecía la Junta Suprema de Estado. Al mismo tiempo se iniciaba el restablecimiento del régimen polisinodial de Consejos, característico de la monarquía española de los Austrias, así como la Sala de Alcaldes de Casa y Cortes.

A nivel provincial se abolieron los cargos de los jefes políticos, devolviendo las atribuciones administrativas a los capitanes generales, restableciéndose las Audiencias y Chancillerías; a nivel local se extinguieron los Ayuntamientos constitucionales, a favor de los ayuntamientos, corregimientos y alcaldes mayores, que habían desempeñado tales funciones hasta 1808.

Al mismo tiempo que reponía la antigua maquinaria política, el rey trató de restablecer la situación social existente al comenzar la Guerra de la Independencia, junto a la preeminencia socioeconómica de los estamentos privilegiados. En el tema económico y financiero, medidas como: la restauración de los privilegios fiscales estamentales; la abolición de la contribución directa, restableciéndose el régimen precedente de rentas provinciales; la liquidación del régimen de libertad industrial a favor de las ordenanzas gremiales; la reinstauración de la Mesta; la devolución de las propiedades desamortizadas, etc. llevarán al país a una situación de bancarrota.

El resultado fue una brutal depresión económica que se manifestó en una caída de los precios (deflación). Como consecuencia de todo ello la Hacienda de la Monarquía quebró: los caudales de América ya no llegaban en las cantidades anteriores a 1808 (con la consiguiente caída, además, de los ingresos de aduanas) y no se podía recurrir a la emisión de más vales reales, pues estos estaban completamente depreciados al haberse acumulado muchas demoras en los pagos de los intereses anuales.

Hubo un intento de reforma de la Hacienda, llevado a cabo por Martín de Garay, pero no prosperó por la oposición de los dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y también del campesinado (que rechazó el impuesto porque suponía un aumento de las cargas que ya soportaba en un momento en que los precios de los productos agrícolas comenzaban a desmoronarse).

En cuanto al ejército, se inició un paulatino proceso de licencia de las numerosas tropas en armas que había en el ejército durante la Guerra de la Independencia, cerca de 190.000 soldados y 17.000 caballos que excedían las posibilidades de la Hacienda Pública y de la población. La reducción militar fue tan grande que en 1820 las tropas de infantería totalizaban 39.652 soldados, mientras que los de caballería eran 7.859 soldados y 6.144 caballos. El segundo paso consistió en limitar el poder de las autoridades militares, tremendamente aumentado durante los seis años de guerra, a las funciones propias del tiempo de paz. Todo ello creó dos problemas entre los militares: la dificultad de encontrar recursos para abastecer las unidades a su mando, y la falta de readaptación a la situación de paz entre aquellos que habían hecho carrera durante la guerra.

Pronunciamiento del general Espoz y Mina 1814

Finalizada la guerra y regresado Fernando VII, Francisco Espoz Illundáin conocido como Espoz y Mina ofreció al rey desde su cuartel general de Lacarra el 9 de abril de 1814 la inmediata puesta a su disposición de los más de 12.000 soldados de su división Navarra. En su deseo de agradar al rey, ordenó fusilar un ejemplar de la Constitución de 1812; al menos eso dejó escrito el general Nogués.

En mayo de 1814 había establecido una administración particular para asegurar el mantenimiento de la división Navarra bajo su mando. Sin embargo, el nuevo gobierno real decidió acabar con ese estado de cosas y volver a la normalidad. El 23 de mayo solicitó licencia para ir a Madrid para entrevistarse con el Rey. El único motivo de su visita a Madrid era para hablar con el Rey sobre el lamentable estado en que se encontraban sus guerrilleros, necesitados de subsidios y provisiones. Pero también esperaba que el monarca le hiciera virrey de Navarra por sus hazañas en la guerra.

Al final, el 15 de junio le llegó una carta de la Corte, firmada por el ministro de Guerra, Eguía, donde obtenía finalmente la licencia para ir hasta la capital. Llegó a la capital a mediados de julio, donde se reunió con el Rey en la antesala. Sin embargo, la reunión no fue muy fructífera, ya que Fernando VII le llegó a confundir con su sobrino y al ver que era él no le hizo mucho caso y no tuvo en cuenta su petición. Le negó jurisdicción y mando sobre los batallones regulares creados últimamente en Navarra; ordenó el 25 de junio la desmovilización de las unidades irregulares; el 28 de julio ordenó el licenciamiento de las guerrillas; integró el territorio del Alto Aragón bajo la jurisdicción del Capitán General de Aragón, Palafox; y designó al conde de Ezpeleta como virrey de Navarra. Tras ese decreto, Espoz y Mina ya no solo se vio postergado a un puesto bajo, sino que pensaba que su integridad peligraba.

En el mes de julio el general Espoz y Mina regresó a Navarra a hacerse cargo del mando de su división, donde trató de contener la masiva deserción de las tropas; las cuales entraron en conflicto con la población civil al tener que buscar un abastecimiento que no les proporcionaba el gobierno con la prontitud deseada.

En el mes de septiembre, el conde de Ezpeleta ordenó un permiso de tres meses a la mitad de la división de Mina, justificando la medida por la noticia de la paz con Francia. Pero Mina se negó a cumplir la orden. Por aquellos días la tensión entre soldados y civiles de los pueblos donde estaban acantonadas las tropas era tensa, llegando a aparecer pasquines insultantes contra la oficialidad y jefes, con objeto de enemistarlos con los vecinos. Entonces, el gobierno expidió un Real Decreto con fecha de 15 de septiembre en el que ordenaba al general Mina quedar en situación de cuartel en Pamplona y entregar el mando de las unidades de su división a distintas autoridades territoriales.

A su regreso de Madrid en julio, Espoz y Mina entró en contacto con miembros de su división y contando con el coronel Guerra, jefe de un regimiento de caballería acantonado en Huesca; el coronel Asura, gobernador militar de Pamplona; y el coronel Górriz, jefe del RI-1 de su división acantonado en Puente la Reina. Contaba también con el apoyo de su sobrino Javier Mina alias el Mozo, liberado de su prisión francesa, para cometer el pronunciamiento en la noche del 25 al 26 de septiembre.

A raíz de la comunicación a Mina de su situación de cuartel en Pamplona, que llegó a manos del general ocho días más tarde, la situación se disparó, pues se ordenaba a Mina su traslado inmediato a Pamplona.

El 25 de septiembre por la tarde el general Mina se puso al frente del RI-1 en Puente la Reina y se aprestó a conducirlo a Pamplona para apoderarse de la ciudadela por medio de un golpe de mano.

Poco después de la medianoche del 26 de septiembre el RI-1 alcanzó las murallas de Pamplona, encontrando la ciudad en total tranquilidad. Cuando la tropa recibió la orden de bajar al foso para iniciar la escalada de las murallas, los oficiales del regimiento se negaron a cumplir la orden, y su ejemplo fue seguido por la tropa. El comandante Santos Ladrón de Cegama era jefe de uno de los batallones que Mina quería sublevar, pero se negó a secundar la intentona y denunció sus intenciones. Es posible que fuese uno de los oficiales del RI-1. Hubo un momento de tensión en el que la vida del general estuvo en juego, tras el cual resolvió ordenar el regreso del RI-1 a Puente la Reina, en tanto que él se retiró al cuartel general de Muruzábal. Allí se acabó el pronunciamiento. Por la mañana, Guillermo Funes, un huido del RI-1, le dijo a Ezpeleta lo ocurrido.

Al llegar el RI-1 a Puente la Reina, los oficiales arrestaron al coronel Górriz. El general Mina, enterado de la situación de su subordinado, se presentó en el lugar para tratar de salvarle; pero fue recibido a tiros en las calles y hubo de abandonar su intento.

Al conocer el fracaso del pronunciamiento, el coronel Gurrea se unió al general. Al conocer una semana más tarde que varias columnas marchaban en su persecución, ambos jefes militares decidieron abandonar Navarra, de forma que el 4 de octubre entraron en Francia como refugiados. Por su parte, el coronel Górriz fue degradado y fusilado.

Espoz y Mina fue detenido por los franceses a petición del embajador español, pero pronto le pusieron en libertad y el gobierno de Luis XVIII le fijó una pensión de 500 francos mensuales, y residió en Bar-sur-Aube, en plena Champagne.

Cuando Napoleón se evadió de la isla de Elba en marzo de 1815, Ezpoz y Mina se ofreció a Bonaparte para entrar en España al frente de un ejército francés que elevaría al trono al anciano Carlos IV, que residía en Italia. El intento no fructificó y se fugó a Suiza, desde donde pasó a Bélgica. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo regresó a Francia. Fue por estos años cuando se relacionó con otros militares franceses y exiliados españoles; fruto de estos contactos acabaría entrando en la Masonería.

Pronunciamiento de Díaz Porlier 1815

Juan Díaz Porlier apodado el Marquesito al finalizar la Guerra de la Independencia mandaba la Quinta División del Cuarto Ejército. El 14 de septiembre de 1813, en reconocimiento a los méritos contraídos en la batalla de San Marcial, la Regencia le concedió el empleo de mariscal de campo, y hasta fin de noviembre continuó combatiendo en territorio francés.

El 22 de marzo de 1814, Fernando VII regresó de su cautiverio. Porlier se encontraba realizando gestiones en Madrid, aprovechó la estancia en la Corte para solicitar la comandancia general de la costa de Cantabria y reivindicar la concesión de la cruz de San Fernando.

Antes de recibir contestación a ambas demandas, fue detenido en la madrugada del 29 de mayo, trasladado al cuartel de Guardias de Corps (actual de Conde Duque), y procesado por presunto delito de deslealtad. El arresto se debió a la delación de su amanuense, quien facilitó a la justicia unas cartas muy comprometedoras, en momentos de gran represión política, dirigidas a facilitar la huida a Inglaterra de José Fernández de Queipo, jefe político de Segovia y prometido de una cuñada suya.

Condenado por real orden de 16 de julio a cumplir cuatro meses de arresto, fue conducido a La Coruña y confinado en el castillo de San Antón. El duque de Saint Marq, a la sazón capitán general de Galicia, dispuso que se le dispensara el trato debido a su condición de mariscal de campo y le permitió vivir con su esposa y disponer de personal de servicio.

Por ironías del destino, a comienzos de 1815, llegó arrestado a la misma fortaleza el recién cesado ministro de Gracia y Justicia, Pedro de Macanaz. Pese a ser quien hacía seis meses había promovido su procesamiento y ordenado su prisión, mantuvieron excelentes relaciones. El 18 de agosto, tras alegar problemas de salud de su esposa, Fernando VII le autorizó a realizar un tratamiento de hidroterapia en Arteixo, balneario situado 11 kilómetros al sudoeste de La Coruña.

El capitán general dispuso que fuera escoltado por el capitán José Castañera, un sargento, tres cabos y 12 soldados del Regimiento de Infantería Lugo y, antes de partir, accedió a recibirle en su residencia, donde ambos conversaron durante dos horas. En el curso de esta visita, Porlier sorprendió la buena fe de Saint Marq y obtuvo permiso para residir en La Pastoriza, a medio camino de Arteixo, en la finca de Andrés Rojo del Cañizal, lo cual parece indicar que la hidroterapia era un pretexto para salir de San Antón.

El 22 de agosto, llegó a La Pastoriza, en la casa de un correligionario acomodado comerciante de origen palentino Andrés Rojo del Cañizal y el 18 de septiembre, víspera del pronunciamiento, Porlier, con la complicidad del capitán Castañera, mantuvo largas reuniones con numerosas personas, civiles y militares, procedentes de diversas localidades de Galicia y Asturias. Los contactos más habituales fueron con el dueño de la casa, con un conocido comerciante coruñés, con el médico José de Lazcano, con el Tcol Cabrera, jefe del RI de Lugo, y con el Tcol Fernando Miranda, regidor de Ribadeo. Sin embargo, quien urdió la conspiración que se estaba fraguando fue Manuel de Santurio y García-Sala, un antiguo auditor del Ejército, internado en la Cárcel Real de La Coruña desde el 11 de junio de 1814.

Entrada la noche del 18 de septiembre, partió a caballo hacia La Coruña con la única compañía de su asistente. Una vez dentro del recinto amurallado, hizo que Santurio redactara varias proclamas en defensa del liberalismo, dirigidas a la tropa, a los coruñeses y a los ayuntamientos gallegos, que se imprimieron en las imprentas de Soto y de Higuereta.

Seguidamente, encerró en el castillo de San Antón al capitán general, al gobernador militar y al coronel del RI de Órdenes Militares, y destacó oficiales para comunicar que había tomado el mando del ejército del Reino de Galicia a las guarniciones de Ferrol, Santiago, Tuy, Betanzos, Astorga, Oviedo y Santander. En los dirigidos a Ferrol y Santiago, reclamó además parte de sus tropas para reforzar la plaza coruñesa.
Al amanecer del 19 de septiembre, los coruñeses contemplaron con estupor los acontecimientos que se desarrollaban, sin mostrar el menor entusiasmo por el credo liberal ni por la Constitución de 1812, proclamada por Porlier frente al palacio de la Capitanía General. Tampoco los ediles se plegaron a obedecer sus órdenes, hasta ser violentados por la presencia de uno de los oficiales conjurados.

En Ferrol, el comandante militar también se resistió a obedecer las órdenes de Porlier, pero los jefes del RI-6 de Marina y del BI-II del RI de Órdenes Militares le comunicaron que sus oficiales estaban decididos a hacerlo y que, bajo su responsabilidad, le prestarían la ayuda solicitada.

Sin embargo, en Santiago, cuando se recibió el mismo escrito, su destinatario, el Tcol Antonio Alonso Ortega, jefe del BG-I de la DI-4, decidió dar cuenta de su contenido al gobernador militar, quien se aprestó a combatir el movimiento sedicioso con los 3.966 soldados disponibles, la ayuda económica del cabildo compostelano y el respaldo del ayuntamiento y la población.

A la 01:00 de la madrugada del 21 de septiembre, superados muchos obstáculos de tipo logístico, Porlier partió de La Coruña al objeto de doblegar la resistencia compostelana. La columna la formaban 34 oficiales, 40 sargentos, 821 cabos y soldados, 24 mulos, dos obuses, dos cañones y tres cajones de munición de artillería.

Entre tanto, las tropas reunidas en Santiago de Compostela por el arzobispo Rafael de Múzquiz y Aldunate y el general Pesci avanzaron hasta Sigüeiro bajo las órdenes del general José Javier de Imaz y Altolaguirre, a la sazón comandante militar de aquella plaza.

Tras una jornada de marcha, la columna acampó en un lugar llamado Merelle a la entrada de Órdenes (Ordes) a 42 km de La Coruña y 30 de Santiago para pernoctar. Porlier y los oficiales se reunieron a cenar en el mesón de Deus, o de Viqueira. Sobre las 22:00 horas, mientras escribía al lado de la lumbre, se oyeron gritos y disparos. Intentaron salir, pero se lo impidieron sus propios soldados, se trataba de un grupo de 39 sargentos del RI-6 de Marina que habían sido comprados por un agente infiltrado en la columna. Los sargentos mandados por Antonio Chacón intentaron tomarlo prisionero junto con sus oficiales, para entregarlos a las cercanas tropas de la guarnición compostelana.

Porlier y algunos oficiales consiguieron huir, a las 02:30 de la madrugada el sargento 2.º Juan Félix Chaves, de la 1.ª compañía de cazadores del RI de Marina fue enviado con un aviso para el general Imaz, en el que se le ponía al corriente de lo acontecido.

En las primeras horas del 22 de septiembre, Porlier fue detenido por el juez Tomás Antonio de la Iglesia al frente de un grupo de paisanos de la jurisdicción de Folgoso. Fue llevado primero a Santiago de Compostela en secreto, pasa después a La Coruña en donde es encausado por el capitán general.

Al conocerse en La Coruña el desenlace de la expedición y saber que Porlier estaba preso en Santiago, cuantos le habían secundado se dispersaron y, a las 11:00 de la mañana del 23 de septiembre, el capitán general Felipe Augusto de Saint-Marcq recuperó el mando sobre la demarcación y, como primera providencia, ordenó el ingreso del cabecilla en la Cárcel Real de La Coruña y nombró fiscal para incoar el preceptivo sumario.

El 26 de septiembre, se le tomó declaración, negándose a contestar a cuanto se le preguntó, y sin mediar otra actuación, un consejo de guerra sumarísimo le condenó a morir en la horca, previa degradación pública de su empleo militar al pie del patíbulo, conforme a lo previsto en las Ordenanzas de Carlos III para los reos de sedición.

Ratificada la sentencia por el monarca, la fecha de la ejecución se fijó para el día 3 de octubre de 1815. Al haber sido degradado no se le concedió el ser fusilado, como hubiese correspondido a su profesión y rango. Fue ahorcado en La Coruña en el Campo da Leña (actualmente Plaza de España), a donde se le condujo a lomos de un burro, vestido con una levita verde. Después, fueron quemados públicamente sus proclamas y escritos. Todas las casas y tiendas de la ciudad permanecieron cerradas en señal de duelo. Tras la ejecución se llevó a cabo un proceso contra los participantes militares en el levantamiento. A finales de 1819 todavía permanecían muchos de ellos encausados y presos. En cambio, al igual que el brigadier Romay, la mayor parte de los responsables civiles habían logrado huir al extranjero.

Su viuda doña Josefa Queipo de Llano fue encerrada en una celda del pequeño Colegio de las Huérfanas en Betanzos (La Coruña) que regentaban las monjas agustinas, bajo la custodia del escribano de aquella ciudad don Vicente Feliciano Faraldo. Este funcionario, de ideas absolutistas y padre del escritor y político liberal y provincialista Antolín Faraldo, llegó a impedirle durante cinco años el abrir los baúles en los que se conservaban los objetos personales de su marido. Solo gracias al pronunciamiento liberal de 1820, logró recuperar la libertad.

El cuerpo de Porlier fue inhumado en el camposanto de la parroquia de Santiago, donde permaneció hasta el 8 de abril de 1820, durante el pronunciamiento liberal, en que fue exhumado y depositado en el Parque de Artillería. El 4 de mayo, los restos fueron trasladados a un panteón en la capilla de San Roque, siendo tributados por la guarnición con honores fúnebres de capitán general.

En 1814, con la reposición de Fernando VII como rey absoluto por la intervención del duque de Angulema y los Cien mil hijos de San Luis, llevó a los liberales a ocultar sus restos para evitar que fuesen profanados. Al parecer regresaron a la mencionada capilla de San Roque, siendo colocados bajo el altar de San Antonio.

Conspiración del Triángulo 1816

Vicente Ramón Richart Pérez era un antiguo jefe de la Guerra de la Independencia, se había dedicado principalmente a labores de espionaje. Tras prestar nuevos servicios a Cuenca el 10 de diciembre de 1813 se trasladó a Madrid, enfermo de reuma y en precaria situación económica. Como todos los jefes guerrilleros, pidió una entrevista con el rey para conseguir un cargo en agradecimiento a sus servicios bélicos. Dado su malestar ante el silencio gubernamental a sus solicitudes, pasó a dedicarse a las intrigas liberales. En 1815 participó en la conspiración de Juan Díaz Porlier, pero fue absuelto por falta de pruebas.

Fue uno de los organizadores de la Conspiración del Triángulo, células de tres personas que no sabían la existencia de otras células, para secuestrar al rey Fernando VII de España y proclamar la Constitución Española de 1812.

Siguiendo la doctrina de la secta de los Illuminati, un modelo ideado por Adam Weishaupt, ex-jesuita y fundador de la sociedad secreta Los Iluminados de Baviera, cada conspirador solamente conocería a otros dos y nadie podría sacarle ningún nombre más, aunque fuera bajo tortura, porque desconocía quiénes eran los demás. Así, se dice que formaban esta conspiración militares tan conocidos como Espoz y Mina, Rafael de Riego, Porlier, Lazy, etc. y hasta funcionarios de Palacio.

El plan inicial, consistía en el secuestro del rey, se desechó por ser demasiado arriesgado, así que pensaron en matarle directamente. El monarca tenía fama de ser muy campechano y, como buen Borbón, muy dado a las faldas ajenas. Solía irse de parranda, disfrazado para que no le conocieran, acompañado de un tal Perico Chamorro y del duque de Alagón que era el jefe de la Guardia de Corps.

Es preciso aclarar que el tal Chamorro no se llamaba así, sino que, cuando conoció al entonces príncipe de Asturias, era un simple aguador de los que acudían a llenar sus cacharros a la famosa Fuente del Berro, en Madrid, y al que conoció en los prostíbulos de Madrid. Su nombre real era Pedro Collado, natural de Colmenar Viejo y divertía mucho al rey, gracias a sus ocurrencias, propias del habla popular. En principio, fue contratado por el entonces príncipe, para que espiara al resto de los criados, pues no se fiaba de ninguno, ya que le habían llegado algunos avisos de que le querían envenenar.

Fernando VII por entonces, se había aficionado a ir a la casa de puntas de “Pepa, la Malagueña» donde trabajaba una conocida prostituta llamada “Lola la Naranjera” o “La Tirabuzones“, sita en la calle del Ave María, de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá. Indudablemente, debía ser una mujer guapa y simpática, para tanta insistencia del Felón por ir a visitarla. La idea de los conspiradores, era esperarlo allí y asesinarle.

Lo malo es que este plan, como otros muchos, falló, pues dos sargentos de la Armada, que habían sido fichados para el complot, no pudieron retener el secreto y fueron a contárselo al capitán Rafael Morales. Como Richart se enteró de que la conspiración había sido descubierta, sin saber quién los había traicionado, fue a avisar a estos dos sargentos para que huyeran.

Lo que ocurrió fue algo insólito, los dos sargentos detuvieron al general, a punta de pistola, y lo llevaron ante el capitán Morales. Como cabecillas de este complot, las autoridades detuvieron al general Richart, pues su apellido aparece de ambas formas, y a un tal Baltasar Gutiérrez, que algunos dicen que era barbero y otros, sastre. Junto a ellos fueron detenidos otros 50 sospechosos, que luego fueron puestos en libertad, por falta de pruebas. Estos dos individuos fueron juzgados y sentenciados a la pena de muerte por este intento de magnicidio.

Fueron ahorcados en la Plaza de la Cebada de Madrid el 6 de mayo de 1816. Sus cabezas, decapitadas tras la sentencia, fueron expuestas en la picota existente en el camino de Vicálvaro, lugar de paseo habitual de la aristocracia madrileña en la época.

Pronunciamiento del general Lacy y Gautier 1817

El general don Luis Lacy y Gautier había participado en la Guerra de la Independencia destacando en ella como un magnífico general.

En el verano de 1811 asumió el mando de Cataluña tras la derrota de los ejércitos españoles, que se vieron abocados a abandonar el Principado en dirección a Valencia. El general Lacy se quedó en Cataluña con unos 3.000 hombres e inició una implacable lucha de guerrillas contra los franceses. Su fuerza llegó a sumar 14.000 hombres, suficiente para ocupar a los franceses en guarnecer con tropas las poblaciones y plazas que mantenían en su poder y en las tareas de escoltar a los convoyes de abastecimiento y suministro, ocasionando con ello un importante desgaste a los franceses.

En enero de 1813, Lacy fue nombrado capitán general de Galicia para poner fin a las discrepancias surgidas con las autoridades constitucionales de Cataluña. Lacy dejó a su sucesor un ejército disciplinado y sólido y una red de guerrilleros que eran la pesadilla de los franceses.

En Galicia seguirá combatiendo hasta el fin de la guerra y se unirá a la Logia Constitucional de la Reunión Española, asociación masónica integrada por liberales convencidos.

Al acabar la guerra, solicitó a Fernando VII, dejar la capitanía general de Galicia y acuartelarse en Valencia. Tras pasar otro período acuartelado en Andalucía, en noviembre de 1816 se trasladó de nuevo a Cataluña, donde se reunió con el también general Lorenzo Milans del Bosch, que había dirigido el somatén en Cataluña contra los franceses mientras Lacy era capitán general.

En 1817 el general Lacy se encontraba en Barcelona y el general Milans del Bosch en Gerona. Ambos contactaron entre sí para tratar de forzar una nueva restauración constitucional. Para ello se reunieron en varias ocasiones en Caldetas (Caldes d´Estrac), lugar de residencia de Lacy y sitio que eligieron para la concentración de las fuerzas alzadas en armas por la causa liberal, que suponían serían las que se hallaban repartidas en la comarca inmediata a Mataró. Su intención era marchar con ellas sobre Barcelona y proclamar la Constitución de 1812.

La conspiración fue descubierta, pero las autoridades no tomaron medidas. Por ello, el 4 de abril de 1817 se inició el alzamiento en el RI de Tarragona; no obstante, su coronel impidió la defección de las tropas, excepto la de dos compañías que, al mando del Tcol Quer, se dirigieron al punto de reunión en Caldetas. De allí las tropas se dirigieron al mando del general Lacy a una casa de campo propiedad del general Milans del Bosch, donde este conduciría a las tropas levantadas por él. Sin embargo, encontraron al general Milans solo, pues el levantamiento del RI de Murcia había fracasado, a pesar de los esfuerzos de Francisco Mancha, comandante jefe del BI-I, y de varios oficiales de la unidad. Aquella noche no solo no llegó ninguna unidad militar, sino que además supieron que el capitán general, Castaños, ya tenía conocimiento de la intentona. Esta noticia provocó la deserción de los soldados, que se presentaron a las autoridades de Arenys de Mar.

Lo pusieron en marcha el 5 de abril de 1817, bajo la dirección de Lacy, desde Caldes d’Estrac, pero buena parte de los conjurados no acudieron al punto de reunión con sus tropas, al no prosperar el levantamiento en algunos destacamentos.

El 6 de abril, el TG Castaños ordenó al general Llauder que se presentara en el lugar del suceso, hiciera un reconocimiento, obtuviera información de los hechos y arrestara a los conspiradores. Pero no fue hasta el día 7 que el general Castaños obtuvo sus nombres. Las órdenes posteriores permiten creer que Castaños, perteneciente a la Masonería como Lacy, no deseaba la prisión de este ni la del general Milans.

Siguiendo estas órdenes, Llauder se limitó a enviar destacamentos, que tan solo hicieron prisionero al general Lacy, puesto que el general Milans del Bosch logró escapar a Francia por los Pirineos. Lacy fue capturado porque se detuvo inexplicablemente dos días en la casa de Samade, sin embarcar en un barco que le esperaba en Blanes, y delatado por el dueño de la quinta donde entró a descansar. Este tiempo fue suficiente para ser identificado, denunciado y detenido por un somatén de campesinos, que avisó a las columnas militares. El oficial a quien el general Lacy se rindió era el alférez don Vicente Ruiz, de Almansa, quien, al recibir la espada del general, le dijo lo siguiente: “V.E. me dispensará que no acepte su acero, porque en ninguna mano está mejor que en la suya.”

Hecho prisionero, Lacy fue procesado. Durante la causa manifestó su ignorancia sobre el sentido y propósitos del pronunciamiento. Ante sus jueces el general Lacy manifestó que, sorprendido por la presencia del Tcol Quer, se decidió a seguirle al tener noticia del Manifiesto en el que se le señalaba como jefe del movimiento.

Tras el proceso, el general Lacy fue condenado a muerte. El TG Castaños hizo una alocución pública sobre el proceso. Al comentar el texto de la sentencia, afirmó que se le condenaba a muerte sin asegurar que fuera el jefe de movimiento.

El general Lacy escribió al general Llauder solicitándole que escribiese a dos abogados de Barcelona para que por medio de ambos los colegios y gremios de la ciudad intercedieran por él; pero todo intento de salvarle fue inútil.

Desde los primeros días del mes de junio el secretario de Guerra, haciéndese eco de los temores del gobierno de que los catalanes intentaran liberar al general Lacy, había sugerido al TG Castaños el traslado del condenado a Mallorca para evitar alteraciones del orden público en la capital catalana, y haciendo correr el rumor de que el Rey iba a indultarle. El 30 de junio el general Lacy fue embarcado en el falucho de guerra El Catalán rumbo a Mallorca, escoltado por el barco Águila. El embarque coincidió con los rumores que corrían por Barcelona sobre el perdón para Lacy.

El pueblo catalán y el propio Lacy creyeron en el engaño. Nada ocurrió durante la navegación, y a su llegada a Mallorca el general Lacy fue recluido en el castillo de Belver, quedando persuadido de que aquella, y no otra, era su condena. Pero el capitán general de las islas, marqués de Coupigny, ya tenía sus órdenes, y el 4 de julio el fiscal se personó en la prisión para notificar al preso su sentencia de muerte. El general Lacy la recibió con el corazón firme y el rostro sereno. La ejecución se realizó a primera hora de la mañana siguiente, 5 de julio; se le bajó a los fosos del castillo y él mismo se encargó de dar la orden al pelotón encargado de ejecutarle. Tenía al morir 45 años.