Pronunciamientos militares

Sexenio Absolutista de Fernando VII (1814-20)

El decreto del 4 de mayo de 1814 fue el primer paso de un proceso destinado a restaurar el Antiguo Régimen. La serie de reales decretos de esta etapa serán la expresión de una idea política que no tendrá mayor ambición que devolver al país una legitimidad prerrevolucionaria, desmontando sistemáticamente cuanto habían llevado a cabo las Cortes de Cádiz.

El monarca designó a sus nuevos ministros: el duque de San Carlos (Estado), Pedro de Macanaz, (Gracia y Justicia), Manuel Freire (Guerra), Miguel de Lardizábal y Uribe (Ultramar) y Luis Mª de Salazar (Hacienda). El 30 de mayo se modificaba su composición, sustituyendo a Freire por Francisco de Eguía en el ministerio de Guerra, trasladando Salazar a Marina y para ocupar la vacante de este en Hacienda se nombró a Góngora.

El decreto de 19 de julio devolvía a cada Secretaría de Estado y del Despacho las atribuciones que disfrutaban antes de 1808. En noviembre se restablecía la Junta Suprema de Estado. Al mismo tiempo se iniciaba el restablecimiento del régimen polisinodial de Consejos, característico de la monarquía española de los Austrias, así como la Sala de Alcaldes de Casa y Cortes.

A nivel provincial se abolieron los cargos de los jefes políticos, devolviendo las atribuciones administrativas a los capitanes generales, restableciéndose las Audiencias y Chancillerías; a nivel local se extinguieron los Ayuntamientos constitucionales, a favor de los ayuntamientos, corregimientos y alcaldes mayores, que habían desempeñado tales funciones hasta 1808.

Al mismo tiempo que reponía la antigua maquinaria política, el rey trató de restablecer la situación social existente al comenzar la Guerra de la Independencia, junto a la preeminencia socioeconómica de los estamentos privilegiados. En el tema económico y financiero, medidas como: la restauración de los privilegios fiscales estamentales; la abolición de la contribución directa, restableciéndose el régimen precedente de rentas provinciales; la liquidación del régimen de libertad industrial a favor de las ordenanzas gremiales; la reinstauración de la Mesta; la devolución de las propiedades desamortizadas, etc. llevarán al país a una situación de bancarrota.

El resultado fue una brutal depresión económica que se manifestó en una caída de los precios (deflación). Como consecuencia de todo ello la Hacienda de la Monarquía quebró: los caudales de América ya no llegaban en las cantidades anteriores a 1808 (con la consiguiente caída, además, de los ingresos de aduanas) y no se podía recurrir a la emisión de más vales reales, pues estos estaban completamente depreciados al haberse acumulado muchas demoras en los pagos de los intereses anuales.

Hubo un intento de reforma de la Hacienda, llevado a cabo por Martín de Garay, pero no prosperó por la oposición de los dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y también del campesinado (que rechazó el impuesto porque suponía un aumento de las cargas que ya soportaba en un momento en que los precios de los productos agrícolas comenzaban a desmoronarse).

En cuanto al ejército, se inició un paulatino proceso de licencia de las numerosas tropas en armas que había en el ejército durante la Guerra de la Independencia, cerca de 190.000 soldados y 17.000 caballos que excedían las posibilidades de la Hacienda Pública y de la población. La reducción militar fue tan grande que en 1820 las tropas de infantería totalizaban 39.652 soldados, mientras que los de caballería eran 7.859 soldados y 6.144 caballos. El segundo paso consistió en limitar el poder de las autoridades militares, tremendamente aumentado durante los seis años de guerra, a las funciones propias del tiempo de paz. Todo ello creó dos problemas entre los militares: la dificultad de encontrar recursos para abastecer las unidades a su mando, y la falta de readaptación a la situación de paz entre aquellos que habían hecho carrera durante la guerra.

Pronunciamiento del general Espoz y Mina 1814

Finalizada la guerra y regresado Fernando VII, Francisco Espoz Illundáin conocido como Espoz y Mina ofreció al rey desde su cuartel general de Lacarra el 9 de abril de 1814 la inmediata puesta a su disposición de los más de 12.000 soldados de su división Navarra. En su deseo de agradar al rey, ordenó fusilar un ejemplar de la Constitución de 1812; al menos eso dejó escrito el general Nogués.

En mayo de 1814 había establecido una administración particular para asegurar el mantenimiento de la división Navarra bajo su mando. Sin embargo, el nuevo gobierno real decidió acabar con ese estado de cosas y volver a la normalidad. El 23 de mayo solicitó licencia para ir a Madrid para entrevistarse con el Rey. El único motivo de su visita a Madrid era para hablar con el Rey sobre el lamentable estado en que se encontraban sus guerrilleros, necesitados de subsidios y provisiones. Pero también esperaba que el monarca le hiciera virrey de Navarra por sus hazañas en la guerra.

Al final, el 15 de junio le llegó una carta de la Corte, firmada por el ministro de Guerra, Eguía, donde obtenía finalmente la licencia para ir hasta la capital. Llegó a la capital a mediados de julio, donde se reunió con el Rey en la antesala. Sin embargo, la reunión no fue muy fructífera, ya que Fernando VII le llegó a confundir con su sobrino y al ver que era él no le hizo mucho caso y no tuvo en cuenta su petición. Le negó jurisdicción y mando sobre los batallones regulares creados últimamente en Navarra; ordenó el 25 de junio la desmovilización de las unidades irregulares; el 28 de julio ordenó el licenciamiento de las guerrillas; integró el territorio del Alto Aragón bajo la jurisdicción del Capitán General de Aragón, Palafox; y designó al conde de Ezpeleta como virrey de Navarra. Tras ese decreto, Espoz y Mina ya no solo se vio postergado a un puesto bajo, sino que pensaba que su integridad peligraba.

En el mes de julio el general Espoz y Mina regresó a Navarra a hacerse cargo del mando de su división, donde trató de contener la masiva deserción de las tropas; las cuales entraron en conflicto con la población civil al tener que buscar un abastecimiento que no les proporcionaba el gobierno con la prontitud deseada.

En el mes de septiembre, el conde de Ezpeleta ordenó un permiso de tres meses a la mitad de la división de Mina, justificando la medida por la noticia de la paz con Francia. Pero Mina se negó a cumplir la orden. Por aquellos días la tensión entre soldados y civiles de los pueblos donde estaban acantonadas las tropas era tensa, llegando a aparecer pasquines insultantes contra la oficialidad y jefes, con objeto de enemistarlos con los vecinos. Entonces, el gobierno expidió un Real Decreto con fecha de 15 de septiembre en el que ordenaba al general Mina quedar en situación de cuartel en Pamplona y entregar el mando de las unidades de su división a distintas autoridades territoriales.

A su regreso de Madrid en julio, Espoz y Mina entró en contacto con miembros de su división y contando con el coronel Guerra, jefe de un regimiento de caballería acantonado en Huesca; el coronel Asura, gobernador militar de Pamplona; y el coronel Górriz, jefe del RI-1 de su división acantonado en Puente la Reina. Contaba también con el apoyo de su sobrino Javier Mina alias el Mozo, liberado de su prisión francesa, para cometer el pronunciamiento en la noche del 25 al 26 de septiembre.

A raíz de la comunicación a Mina de su situación de cuartel en Pamplona, que llegó a manos del general ocho días más tarde, la situación se disparó, pues se ordenaba a Mina su traslado inmediato a Pamplona.

El 25 de septiembre por la tarde el general Mina se puso al frente del RI-1 en Puente la Reina y se aprestó a conducirlo a Pamplona para apoderarse de la ciudadela por medio de un golpe de mano.

Poco después de la medianoche del 26 de septiembre el RI-1 alcanzó las murallas de Pamplona, encontrando la ciudad en total tranquilidad. Cuando la tropa recibió la orden de bajar al foso para iniciar la escalada de las murallas, los oficiales del regimiento se negaron a cumplir la orden, y su ejemplo fue seguido por la tropa. El comandante Santos Ladrón de Cegama era jefe de uno de los batallones que Mina quería sublevar, pero se negó a secundar la intentona y denunció sus intenciones. Es posible que fuese uno de los oficiales del RI-1. Hubo un momento de tensión en el que la vida del general estuvo en juego, tras el cual resolvió ordenar el regreso del RI-1 a Puente la Reina, en tanto que él se retiró al cuartel general de Muruzábal. Allí se acabó el pronunciamiento. Por la mañana, Guillermo Funes, un huido del RI-1, le dijo a Ezpeleta lo ocurrido.

Al llegar el RI-1 a Puente la Reina, los oficiales arrestaron al coronel Górriz. El general Mina, enterado de la situación de su subordinado, se presentó en el lugar para tratar de salvarle; pero fue recibido a tiros en las calles y hubo de abandonar su intento.

Al conocer el fracaso del pronunciamiento, el coronel Gurrea se unió al general. Al conocer una semana más tarde que varias columnas marchaban en su persecución, ambos jefes militares decidieron abandonar Navarra, de forma que el 4 de octubre entraron en Francia como refugiados. Por su parte, el coronel Górriz fue degradado y fusilado.

Espoz y Mina fue detenido por los franceses a petición del embajador español, pero pronto le pusieron en libertad y el gobierno de Luis XVIII le fijó una pensión de 500 francos mensuales, y residió en Bar-sur-Aube, en plena Champagne.

Cuando Napoleón se evadió de la isla de Elba en marzo de 1815, Ezpoz y Mina se ofreció a Bonaparte para entrar en España al frente de un ejército francés que elevaría al trono al anciano Carlos IV, que residía en Italia. El intento no fructificó y se fugó a Suiza, desde donde pasó a Bélgica. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo regresó a Francia. Fue por estos años cuando se relacionó con otros militares franceses y exiliados españoles; fruto de estos contactos acabaría entrando en la Masonería.

Pronunciamiento de Díaz Porlier 1815

Juan Díaz Porlier apodado el Marquesito al finalizar la Guerra de la Independencia mandaba la Quinta División del Cuarto Ejército. El 14 de septiembre de 1813, en reconocimiento a los méritos contraídos en la batalla de San Marcial, la Regencia le concedió el empleo de mariscal de campo, y hasta fin de noviembre continuó combatiendo en territorio francés.

El 22 de marzo de 1814, Fernando VII regresó de su cautiverio. Porlier se encontraba realizando gestiones en Madrid, aprovechó la estancia en la Corte para solicitar la comandancia general de la costa de Cantabria y reivindicar la concesión de la cruz de San Fernando.

Antes de recibir contestación a ambas demandas, fue detenido en la madrugada del 29 de mayo, trasladado al cuartel de Guardias de Corps (actual de Conde Duque), y procesado por presunto delito de deslealtad. El arresto se debió a la delación de su amanuense, quien facilitó a la justicia unas cartas muy comprometedoras, en momentos de gran represión política, dirigidas a facilitar la huida a Inglaterra de José Fernández de Queipo, jefe político de Segovia y prometido de una cuñada suya.

Condenado por real orden de 16 de julio a cumplir cuatro meses de arresto, fue conducido a La Coruña y confinado en el castillo de San Antón. El duque de Saint Marq, a la sazón capitán general de Galicia, dispuso que se le dispensara el trato debido a su condición de mariscal de campo y le permitió vivir con su esposa y disponer de personal de servicio.

Por ironías del destino, a comienzos de 1815, llegó arrestado a la misma fortaleza el recién cesado ministro de Gracia y Justicia, Pedro de Macanaz. Pese a ser quien hacía seis meses había promovido su procesamiento y ordenado su prisión, mantuvieron excelentes relaciones. El 18 de agosto, tras alegar problemas de salud de su esposa, Fernando VII le autorizó a realizar un tratamiento de hidroterapia en Arteixo, balneario situado 11 kilómetros al sudoeste de La Coruña.

El capitán general dispuso que fuera escoltado por el capitán José Castañera, un sargento, tres cabos y 12 soldados del Regimiento de Infantería Lugo y, antes de partir, accedió a recibirle en su residencia, donde ambos conversaron durante dos horas. En el curso de esta visita, Porlier sorprendió la buena fe de Saint Marq y obtuvo permiso para residir en La Pastoriza, a medio camino de Arteixo, en la finca de Andrés Rojo del Cañizal, lo cual parece indicar que la hidroterapia era un pretexto para salir de San Antón.

El 22 de agosto, llegó a La Pastoriza, en la casa de un correligionario acomodado comerciante de origen palentino Andrés Rojo del Cañizal y el 18 de septiembre, víspera del pronunciamiento, Porlier, con la complicidad del capitán Castañera, mantuvo largas reuniones con numerosas personas, civiles y militares, procedentes de diversas localidades de Galicia y Asturias. Los contactos más habituales fueron con el dueño de la casa, con un conocido comerciante coruñés, con el médico José de Lazcano, con el Tcol Cabrera, jefe del RI de Lugo, y con el Tcol Fernando Miranda, regidor de Ribadeo. Sin embargo, quien urdió la conspiración que se estaba fraguando fue Manuel de Santurio y García-Sala, un antiguo auditor del Ejército, internado en la Cárcel Real de La Coruña desde el 11 de junio de 1814.

Entrada la noche del 18 de septiembre, partió a caballo hacia La Coruña con la única compañía de su asistente. Una vez dentro del recinto amurallado, hizo que Santurio redactara varias proclamas en defensa del liberalismo, dirigidas a la tropa, a los coruñeses y a los ayuntamientos gallegos, que se imprimieron en las imprentas de Soto y de Higuereta.

Seguidamente, encerró en el castillo de San Antón al capitán general, al gobernador militar y al coronel del RI de Órdenes Militares, y destacó oficiales para comunicar que había tomado el mando del ejército del Reino de Galicia a las guarniciones de Ferrol, Santiago, Tuy, Betanzos, Astorga, Oviedo y Santander. En los dirigidos a Ferrol y Santiago, reclamó además parte de sus tropas para reforzar la plaza coruñesa.
Al amanecer del 19 de septiembre, los coruñeses contemplaron con estupor los acontecimientos que se desarrollaban, sin mostrar el menor entusiasmo por el credo liberal ni por la Constitución de 1812, proclamada por Porlier frente al palacio de la Capitanía General. Tampoco los ediles se plegaron a obedecer sus órdenes, hasta ser violentados por la presencia de uno de los oficiales conjurados.

En Ferrol, el comandante militar también se resistió a obedecer las órdenes de Porlier, pero los jefes del RI-6 de Marina y del BI-II del RI de Órdenes Militares le comunicaron que sus oficiales estaban decididos a hacerlo y que, bajo su responsabilidad, le prestarían la ayuda solicitada.

Sin embargo, en Santiago, cuando se recibió el mismo escrito, su destinatario, el Tcol Antonio Alonso Ortega, jefe del BG-I de la DI-4, decidió dar cuenta de su contenido al gobernador militar, quien se aprestó a combatir el movimiento sedicioso con los 3.966 soldados disponibles, la ayuda económica del cabildo compostelano y el respaldo del ayuntamiento y la población.

A la 01:00 de la madrugada del 21 de septiembre, superados muchos obstáculos de tipo logístico, Porlier partió de La Coruña al objeto de doblegar la resistencia compostelana. La columna la formaban 34 oficiales, 40 sargentos, 821 cabos y soldados, 24 mulos, dos obuses, dos cañones y tres cajones de munición de artillería.

Entre tanto, las tropas reunidas en Santiago de Compostela por el arzobispo Rafael de Múzquiz y Aldunate y el general Pesci avanzaron hasta Sigüeiro bajo las órdenes del general José Javier de Imaz y Altolaguirre, a la sazón comandante militar de aquella plaza.

Tras una jornada de marcha, la columna acampó en un lugar llamado Merelle a la entrada de Órdenes (Ordes) a 42 km de La Coruña y 30 de Santiago para pernoctar. Porlier y los oficiales se reunieron a cenar en el mesón de Deus, o de Viqueira. Sobre las 22:00 horas, mientras escribía al lado de la lumbre, se oyeron gritos y disparos. Intentaron salir, pero se lo impidieron sus propios soldados, se trataba de un grupo de 39 sargentos del RI-6 de Marina que habían sido comprados por un agente infiltrado en la columna. Los sargentos mandados por Antonio Chacón intentaron tomarlo prisionero junto con sus oficiales, para entregarlos a las cercanas tropas de la guarnición compostelana.

Porlier y algunos oficiales consiguieron huir, a las 02:30 de la madrugada el sargento 2.º Juan Félix Chaves, de la 1.ª compañía de cazadores del RI de Marina fue enviado con un aviso para el general Imaz, en el que se le ponía al corriente de lo acontecido.

En las primeras horas del 22 de septiembre, Porlier fue detenido por el juez Tomás Antonio de la Iglesia al frente de un grupo de paisanos de la jurisdicción de Folgoso. Fue llevado primero a Santiago de Compostela en secreto, pasa después a La Coruña en donde es encausado por el capitán general.

Al conocerse en La Coruña el desenlace de la expedición y saber que Porlier estaba preso en Santiago, cuantos le habían secundado se dispersaron y, a las 11:00 de la mañana del 23 de septiembre, el capitán general Felipe Augusto de Saint-Marcq recuperó el mando sobre la demarcación y, como primera providencia, ordenó el ingreso del cabecilla en la Cárcel Real de La Coruña y nombró fiscal para incoar el preceptivo sumario.

El 26 de septiembre, se le tomó declaración, negándose a contestar a cuanto se le preguntó, y sin mediar otra actuación, un consejo de guerra sumarísimo le condenó a morir en la horca, previa degradación pública de su empleo militar al pie del patíbulo, conforme a lo previsto en las Ordenanzas de Carlos III para los reos de sedición.

Ratificada la sentencia por el monarca, la fecha de la ejecución se fijó para el día 3 de octubre de 1815. Al haber sido degradado no se le concedió el ser fusilado, como hubiese correspondido a su profesión y rango. Fue ahorcado en La Coruña en el Campo da Leña (actualmente Plaza de España), a donde se le condujo a lomos de un burro, vestido con una levita verde. Después, fueron quemados públicamente sus proclamas y escritos. Todas las casas y tiendas de la ciudad permanecieron cerradas en señal de duelo. Tras la ejecución se llevó a cabo un proceso contra los participantes militares en el levantamiento. Afinales de 1819 todavía permanecían muchos de ellos encausados y presos. En cambio, al igual que el brigadier Romay, la mayor parte de los responsables civiles habían logrado huir al extranjero.

Su viuda doña Josefa Queipo de Llano fue encerrada en una celda del pequeño Colegio de las Huérfanas en Betanzos (La Coruña) que regentaban las monjas agustinas, bajo la custodia del escribano de aquella ciudad don Vicente Feliciano Faraldo. Este funcionario, de ideas absolutistas y padre del escritor y político liberal y provincialista Antolín Faraldo, llegó a impedirle durante cinco años el abrir los baúles en los que se conservaban los objetos personales de su marido. Solo gracias al pronunciamiento liberal de 1820, logró recuperar la libertad.

El cuerpo de Porlier fue inhumado en el camposanto de la parroquia de Santiago, donde permaneció hasta el 8 de abril de 1820, durante el pronunciamiento liberal, en que fue exhumado y depositado en el Parque de Artillería. El 4 de mayo, los restos fueron trasladados a un panteón en la capilla de San Roque, siendo tributados por la guarnición con honores fúnebres de capitán general.

En 1814, con la reposición de Fernando VII como rey absoluto por la intervención del duque de Angulema y los Cien mil hijos de San Luis, llevó a los liberales a ocultar sus restos para evitar que fuesen profanados. Al parecer regresaron a la mencionada capilla de San Roque, siendo colocados bajo el altar de San Antonio.

Conspiración del Triángulo 1816

Vicente Ramón Richart Pérez era un antiguo jefe de la Guerra de la Independencia, se había dedicado principalmente a labores de espionaje. Tras prestar nuevos servicios a Cuenca el 10 de diciembre de 1813 se trasladó a Madrid, enfermo de reuma y en precaria situación económica. Como todos los jefes guerrilleros, pidió una entrevista con el rey para conseguir un cargo en agradecimiento a sus servicios bélicos. Dado su malestar ante el silencio gubernamental a sus solicitudes, pasó a dedicarse a las intrigas liberales. En 1815 participó en la conspiración de Juan Díaz Porlier, pero fue absuelto por falta de pruebas.

Fue uno de los organizadores de la Conspiración del Triángulo, células de tres personas que no sabían la existencia de otras células, para secuestrar al rey Fernando VII de España y proclamar la Constitución Española de 1812.

Siguiendo la doctrina de la secta de los Illuminati, un modelo ideado por Adam Weishaupt, ex-jesuita y fundador de la sociedad secreta Los Iluminados de Baviera, cada conspirador solamente conocería a otros dos y nadie podría sacarle ningún nombre más, aunque fuera bajo tortura, porque desconocía quiénes eran los demás. Así, se dice que formaban esta conspiración militares tan conocidos como Espoz y Mina, Rafael de Riego, Porlier, Lazy, etc. y hasta funcionarios de Palacio.

El plan inicial, consistía en el secuestro del rey, se desechó por ser demasiado arriesgado, así que pensaron en matarle directamente. El monarca tenía fama de ser muy campechano y, como buen Borbón, muy dado a las faldas ajenas. Solía irse de parranda, disfrazado para que no le conocieran, acompañado de un tal Perico Chamorro y del duque de Alagón que era el jefe de la Guardia de Corps.

Es preciso aclarar que el tal Chamorro no se llamaba así, sino que, cuando conoció al entonces príncipe de Asturias, era un simple aguador de los que acudían a llenar sus cacharros a la famosa Fuente del Berro, en Madrid, y al que conoció en los prostíbulos de Madrid. Su nombre real era Pedro Collado, natural de Colmenar Viejo y divertía mucho al rey, gracias a sus ocurrencias, propias del habla popular. En principio, fue contratado por el entonces príncipe, para que espiara al resto de los criados, pues no se fiaba de ninguno, ya que le habían llegado algunos avisos de que le querían envenenar.

Fernando VII por entonces, se había aficionado a ir a la casa de puntas de “Pepa, la Malagueña» donde trabajaba una conocida prostituta llamada “Lola la Naranjera” o “La Tirabuzones“, sita en la calle del Ave María, de Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá. Indudablemente, debía ser una mujer guapa y simpática, para tanta insistencia del Felón por ir a visitarla. La idea de los conspiradores, era esperarlo allí y asesinarle.

Lo malo es que este plan, como otros muchos, falló, pues dos sargentos de la Armada, que habían sido fichados para el complot, no pudieron retener el secreto y fueron a contárselo al capitán Rafael Morales. Como Richart se enteró de que la conspiración había sido descubierta, sin saber quién los había traicionado, fue a avisar a estos dos sargentos para que huyeran.

Lo que ocurrió fue algo insólito, los dos sargentos detuvieron al general, a punta de pistola, y lo llevaron ante el capitán Morales. Como cabecillas de este complot, las autoridades detuvieron al general Richart, pues su apellido aparece de ambas formas, y a un tal Baltasar Gutiérrez, que algunos dicen que era barbero y otros, sastre. Junto a ellos fueron detenidos otros 50 sospechosos, que luego fueron puestos en libertad, por falta de pruebas. Estos dos individuos fueron juzgados y sentenciados a la pena de muerte por este intento de magnicidio.

Fueron ahorcados en la Plaza de la Cebada de Madrid el 6 de mayo de 1816. Sus cabezas, decapitadas tras la sentencia, fueron expuestas en la picota existente en el camino de Vicálvaro, lugar de paseo habitual de la aristocracia madrileña en la época.

Pronunciamiento del general Lacy y Gautier 1817

El general don Luis Lacy y Gautier había participado en la Guerra de la Independencia destacando en ella como un magnífico general.

En el verano de 1811 asumió el mando de Cataluña tras la derrota de los ejércitos españoles, que se vieron abocados a abandonar el Principado en dirección a Valencia. El general Lacy se quedó en Cataluña con unos 3.000 hombres e inició una implacable lucha de guerrillas contra los franceses. Su fuerza llegó a sumar 14.000 hombres, suficiente para ocupar a los franceses en guarnecer con tropas las poblaciones y plazas que mantenían en su poder y en las tareas de escoltar a los convoyes de abastecimiento y suministro, ocasionando con ello un importante desgaste a los franceses.

En enero de 1813, Lacy fue nombrado capitán general de Galicia para poner fin a las discrepancias surgidas con las autoridades constitucionales de Cataluña. Lacy dejó a su sucesor un ejército disciplinado y sólido y una red de guerrilleros que eran la pesadilla de los franceses.

En Galicia seguirá combatiendo hasta el fin de la guerra y se unirá a la Logia Constitucional de la Reunión Española, asociación masónica integrada por liberales convencidos.

Al acabar la guerra, solicitó a Fernando VII, dejar la capitanía general de Galicia y acuartelarse en Valencia. Tras pasar otro período acuartelado en Andalucía, en noviembre de 1816 se trasladó de nuevo a Cataluña, donde se reunió con el también general Lorenzo Milans del Bosch, que había dirigido el somatén en Cataluña contra los franceses mientras Lacy era capitán general.

En 1817 el general Lacy se encontraba en Barcelona y el general Milans del Bosch en Gerona. Ambos contactaron entre sí para tratar de forzar una nueva restauración constitucional. Para ello se reunieron en varias ocasiones en Caldetas (Caldes d´Estrac), lugar de residencia de Lacy y sitio que eligieron para la concentración de las fuerzas alzadas en armas por la causa liberal, que suponían serían las que se hallaban repartidas en la comarca inmediata a Mataró. Su intención era marchar con ellas sobre Barcelona y proclamar la Constitución de 1812.

La conspiración fue descubierta, pero las autoridades no tomaron medidas. Por ello, el 4 de abril de 1817 se inició el alzamiento en el RI de Tarragona; no obstante, su coronel impidió la defección de las tropas, excepto la de dos compañías que, al mando del Tcol Quer, se dirigieron al punto de reunión en Caldetas. De allí las tropas se dirigieron al mando del general Lacy a una casa de campo propiedad del general Milans del Bosch, donde este conduciría a las tropas levantadas por él. Sin embargo, encontraron al general Milans solo, pues el levantamiento del RI de Murcia había fracasado, a pesar de los esfuerzos de Francisco Mancha, comandante jefe del BI-I, y de varios oficiales de la unidad. Aquella noche no solo no llegó ninguna unidad militar, sino que además supieron que el capitán general, Castaños, ya tenía conocimiento de la intentona. Esta noticia provocó la deserción de los soldados, que se presentaron a las autoridades de Arenys de Mar.

Lo pusieron en marcha el 5 de abril de 1817, bajo la dirección de Lacy, desde Caldes d’Estrac, pero buena parte de los conjurados no acudieron al punto de reunión con sus tropas, al no prosperar el levantamiento en algunos destacamentos.

El 6 de abril, el TG Castaños ordenó al general Llauder que se presentara en el lugar del suceso, hiciera un reconocimiento, obtuviera información de los hechos y arrestara a los conspiradores. Pero no fue hasta el día 7 que el general Castaños obtuvo sus nombres. Las órdenes posteriores permiten creer que Castaños, perteneciente a la Masonería como Lacy, no deseaba la prisión de este ni la del general Milans.

Siguiendo estas órdenes, Llauder se limitó a enviar destacamentos, que tan solo hicieron prisionero al general Lacy, puesto que el general Milans del Bosch logró escapar a Francia por los Pirineos. Lacy fue capturado porque se detuvo inexplicablemente dos días en la casa de Samade, sin embarcar en un barco que le esperaba en Blanes, y delatado por el dueño de la quinta donde entró a descansar. Este tiempo fue suficiente para ser identificado, denunciado y detenido por un somatén de campesinos, que avisó a las columnas militares. El oficial a quien el general Lacy se rindió era el alférez don Vicente Ruiz, de Almansa, quien, al recibir la espada del general, le dijo lo siguiente: “V.E. me dispensará que no acepte su acero, porque en ninguna mano está mejor que en la suya.”

Hecho prisionero, Lacy fue procesado. Durante la causa manifestó su ignorancia sobre el sentido y propósitos del pronunciamiento. Ante sus jueces el general Lacy manifestó que, sorprendido por la presencia del Tcol Quer, se decidió a seguirle al tener noticia del Manifiesto en el que se le señalaba como jefe del movimiento.

Tras el proceso, el general Lacy fue condenado a muerte. El TG Castaños hizo una alocución pública sobre el proceso. Al comentar el texto de la sentencia, afirmó que se le condenaba a muerte sin asegurar que fuera el jefe de movimiento.

El general Lacy escribió al general Llauder solicitándole que escribiese a dos abogados de Barcelona para que por medio de ambos los colegios y gremios de la ciudad intercedieran por él; pero todo intento de salvarle fue inútil.

Desde los primeros días del mes de junio el secretario de Guerra, haciéndese eco de los temores del gobierno de que los catalanes intentaran liberar al general Lacy, había sugerido al TG Castaños el traslado del condenado a Mallorca para evitar alteraciones del orden público en la capital catalana, y haciendo correr el rumor de que el Rey iba a indultarle. El 30 de junio el general Lacy fue embarcado en el falucho de guerra El Catalán rumbo a Mallorca, escoltado por el barco Águila. El embarque coincidió con los rumores que corrían por Barcelona sobre el perdón para Lacy.

El pueblo catalán y el propio Lacy creyeron en el engaño. Nada ocurrió durante la navegación, y a su llegada a Mallorca el general Lacy fue recluido en el castillo de Belver, quedando persuadido de que aquella, y no otra, era su condena. Pero el capitán general de las islas, marqués de Coupigny, ya tenía sus órdenes, y el 4 de julio el fiscal se personó en la prisión para notificar al preso su sentencia de muerte. El general Lacy la recibió con el corazón firme y el rostro sereno. La ejecución se realizó a primera hora de la mañana siguiente, 5 de julio; se le bajó a los fosos del castillo y él mismo se encargó de dar la orden al pelotón encargado de ejecutarle. Tenía al morir 45 años.

Conspiración del coronel Vidal 1819

El TG Francisco Javier Elío era el capitán general de Valencia. Absolutista convencido, se entregaba a todo género de arbitrariedades y violencias con el pretexto de conservar el orden público. Llamaba a su despacho a quien suponía desafecto al régimen absolutista del rey o mezclado en conspiraciones y le humillaba en su presencia, llegando en algunos casos a abofetear al sospechoso, como hizo con el poeta Leandro Fernández de Moratín. Restableció el procedimiento del tormento, abolido por las Cortes de Cádiz, y decretó varias penas de muerte sin sujetarse a ningún tribunal o procedimiento, bastando una simple orden suya para que se ejecutasen.

Una comisión de notables valencianos viajó a Madrid para quejarse al rey; pero este consideraba al general Elio como uno de sus más firmes puntales, por lo que no solo desatendió la queja de los comisionados, sino que incluso los amenazó veladamente con un castigo si entorpecían la conducta del general.

Los valencianos, exasperados por la situación, tramaron una conspiración contra el capitán general, que encabezó el coronel de infantería Joaquín Vidal y que consiguió sumar a la misma a varios oficiales de la guarnición de la ciudad. El plan tenía por objeto apoderarse de la personal del TG durante la función de teatro de la noche del 1 de enero de 1891 al grito de «¡Libertad y Constitución!». Sin embargo, la inesperada muerte de la reina María Isabel el 26 de diciembre de 1818 dio al traste con los preparativos, porque se suspendieron por duelo todas las representaciones teatrales y los conjurados se vieron obligados a posponer y variar el plan. Este retraso ocasionó que un cabo del RI de la Reina descubriese y denunciara el complot.

La noche elegida para la detención, el general Elío, acompañado de alguna fuerza y del delator, sorprendió a los conjurados en la casa en que se hallaban reunidos, llamada del Porche; pero al coronel Vidal le dio tiempo para salirle al encuentro sable en mano; descargó contra el general un golpe tan violento que le hubiera partido en dos de no haber sido que la hoja tropezó en el marco de la puerta; el general Elío aprovechó el momento para atravesar con su espada a Vidal, que cayó al suelo sin sentido. Aquellos instantes de desconcierto inicial fueron aprovechados por algunos de los conjurados y lograron huir, pero el resto fueron cayendo en manos de los soldados del general, y hubo alguno, como el capitán don Juan María Sola, que prefirió quitarse la vida a dejarse prender por ellos.

Uno de los conjurados era el valeroso joven Félix Bertrán de Lis, hijo de Vicente Bertrán de Lis, conocido héroe de la pasada guerra contra los franceses. El joven consiguió huir y esconderse entre sus vecinos, pero estos le traicionaron y, de forma vil, le entregaron maniatado al TG Elío. Los arrestados, en número de trece, fueron conducidos a la ciudadela, a excepción del coronel Vidal, que fue trasladado al hospital a causa de su herida. Allí, apenas recobró el sentido, confió a la mujer que le asistía que tenía guardado en el uniforme un papel importante, pero la enfermera, en vez de entregárselo al interesado, lo puso en manos del arzobispo, y este lo pasó a las del general.

La causa se instruyó y siguió con celeridad, no reparándose mucho en las formas y en los plazos legales; el fallo fue rápido y se señaló el 22 de enero de 1819 para la ejecución de la sentencia de muerte. Para ese día, según la costumbre de la época, se prepararon trece túnicas negras para los reos. La horca se levantó entre la ciudadela y el convento del Remedio. Antes de sacar los reos al suplicio el coronel Vidal fue degradado públicamente; pero su estado de salud era tal que expiró al pie de la horca en el momento en que el verdugo le vestía con el ropaje negro.

Los demás se sentaron con serenidad y valor en los banquillos. Sorprendió y admiró a todos el imperturbable y sereno porte del joven Bertrán de Lis, que oyéndose nombrar «¡Bertrán!» a secas, exclamó con voz firme «¡de Lis!»; y al subir al cadalso gritó: «¡Muero contento, porque no faltará quien vengue mi muerte!». Como era costumbre en la época, poco después se ofrecía a los ojos del público el espectáculo imponente y horrible de las trece túnicas negras colgadas. Se dice que el general Elío paseó a caballo delante de ellas por la tarde, vestido de uniforme de gala, seguido de algunos oficiales de su Estado Mayor que habían estado iniciados en la conspiración.
Los nombres de los trece patriotas ejecutados son los siguientes:

La sangrienta ejecución de Vidal y de sus doce desventurados compañeros esparció un gran luto en Valencia, dejó impresiones y resentimientos profundos, y se miraba a Elío con pavor por unos, con odio implacable por otros.

Gran expedición a América

Después de serias dificultades para organizar el ejército de Pablo Morillo en 1815 para sofocar las rebeliones en América, las condiciones eran aún peores para enviar un segundo ejército en 1820. Respecto de esta primera gran fuerza, tradicionalmente se sostiene que iba a ser enviada originalmente contra Buenos Aires, pero la caída de Montevideo, bastión español en el Río de la Plata, los éxitos revolucionarios en Venezuela y la Nueva Granada, la mayor cercanía geográfica de Istmo de Panamá en peligro de invasión y la importancia económica del Perú, que quedaría aislado en el Pacífico, hicieron que el objetivo se cambiara a Cartagena de Indias.

Morillo zarpó de Cádiz el 15 de febrero de 1815 y el 9 de mayo el rey Fernando VII anunció mediante decreto que la flota iba contra Costa Firme, se enviarían más refuerzos a Panamá y Perú próximamente y que estaba preparándose una segunda expedición contra el Río de la Plata. Esta última sumaría 20.000 infantes, 1.500 jinetes y su artillería correspondiente. Hasta que no llegó a Puerto Santo, cerca de Carúpano, en Venezuela, el 7 de abril la expedición causó terror, especialmente en Buenos Aires. Como noticias falsas y rumores iban y venían se llegó a creer que iba hacia Perú y Chile.

Desde mediados de 1816 se empezó a organizar la segunda fuerza bajo la dirección del ministro de Marina, José Vázquez de Figueroa, pero el proyecto languidece. El 2 de noviembre de 1816 el brigadier Francisco Mourelle fue nombrado comandante general de las fuerzas navales de la expedición. Transcurridos dos años desde la expedición de Morillo, los malos resultados de la guerra habían cambiado la opinión del gobierno, y el Consejo de Indias, el 9 de noviembre de 1816, dictaminó sobre el destino de la brillante y costosa expedición de Morillo, que enviarla a Venezuela (Montevideo se mantuvo como una farsa), en vez de reforzar México como punto más importante, fue un error que cambió el curso de la guerra, ya que los ingresos mexicanos representaban el 90 % del total de los caudales americanos al final del periodo colonial.

En 1817 solo se destinaron algunos refuerzos a Perú y Chile que partieron al año siguiente en barcos rusos. Su compra a Rusia, por el Tratado de Madrid (1817) fue polémica porque entre la camarilla real que los compró no hubo oficiales de la Real Armada Española que verificaran las condiciones, estas eran precarias. Los navíos fueron catalogados de anticuados, ineficientes y en malas condiciones sanitarias y de navegación.

El proyecto de una gran expedición renació al llegar a Madrid las noticias del peligro que significó la pérdida de Chile en 1818.​ Primero, ya era imposible recuperar el Río de la Plata desde el virreinato peruano. Segundo, había quedado desguarnecida la costa del Pacífico hasta México.​ Tercero, el mismo virreinato peruano estaba amenazado y el rey hizo reunir de urgencia a su consejo privado, uno de sus miembros, Joaquín Gómez de Liaño, expuso la idea de enviar al menos 16.000 hombres a Buenos Aires. Sin embargo, la falta de recursos y las complicaciones causadas por la invasión luso-brasileña de la Banda Oriental (los portugueses podían terminar enfrentándose a la expedición), hicieron dar prioridad a los envíos de refuerzos a La Habana y Nueva España y naves de guerra a Lima, La Habana, Veracruz y Venezuela.

Otro factor fue la presión de grupos de influencia para los que el Río de la Plata era una región marginal de la monarquía y se debía priorizar en defender el comercio con Nueva España y el Caribe. Finalmente, España comprendió tras el Congreso de Aquisgrán que no tendría el apoyo de las demás potencias europeas para mantener su imperio, de hecho, estos estaban más interesados en verlo colapsar.

La Gran Expedición fue organizada por el antiguo virrey novohispano y capitán general de Andalucía, Félix María Calleja del Rey. Sus fuerzas terrestres sumaban 20.200 infantes, 2.800 jinetes y 1.370 artilleros con 94 piezas de campaña, otras de menor calibre y abundante parque a finales de 1819 en Cádiz y la isla San Fernando, pero poco después estallaba una epidemia de vómito negro. Había 14 escuadrones de caballería. El comandante de la expedición y del ejército era el Enrique José O’Donnell, conde de La Bisbal y español descendiente de irlandeses, quien era apodado “virrey del Río de la Plata”. Algunas fuentes sostienen que O’Donnell había sido relevado por Calleja.

Las fuerzas navales, al mando de Francisco Mourelle, que debían escoltar a los transportes eran cuatro navíos de línea, de 3 a 6 fragatas, de 4 a 10 bergantines, 2 corbetas, 4 bergantines goleta, 2 goletas y 30 cañoneras. La tripulación se componía de 6.000 marinos. El total de hombres se discute, pero se habla de 14.000, 20.000, 22.000, o 25.000.

Sobre el fracaso de la Gran Expedición la historiografía hispanoamericana, y singularmente la argentina, ha adjudicado un gran protagonismo a los agentes americanos que participaron en el pronunciamiento de 1820; aunque el historiador español José María García León puntualiza que en realidad, no está todavía bien determinado el papel que estos agentes jugaron en estos acontecimientos, así como su relación con la masonería. Este mismo historiador constata que en Cádiz residía Andrés Arguibel, un potentado comerciante bonaerense partidario de la independencia de la provincia del Río de la Plata, que entró en contacto con el conde de la Bisbal. Bien por su discreción o por el tremendo despiste de las autoridades españolas, sus actividades pasaron inadvertidas, lo contrario de lo que le sucedió a un rico comerciante peruano que sí fue investigado, aunque se comprobó que la acusación de que había recibido dinero desde Gibraltar resultó infundada, y a dos presuntos agentes independentistas americanos que fueron detenidos y desterrados de Cádiz.

Arguibel contó con la colaboración de otro comerciante del Río de la Plata afincado en Cádiz, Tomás Antonio de Lezica, y entre ambos contribuyeron al pronunciamiento de Riego con mil pares de zapatos y doce mil duros. Nueve años después del pronunciamiento, en 1829, Juan Martín de Pueyrredón, explicó en Refutación a una atroz calumnia que él, como máximo dirigente de las autoproclamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, había sido uno de los principales instigadores del pronunciamiento de Riego que había hecho fracasar la Gran Expedición de Ultramar preparada para acabar con las rebeliones independentistas de las colonias americanas. La Refutación era una respuesta a la atroz calumnia lanzada contra él por el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Alexander Hill Everett, quien lo había acusado de connivencias con la metrópolis.

Pueyrredón afirmó que, entre otras medidas, para impedir que llegara a América la expedición, había extendido considerable número de patentes de corso ofreciendo premio por cada transporte del convoy español que fuese apresado y aseguró que había emprendido finalmente la obra de insurreccionar el mismo ejército, que debía obrar nuestra ruina. Para ello se puso en contacto con Ambrosio Lecica, a fin de que este a su vez contactara con su hermano Tomás de Lezica, residente en Cádiz, para iniciar sus relaciones con los jefes de aquel ejército.

Unos historiadores afirman que el plan expedicionario era desembarcar cerca de Montevideo y apoderarse de la ciudad, donde probablemente aún habría apoyo a la causa española. Así contarían con una base estable en el Río de la Plata desde donde iniciar operaciones y conseguir el apoyo de realistas locales. Posteriormente, una tropa se dirigiría contra Buenos Aires. Una vez pacificado el Río de la Plata la Gran Expedición avanzaría hacia Chile para luego auxiliar al Perú, que se hallaba asediado al norte por Bolívar y al sur por San Martín. La amenaza de la llegada de la Grande Expedición habría sido uno de los motivos por el que San Martín no embarcase al Perú desde Chile hasta septiembre de 1820.

El plan era muy similar al del virrey José Fernando de Abascal, quien en sus Memorias se lamentaba que la expedición de Morillo había sido enviada a Venezuela y Nueva Granada, en lugar del Río de la Plata. Según él, fue un error enviar tal fuerza a un lugar de clima tropical y pantanos, donde los soldados europeos pronto fueron diezmados por la malaria, fiebre amarilla y el resto de enfermedades tropicales. De haber seguido el plan original hubieran ido a una región con un clima similar al propio, apoyadas por ofensivas peruanas en Charcas y Chile. Después hubieran ido por mar hacia Quito, para penetrar desde el sur en los altiplanos de Bogotá y finalmente acabar en las tierras tropicales de Cartagena y Venezuela.

Otros historiadores afirman, sin embargo, que la «Grande Expedición» iba dirigida esta vez sobre México, asegurando lo más valioso de la monarquía, señalando el Río de la Plata como otro montaje para el engaño, tal como pasó con la Expedición de Morillo a Venezuela.

Pronunciamiento de Riego 1820

Nadie quería ir a América. Las noticias de la extrema dureza de aquel conflicto (en la Isla de León estaba el depósito de heridos de América, con mutilados que contaban los sangrientos detalles de la guerra), la lejanía, el incierto viaje en barcos de dudosa consistencia, la desmoralización, la creencia de que restablecer las libertades de los españoles de la Península y América bastaría para acabar la guerra, abonaban el terreno para el siguiente pronunciamiento.

Los liberales de Cádiz (los más moderados agrupados en torno de la logia “El Soberano Capítulo”, que se reunía en la casa de Francisco Javier de Istúriz, y los más radicales integrados en la logia “El Taller Sublime”, fundada y presidida por Antonio Alcalá Galiano, intentaron que algún oficial del cuerpo expedicionario acantonado entre Sevilla y Cádiz (una epidemia de fiebre amarilla había obligado a la dispersión de la tropa) a la espera de ser embarcado para sofocar las sublevaciones en las colonias de América encabezara un pronunciamiento para restablecer la Constitución de 1812. Entre las tropas se había ido extendiendo el malestar ante la perspectiva de una dilatada campaña, por el reclutamiento obligado y por las precarias condiciones de vida, agudizadas por una epidemia de fiebre amarilla.

Los conspiradores contactaron con el comandante de caballería Sarsfield, pero este los delató al conde de la Bisbal, jefe del cuerpo expedicionario, lo que condujo a que los militares implicados fueran detenidos el 15 de julio en El Palmar de El Puerto de Santa María. Otras versiones culpan al propio conde de la Bisbal, que debía haber encabezado el rompimiento revolucionario, de haber traicionado a los conjurados. La traición del conde de La Bisbal sería conocida como la sorpresa de El Palmar.

Las autoridades absolutistas solo consiguieron detener a una parte de los conjurados de El Palmar por lo que la trama siguió activa. Con uno de los militares comprometidos que no habían sido arrestados, el Tcol Rafael del Riego, contactaron Alcalá Galiano y Juan Álvarez de Mendizábal y la noche del 27 al 28 de diciembre los tres la pasaron preparando un alzamiento y redactando los primeros manifiestos.

El Tcol Rafael del Riego y Flores, luchó en la batalla de en Espinosa de los Monteros, Burgos (10 de noviembre de 1808), donde fue apresado y deportado a Francia, donde permaneció cuatro largos años.

En tierras francesas pasó por varios depósitos de prisioneros hasta llegar al de Chalons-sur-Saone. Durante su reclusión, conoció a fondo la ideología revolucionaria leyendo libros de historia, filosofía y derecho. A través de los militares presos de otros países, Riego entró en contacto con las logias masónicas y se convirtió al liberalismo más radical.

En enero de 1814, escapó del campo de prisioneros y, atravesando Suiza y Prusia, embarcó en Róterdam con destino a Plymounth. Allí fue agregado a un cuerpo de emigrados armado por el Gobierno inglés y enviado a España. Desembarcó en Coruña justo a tiempo para jurar la constitución de 1812 ante el general Lacy, capitán general de Galicia.

En la primavera de 1815. Riego se presentó voluntario al cuerpo expedicionario que estaba formando el general Castaños para combatir al Napoleón escapado de la isla Elba. Su definitiva derrota en Waterloo hizo innecesaria la movilización del Ejército español, empeñado desde entonces en acabar con los independentistas hispanoamericanos. Si España quería mantener su condición de potencia europea y restablecer su prestigio internacional, debía recuperar las colonias americanas.

Riego se incorporó al Ejército Expedicionario en febrero de 1817. Ya como Tcol, en noviembre de 1819 recaló en el BI-II del RI Asturias acuartelado en Cabezas de San Juan (Sevilla). El RI lo mandaba Evaristo San Miguel, amigo y paisano suyo, y como él, antiguo deportado por sus ideas liberales.

El plan que elaboraron, en el que se implicaron otros oficiales, consistía en la convergencia de tres fuerzas militares sobre la ciudad de Cádiz para tomarla y proclamar allí la Constitución. Al frente del BI-II del RI de Asturias desde Las Cabezas de San Juan y del RI de Sevilla desde Villamartín Riego avanzaría hacia Arcos de la Frontera donde se encontraba el capitán general, conde de Calderón, para detenerlo. La segunda fuerza acantonada en Alcalá de los Gazules y al mando del coronel Antonio Quiroga (donde estaba detenido desde los sucesos de El Palmar), más las que se encontraban en Medina Sidonia, marcharían hacia San Fernando para arrestar al capitán general Cisneros y continuar hacia Cádiz. La tercera fuerza, al mando de Miguel López de Baños, partiendo de Osuna quedaría a la expectativa cerca de Bornos, para converger finalmente sobre la capital gaditana.

Rafael del Riego cumplió con el plan previsto. Salió el 1 de enero de 1820 de Las Cabezas de San Juan en medio de un fuerte aguacero. Llegó a Arcos de la Frontera y allí detuvo al capitán general, conde de Calderón, e instaló su cuartel general. Pero Quiroga se retrasó porque no confiaba en sus hombres y hasta el día 3 de enero no se apoderó del Arsenal de La Carraca en San Fernando; y después no se decidió a avanzar de inmediato hacia Cádiz, tal como estaba previsto, lo que dio tiempo al gobernador de la ciudad Alonso Rodríguez Valdés a organizar su defensa.

Mientras tanto, Riego, siguiendo con el plan, llegaba al Puerto de Santa María el 5 de enero. Allí se le unieron los oficiales detenidos por los sucesos de El Palmar que habían escapado del castillo de San Sebastián (Cádiz): Demetrio O’Daly, Felipe Arco Agüero, los hermanos Santos y Evaristo San Miguel, Ramón de Sabra y Rafael Marín. Al mismo tiempo fracasaba el levantamiento constitucionalista en la ciudad de Cádiz encabezado por el coronel Nicolás de Santiago Rotalde previsto para las tres de la tarde del día siguiente 6 de enero. Como ha destacado Alberto Gil Novales, “Riego realmente no era más que un eslabón en la trama conspiratoria y ni siquiera el más importante: por su grado, el coronel Quiroga era superior. Pero Riego tuvo el valor de ser el primero y de obrar con éxito en el reducido ámbito de Las Cabezas; mientras otros cautamente esperaban a ver el resultado de los acontecimientos, antes de aparecer a plena luz como revolucionarios, o simplemente fracasaban en su cometido”.

Para sublevar a las tropas acantonadas en Las Cabezas de San Juan, Riego les lanzó en ese autoproclamado “el primer cantón constitucional del Ejército Nacional y Español Patriótico” la siguiente arenga a favor de la Constitución de 1812. De esta forma Riego se pronunció, de ahí el término “pronunciamiento” que nació entonces.

Por otro lado, Riego estaba convencido de que la guerra no era la solución para acabar con la sublevación de los territorios americanos, sino la Constitución de Cádiz. “Se trataba de una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la constitución, basta para apaciguar a nuestros hermanos de América”, les había dicho a sus hombres.

Por su parte, el coronel Quiroga hizo pública el 7 de enero en San Fernando una proclama a favor de la Constitución y en contra del absolutismo.

Mientras Quiroga continuaba resistiendo en La Carraca, a sus soldados les había dicho que el objetivo de la acción era “acabar con un Gobierno arbitrario, tiránico, que a su antojo dispone de las propiedades, de las vidas y de la libertad de los infelices españoles”. El 27 de enero Riego encabezó una expedición por Andalucía con una fuerza formada por unos 1.500 a 1.600 hombres. Marchó hacia Chiclana de la Frontera, Conil, Vejer, Tarifa, Algeciras y Alcalá de los Gazules, perseguido por tropas realistas mandadas por Enrique José O’Donnell. Este les alcanzó en Marbella donde hubo un enfrentamiento que causó importantes bajas entre las tropas de Riego.

A pesar de todo, continuó hacia Málaga, cuyas autoridades habían abandonado la ciudad y las calles se encontraban desiertas, y después a Córdoba. Camino de esta última ciudad a donde llegará el día 7 de marzo, se produjo el 4 de marzo un nuevo enfrentamiento en Morón de la Frontera con las fuerzas de O’Donell. Según contó tres años después el propio O’Donnell en un relato publicado por el periódico ultrarrealista «El Restaurador«, “esta acción le hizo perder a Riego más de 500 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y los muchos desertores de todas clases que tuvo en su fatal retirada”. El 8 de marzo, continúa relatando O’Donnell, “las reliquias de la división enemiga, que se habían metido en Sierra Morena, se reducían ya a unos 270 hombres en total, comprendidos muchos heridos y espeados que llevaban en caballerías para poder huir más aprisa, y reducidos a un estado de nulidad absoluta”.

Riego se dirigió entonces a Extremadura por Fuente Ovejuna y en Bienvenida, ya solo le seguían unos 150 soldados y oficiales. Decidió disolver la unidad con el propósito de pasar a Portugal al considerar que la causa estaba perdida. Era el 11 de marzo. Lo que Riego y sus hombres no sabían es que dos días antes el rey Fernando VII había jurado la Constitución en el salón del trono del Palacio Real, y que, por tanto, su pronunciamiento, en realidad, había triunfado. Lo que había sucedido es que Fernando VII había aceptado restablecer la Constitución después de que el gobierno absolutista hubiera sido incapaz de sofocar las sublevaciones de varias guarniciones de la periferia que habían seguido el ejemplo de Riego. “Riego no había derrotado el régimen, había demostrado su incapacidad y había dado tiempo a que cuajara una nueva secuencia de pronunciamientos”.

Durante la difícil y larga marcha de casi dos meses por Andalucía, recorriendo los caminos embarrados de una Andalucía que estaba sufriendo un invierno de nieves y frío, y que en absoluto fue un paseo militar; Riego y sus hombres fueron proclamando la Constitución de 1812, deponiendo a las autoridades absolutistas e imponiendo inevitablemente contribuciones (su situación económica era desesperada) en las localidades que atravesaban. En algunos lugares se celebraron fiestas en honor de la Constitución (en Algeciras, Riego ordenó que esa tarde se corrieran dos toros en el sitio acostumbrado). Para mantener alta la moral, uno de los oficiales, el futuro general Evaristo Fernández de San Miguel, compuso a petición de Riego un himno patriótico que pronto sería conocido como el Himno de Riego (que 111 años después volvería a ser popular en España durante la Segunda República).

Estuvieron deambulando por Andalucía durante casi dos meses y cuando el 11 de marzo, se dirigieron a Portugal dando la causa por perdida (la columna de Riego había quedado reducida a unos cincuenta hombres). De camino recibieron la noticia de que el rey Fernando VII dos días antes había aceptado restablecer la Constitución después de que el gobierno absolutista hubiera sido incapaz de sofocar las sublevaciones de varias guarniciones de la periferia que habían seguido el ejemplo de Riego.

Fernando VII jura la Constitución

Cuando recibieron la noticia de la sublevación en favor de la Constitución de una parte de las tropas que iban a embarcar hacia América, las autoridades absolutistas, tras un primer momento de desconcierto, confiaban en sofocar rápidamente la rebelión; sobre todo después de saber que la ciudad de Cádiz no se había sumado a ella. Aunque no se consiguió acabar con la rebelión en la corte, continuó el optimismo; pero la situación cambió cuando llegó la noticia de que el 21 de febrero la guarnición de La Coruña se había sublevado y jurado la Constitución y que días después le habían seguido Ferrol, Vigo y Murcia. El pronunciamiento de La Coruña había sido obra de civiles y de militares al mando del coronel Félix Álvarez Acevedo y allí tras proclamar la Constitución habían formado una Junta presidida por el ex-regente Pedro Agar.

Dos días después, el 23 de febrero, el pronunciamiento se había extendido a Ferrol y Vigo y después a Pontevedra, Lugo y el resto de Galicia. Cuando las tropas liberales entraron en Santiago de Compostela el 25 la cárcel de la Inquisición fue asaltada y todos los prisioneros liberados, un hecho que se repetirá en muchas localidades conforme vaya triunfando la revolución. El 29 era Oviedo donde también se formaba una Junta Revolucionaria que asumía el poder sobre toda Asturias.

La respuesta de Fernando VII fue convocar una junta presidida por el infante don Carlos cuyas propuestas fueron recogidas en un real decreto promulgado el 3 de marzo. En él el rey se mostraba dispuesto a atajar los «males» de la monarquía, de los que, sin embargo, no se hacía responsable («unos no han estado en la previsión del Gobierno precaverlos y otros son nacidos de circunstancias pasadas»). En el real decreto se anunciaba la remodelación del Consejo de Estado para convertirlo en un organismo auxiliar de las Secretarías del Despacho y ordenaba además que las diversas corporaciones, e incluso individuos, presentaran por escrito al Consejo de Estado, “libre y reservadamente”, “todo lo que de útil juzguen al bien de mis pueblos en ambos hemisferios y al lustre y mayor brillo de mi corona”.

Pero el real decreto llegó tarde porque al día siguiente, el 4 de marzo, el conde de la Bisbal, recién nombrado jefe del ejército destinado sofocar la rebelión de Riego, se pronunció en Ocaña (Toledo) a favor de la Constitución. El día 5 tenía lugar en Zaragoza un acto similar, nombrándose una Junta Superior Gubernativa presidida por el marqués de Lazán. Los sublevados demandaban al rey que se uniera “a la voluntad general de sus pueblos, convocando las Cortes Generales del reino para el acierto de las deliberaciones que salven nuestra patria”. En los días siguientes se sumaron Tarragona, Segovia, Barcelona y Pamplona.

El desconcierto y pesimismo que causaron en la corte estas noticias fue considerable. El 6 de marzo el rey convocaba las Cortes estamentales, “con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que tengo juradas”, mientras en Madrid comenzaban las protestas. Pero al día siguiente, 7 de marzo, ante la agitación que recorría las calles de Madrid en favor de la Constitución y que había llegado a las puertas del Palacio, y en contra del consejo que le había dado su hermano don Carlos: “Si V.M. por las dificultades se ve obligado a admitir o las Cortes de Cádiz o su constitución, el trono de V.M. vacilará y con él, el Altar”. Con el que en realidad estaba de acuerdo, Fernando VII rectificaba y de nuevo mediante un real decreto mostraba su disposición a jurar la Constitución: “siendo la voluntad del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el año 1812”. Contó Ramón Mesonero Romanos que aquel día “lanzáronse a la calle, con un alborozo, una satisfacción indescriptible, todas las personas que representaban la parte más culta y acomodada de la población”.