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Antecedentes
El último rey de España de la casa de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, debido a su enfermedad, no pudo dejar descendencia. A pesar de su muy mala salud, mediante su valido (primer ministro), el duque de Medinaceli, quería emprender las reformas que tanto necesitaba la decadente España de la época. Las reformas políticas y económicas que pretendía llevar a cabo Carlos II no pudieron concretarse por la férrea oposición que encontró en los nobles y la Iglesia.
Durante los años previos a su muerte, desde noviembre de 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas.
Tanto el rey Luis XIV, de la Casa de Borbón, como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, de la Casa de Habsburgo, alegaban derechos a la sucesión española. Ambos estaban casados con infantas españolas hijas del rey Felipe IV, padre de Carlos II, y, además, las madres de ambos eran hijas del rey Felipe III, abuelo de Carlos II. Tanto la madre como la esposa de Luis XIV, Ana de Austria y María Teresa de Austria, respectivamente, habían nacido antes que sus respectivas hermanas, María de Austria y Margarita de Austria, madre y esposa del emperador Leopoldo I.
El rey Luis XIV había estado casado con María Teresa de Austria, hermana mayor de Carlos II, y el Gran Delfín de Francia, único hijo primogénito de ambos que seguía con vida, parecía ser el descendiente del “Rey Católico” con más derechos a la corona española. Sin embargo, en su contra jugaba el hecho de que tanto Ana de Austria como María Teresa de Austria habían renunciado a sus derechos sucesorios a la Corona de España, por ellas y por sus descendientes, con la firma del Tratado de los Pirineos. Además, como el Gran Delfín era heredero también al trono francés, la reunión de ambas coronas hubiese significado, en la práctica; la unión de España, con su vasto Imperio y Francia bajo una misma dirección, en un momento en el que Francia era lo suficientemente fuerte como para poder imponerse como potencia hegemónica.
Por su parte el emperador Leopoldo I había estado casado con Margarita de Austria, hermana de Carlos II, y la hija de ambos, María Antonia de Austria, era depositaria de los derechos de sucesión de la Monarquía Hispánica ante la posible muerte de Carlos II, pero esta falleció en 1692, antes de la muerte de Carlos II. Así, los hijos del emperador Leopoldo I, que eran primos hermanos de Carlos II, y que seguían vivos, pedían su derecho sucesorio, aunque estos tenían un parentesco menor que el Gran Delfín, ya que su madre no era española, sino la alemana Leonor de Neoburgo. Así que, como ha señalado Joaquim Albareda, en términos legales la cuestión sucesoria era enrevesada, porque ambas familias, los Borbones y los Austrias, podían reclamar derechos a la corona española.
Había lazos familiares de José Fernando de Baviera, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos con la Casa de Austria en España.
Por otro lado, las otras dos grandes potencias europeas, Inglaterra y los Países Bajos, veían con preocupación la posibilidad de la unión de las coronas francesa y española a causa del peligro que para sus intereses supondría la emergencia de una potencia de tal orden. También ofrecían problemas los hijos de Leopoldo I, puesto que la elección de alguno de los dos como heredero supondría la resurrección de un imperio semejante al de Carlos I de España del siglo XVI, antes de la división de su herencia entre su hijo Felipe II de España y su hermano Fernando I de Habsburgo.
Un temor compartido por Luis XIV que no quería que volviese a repetirse la situación de los tiempos de Carlos I de España, en la que el eje España-Austria aisló fatalmente a Francia. Aunque tanto Luis XIV como Leopoldo I estaban dispuestos a transferir sus pretensiones al trono a miembros más jóvenes de su familia, Luis al hijo más joven del Delfín, Felipe de Anjou, y Leopoldo a su hijo menor, el archiduque Carlos. Tanto Inglaterra como los Países Bajos apoyaron una tercera opción, que también era bien vista por la corte española, la de la elección del hijo del elector de Baviera, José Fernando de Baviera; único hijo de María Antonia de Austria, nieto de Leopoldo I, bisnieto de Felipe IV y sobrino nieto del rey Carlos II. El candidato bávaro parecía la opción menos amenazante para las potencias europeas, así que el rey Carlos II nombró a José Fernando de Baviera como su sucesor y heredero de todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía Hispánica.
Para evitar la formación de un bloque hispano-alemán que ahogara a Francia, Luis XIV auspició el Primer Tratado de Partición, firmado en La Haya en 1698, a espaldas de España. Según este tratado, a José Fernando de Baviera se le adjudicaban los reinos peninsulares (exceptuando Guipúzcoa), Cerdeña, los Países Bajos españoles y las Indias, quedando el Milanesado para el archiduque Carlos; Nápoles, Sicilia, los presidios de Toscana y Finale y Guipúzcoa para el delfín de Francia, como compensación por su renuncia a la corona hispánica.
El testamento de Carlos II
España se ofendió al enterarse de la existencia del Primer Tratado de Partición de la Haya, ya que su opinión no había sido consultada, y, por tanto, lo rechazó totalmente. El rey Carlos II trató evitar que las potencias europeas dividieran el imperio territorial español.
En la última década del siglo XVII se extendió en la corte de Madrid una opinión favorable a que se convocaran las Cortes de Castilla para que resolvieran la cuestión sucesoria si el rey Carlos II como era previsible moría sin descendencia. Esta opción era apoyada por la reina Mariana de Neoburgo, el embajador del Imperio, Aloisio de Harrac, por algunos miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Castilla que ya en 1694 defendieron “la reunión de Cortes como único remedio de salvar la Monarquía”. Sin embargo, frente a esta opción constitucionalista se impuso la posición absolutista que defendía que era el Rey quien en su testamento debía resolver la cuestión.
Cuando en 1696 Carlos II testó a favor de José Fernando de Baviera y, sobre todo, cuando en 1698 se conoció en Madrid la firma del Primer Tratado de Partición; que dejaba al archiduque Carlos únicamente con el Milanesado, se formó en la corte un partido pro-alemán (o pro-austriaco) para presionar al Rey para que cambiara su testamento en favor del segundo hijo del emperador. Ese partido pro-alemán estaba encabezado por Juan Tomás Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla y por el conde de Oropesa, presidente del Consejo de Castilla y primer ministro de facto, y el conde de Aguilar, y contaba con el apoyo de la Reina y del embajador del Imperio. Frente a él se alzaba el partido pro-bávaro, encabezado por el cardenal Luis Fernández Portocarrero, y el embajador de Luis XIV, el marqués de Harcourt, que seguía presionando para defender los derechos de Felipe de Anjou.
La cuestión sucesoria se convirtió en una grave crisis política a partir de febrero de 1699, cuando se produjo la muerte prematura por viruela del candidato escogido por Carlos II, José Fernando de Baviera, de seis años de edad. Lo que llevó al Segundo Tratado de Partición, también a espaldas de España.
Bajo tal acuerdo el archiduque Carlos era reconocido como heredero, pero dejando todos los territorios italianos de España, además de Guipúzcoa, a Francia. Si bien Francia, los Países Bajos e Inglaterra estaban satisfechas con el acuerdo, Austria no lo estaba y reclamaba la totalidad de la herencia española.
El tratado tampoco fue aceptado por la corte española, encabezada por el cardenal Portocarrero, porque además de imponer un heredero suponía la desmembración de los territorios de la Monarquía. El partido pro-bávaro del cardenal Portocarrero, al haberse quedado sin candidato, se acabó inclinando por Felipe de Anjou. Nació así el partido pro-francés, que acabaría ganándole la partida al partido pro-alemán, gracias entre otras razones a la eficaz gestión del embajador Harcourt (que no excluyó el soborno entre los grandes de España); frente al ineficaz embajador austriaco Aloisio de Harrach, cuyas relaciones con la Reina, por si fuera poco, nunca fueron buenas. Mientras Carlos II era sometido a exorcismos para librarse de supuestos hechizos, el marqués de Villafranca, uno de los miembros más destacados del grupo de Portocarrero, trabajaba a favor del candidato francés.
Así pues, en 1700, Carlos II, enterado de este nuevo acuerdo y viendo cercana su muerte por su mala salud, decidió una vez más adelantarse a sus adversarios y evitar la partición de los territorios españoles, nombrando como sucesor en su testamento a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV e hijo de Luis, el Delfín, príncipe heredero de Francia.
Carlos II, había sido persuadido también, por la presión de Harcourt, de que la opción pro-francesa, era la mejor para asegurar la integridad de la monarquía católica y del Imperio, a pesar de las cuatro guerras que se habían mantenido contra Luis XIV a lo largo de su reinado: guerra de Devolución (1667-68); guerra Franco-Holandesa (1673-78;) guerra de las Reuniones (1683-85); y guerra de los Nueve Años (1688-97), testó el 2 de octubre de 1700, un mes antes de su muerte, a favor de Felipe de Anjou, hijo segundo del Delfín de Francia y nieto de Luis XIV.
En el testamento Carlos II establecía dos normas de gran importancia y que el futuro Felipe V no cumpliría. La primera era el encargo expreso a sus sucesores de que “mantuvieran los mismos tribunales y formas de gobierno de su Monarquía y de que muy especialmente guarden las leyes y fueros de mis reinos, en que todo su gobierno se administre por naturales de ellos, sin dispensar en esto por ninguna causa; pues además del derecho que para esto tienen los mismos reinos, se han hallado sumos inconvenientes en lo contrario”.
Todo eso manifestaba la voluntad de Carlos II de asegurar la conservación de la vieja planta política de la monarquía frente a previsibles mutaciones que pudieran acontecer, de la mano de Felipe V. La segunda norma era que Felipe debía renunciar a la sucesión de Francia, para que “se mantenga siempre desunida esta monarquía de la corona de Francia”. La elección de Felipe de Anjou se debió a que el gobierno español tenía como prioridad principal la conservación de la unidad de los territorios del Imperio español, y Luis XIV de Francia era en ese momento, el monarca con mayor poder de Europa y, por ello, prácticamente el único capaz de poder llevar a cabo dicha tarea.
El 1 de noviembre de 1700 se produjo la muerte de Carlos II, tres días antes había nombrado una Junta de Gobierno al frente de la cual había situado al cardenal Portocarrero. El 9 de noviembre se confirmaba en Versalles que Carlos II había nombrado como su sucesor al segundo hijo del delfín de Francia, Felipe de Anjou. Lo que abrió un debate entre los consejeros de Luis XIV, ya que la aceptación del testamento supondría la ruptura del Segundo Tratado de Partición suscrito en marzo con el reino de Inglaterra y con las Provincias Unidas. Luis XIV finalmente respaldó el testamento.
El 16 de noviembre, el rey de Francia, ante una asamblea compuesta por la familia real, altos funcionarios del reino y los embajadores extranjeros, presentó al duque de Anjou como rey de España.
Situación de las potencias Europeas
Guillermo III
Guillermo III mantenía a las Provincias Unidas, Inglaterra, Escocia e Irlanda en una unión personal, pero no se puede decir que formó un estado. Era la mayor potencia naval, que se basaba en la estrecha cooperación entre Heinsius y Marlborough que ya había comenzado antes de la muerte de Guillermo. En su correspondencia podemos verlos dirigiendo conjuntamente la política exterior y coordinando el esfuerzo de guerra de las dos naciones. John Churchill, luego hizo que el duque de Marlborough también se convirtiera en el líder militar de los ejércitos conjuntos.
El Parlamento no estaba dispuesto a ir a la guerra. Esto probablemente tuvo mucho que ver con los problemas financieros que se habían originado de la guerra anterior. Por lo tanto, el Parlamento estaba dispuesto a tranquilizarse con las garantías de Luis XIV de no unir los dos imperios, y los enviados de Luis informaron que Inglaterra reconocería a Felipe V. El Parlamento se disolvió el 19 de diciembre de 1700.
Guillermo tenía mucha más influencia en las Provincias Unidas que en Inglaterra. Sus diplomáticos estaban presionando para que se ejecutara el tratado de partición que habían ratificado. Su ejército y flota estaban bastante listos para la guerra, pero demostraron no ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que Luis aceptara la voluntad de Carlos II. Tras la proclamación de Felipe consideraron seriamente la guerra, pero temían una repetición de 1672.
Leopoldo I
El imperio de los Habsburgo se había convertido recientemente en una gran potencia con la toma de Buda en 1686 y el tratado de paz de 1699 con los turcos. En términos de masa de tierra y población, Austria también era una gran potencia. Sin embargo, ser capaz de emprender una política exterior independiente es el estándar contra el cual se mide el estado de gran potencia. Austria carecía severamente de esta habilidad, principalmente debido a su falta de dinero.
Sin embargo, el elector de Brandeburgo había ganado la plena soberanía sobre Prusia definitivamente, en 1700, era el estado más fuerte del norte de Alemania tenía un buen ejército que todos querían tener de su lado. El elector Federico pensaba en cómo sacar el mayor provecho de la guerra inminente.
Las potencias del norte
Dinamarca se había aliado con Polonia (y Sajonia) y Rusia en 1699 para arrebatar territorios de Suecia que en ese momento tenían muchas posesiones al otro lado del Báltico. El 12 de marzo de 1700, Dinamarca invadió Holstein, pero con los barcos enviados por Guillermo III, los suecos pudieron reaccionar rápidamente. El 4 de agosto de 1700, el rey sueco Carlos XII desembarcó en Seeland, cerca de Copenhague. Federico IV presentó una demanda por la paz y la obtuvo mediante el tratado de Travendahl el 18 de agosto de 1700. Con ella, abandonó la alianza anti-sueca e indemnizó al duque de Holstein-Gottorp. Era posible llevar a Dinamarca a la alianza anti-francesa y muchas tropas danesas pelearían en Flandes, Alemania y Hungría.
Luis XIV
Aunque Francia ratificó el Tratado de Partición de 1699 en marzo de 1700, Luis apostó por otro caballo al mismo tiempo. Envió a Harcourt a Madrid con mucho oro para sobornar a los grandes nobles y al clero para promover a Felipe de Anjou. La ayuda del Papa ciertamente ayudó a este respecto.
Cuando llegaron las noticias del testamento y la muerte de Carlos II a Luis XIV, se celebró una reunión en los apartamentos de madame de Maintenon para decidir qué hacer. La decisión seguramente era difícil, los historiadores a menudo la describen como una elección entre dos opciones:
- Adherirse al Tratado de Partición: con él Luis podría reclamar Nápoles, Sicilia y Milán (lo que llevaría a la dominación de Italia) y los poderes marinos probablemente no le impedirían tener estos.
- Adherirse al testamento: convertir a Felipe en rey de toda la monarquía probablemente conduciría a la guerra, tarde o temprano, ya que estaba en peligro la seguridad de los intereses vitales.
Luis XIV decidió seguir el testamento y no ofrecer nada a sus oponentes, salvo algunas vagas garantías de no unir las dos coronas. En los últimos meses de 1700, cuando, especialmente el parlamento inglés, parecía no estar dispuesto a luchar, Luis parecía haber jugado bien.
Coronación de Felipe V como rey de España
Los temores de la unión de España y Francia se confirmaron al mes siguiente, cuando Luis XIV hizo una declaración formal de conservar el derecho de sucesión de Felipe V al trono de Francia, legalizada en virtud de cartas otorgadas por el Parlamento de París del 1 de febrero de 1701. Lo que abría “la puerta a una eventual unión de España y Francia, se violaba el testamento de Carlos II y se amenazaba el equilibrio europeo”. Al mismo tiempo Luis XIV ordenó que tropas francesas ocuparan en nombre de Felipe V las plazas fuertes de la Barrière de los Países Bajos españoles, debido “al poco entusiasmo de los Estados Generales de los Países Bajos españoles por jurar al duque de Anjou como rey de España”. Lo que, por otro lado, provocó “un verdadero pánico en la Bolsa de Londres”, ya que podía ser el inicio de una guerra, dado que la ocupación de esas plazas fuertes violaba el tratado de Rijswijk de 1697. Además, los enviados de Luis XIV empezaron a hacer cambios institucionales en los Países Bajos del Sur y a incrementar los impuestos.
Felipe de Anjou entró en España por Vera de Bidasoa (Navarra), llegando a Madrid el 17 de febrero de 1701. El pueblo madrileño, hastiado del largo y agónico reinado de Carlos II, lo recibió con una alegría delirante y con esperanzas de renovación. Pronto el nuevo rey Felipe V de España, sería conocido, no sin cierta ironía, con el sobrenombre del “Animoso”.
Fue ungido como Rey en Toledo por el cardenal Portocarrero y proclamado como tal por las Cortes de Castilla reunidas el 8 de mayo de 1701 en el Real Monasterio de San Jerónimo. El 17 de septiembre Felipe V juró los fueros del reino de Aragón y luego se dirigió a Barcelona donde había convocado las Cortes Catalanas. Allí el 4 de octubre de 1701 juró las Constituciones Catalanas y mientras las Cortes estuvieron reunidas tuvo que permanecer en la capital del Principado.
Finalmente a principios de 1702 pudo clausurar las Cortes después de verse obligado a hacer importantes concesiones, como la creación del Tribunal de Contrafacciones, reforzándose así la concepción pactista de las relaciones entre el soberano y sus vasallos. Como recordó un memorial presentado por las instituciones catalanas: “en Cataluña quien hace las leyes es el Rey con la corte” y “en las Cortes se disponen justísimas leyes con las cuales se asegura la justicia de los reyes y la obediencia de los vasallos”. Las Cortes del reino de Aragón, presididas por la Reina, ya que Felipe embarcó el 8 de abril desde Barcelona hacia el reino de Nápoles; no llegaron a clausurarse a causa de la marcha de la Reina a Madrid, quedando pendientes de resolverse las peticiones de los cuatro brazos que la componían. Las Cortes del reino de Valencia nunca llegaron a convocarse.
Por otro lado, tras su llegada a Madrid, Felipe V, siguiendo las indicaciones del embajador francés, el marqués de Harcourt, formó un “Consejo de Despacho”. Era el máximo órgano de gobierno de la Monarquía por encima de los consejos establecidos por los Austrias, estaba integrado por el propio Rey y el cardenal Portocarrero, presidente de la Junta de Gobierno nombrada por Carlos II; Manuel Arias, presidente del Consejo de Castilla; y Antonio de Ubilla, nombrado secretario del Despacho Universal, y al que pronto se unió el embajador francés, por imposición de Luis XIV, ya que en seguida quedó claro, según la historiadora francesa Janine Fayard, que “Luis XIV iba a actuar como el verdadero dueño de España”.
Así en junio de 1701 envió a la corte de Madrid a Jean Orry para que se ocupara de sanear y aumentar los recursos de la Hacienda de la Monarquía. También negoció sin consultarle el casamiento de Felipe con la princesa saboyana María Luisa Gabriela de Saboya. La boda real se celebró en Barcelona a donde había acudido Felipe V a jurar como conde de Barcelona ante las Cortes Catalanas. La reina dominó por completo al Rey a pesar de tener apenas 14 años, contando con el apoyo de la princesa de los Ursinos de 60 años nombrada camarera mayor de palacio por indicación de Luis XIV. Que Luis XIV tomó las riendas del gobierno en la Monarquía de España también lo prueban las 400 cartas que le envió a su nieto entre 1701 y 1715, en las que fue pródigo en consejos políticos, incluso órdenes y el destacado papel que desempeñó en la corte de Madrid su embajador. “Era, pues, el rey francés… quien controlaba los auténticos resortes del poder. De este modo, los respectivos embajadores, Harcourt, Marcin, los dos Estrées, tío y sobrino, y Gramont, no actuaron como representantes legales de Francia en el sentido estricto sino como auténticos ministros”.
El interés de Luis XIV por la monarquía española radicaba fundamentalmente en su Imperio de las Indias Occidentales, como reconoció más adelante en una carta enviada a su embajador en Madrid una vez iniciada la guerra: “el principal objeto de la guerra presente es el comercio de Indias y de las riquezas que producen”. Esto es lo que explica que en seguida el Consejo de Despacho tomara una serie de medidas para favorecer el comercio francés con América. Así, en pocos meses más de una treintena de barcos realizaban continuos viajes entre los puertos franceses y los de Nueva España y Perú. Más adelante los puertos de la América española fueron “pacíficamente invadidos” por cientos de navíos franceses haciendo saltar las férreas disposiciones que habían estado en vigor durante dos siglos, y que concedían el monopolio del comercio con América a la Casa de Contratación de Sevilla.
La medida de mayor trascendencia fue la concesión del asiento de negros; el monopolio de la trata de esclavos con América, se concedió a la Compagnie de Guinée, el 27 de agosto de 1701, compañía de la que Luis XIV y Felipe V poseían el 50 % del capital; que también recibió el privilegio de extraer oro, plata y otras mercancías, libres de impuestos, de los puertos donde había vendido esclavos. Algunos historiadores consideran esta decisión como el detonante de la guerra de Sucesión Española y así lo vieron algunos contemporáneos, especialmente ingleses y holandeses.